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El Gobierno de Canarias ha aprobado el acuerdo negociado con el Ministerio de Fomento que prevé repartir en ocho años el pago de la deuda el Tribunal Supremo ha reconocido a favor de las islas por el recorte de inversiones en carreteras, cifrada en 945,5 millones de euros.

La ejecución de este acuerdo extrajudicial permitirá continuar obras como la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria; Bajamar-Tajuya en La Palma; Ofra-El Chorrillo en Tenerife; y Costa Calma-Pecenescal y La Caldereta-Corralejo en Fuerteventura.

Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Narvay Quintero, el Estado se compromete a abonar a las islas esos fondos, procedentes de los recortes unilaterales que sufrió el convenio de inversiones en carreteras de Canarias entre los años 2012 y 2017.

El acuerdo establece que durante las anualidades de 2018 a 2025 el Ministerio de Fomento abonará a Canarias anualmente la cantidad de 118,1 millones de euros.

Aparte de estos fondos, el Estado abonará 100 millones de euros de la prórroga del actual convenio, y firmará otro convenio nuevo, previsiblemente antes de final de año, ha indicado el portavoz del Ejecutivo.

El Gobierno canario interpuso varios recursos de casación frente al incumplimiento del Ministerio de Fomento de los compromisos adquiridos en virtud de la adenda suscrita el 17 de noviembre de 2009 al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia de carreteras.

Este convenio fue suscrito el día 31 de enero de 2006 y modificado mediante adendas celebradas los días 17 de noviembre de 2009 y 29 de diciembre de 2017, respectivamente, y la suscripción de la tercera adenda al mencionado convenio de colaboración.

Con el acuerdo aprobado, el Ejecutivo canario autoriza la ejecución del acuerdo extrajudicial derivado del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo dictadas los días 22 de diciembre de 2017, 19 de febrero, 15 de marzo y 26 de junio de 2018.

Estos fallos estiman los recursos contenciosos administrativos interpuestos por el Gobierno de Canarias frente al incumpliendo del Ministerio de Fomento que declaran la obligación de la Administración General del Estado de transferir a la comunidad autónoma las cantidades comprometidas en el Convenio de Carreteras entre 2012 y 2017, incrementadas con los intereses legales correspondientes desde la fecha en la que la transferencia tuvo que ser efectiva.

Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo reconocen el derecho de Canarias a percibir las cantidades acordadas en el convenio de colaboración y, en consecuencia, el Estado debe abonar la cantidad de 864.700.000 euros, más los intereses legales fijados en la cantidad de 80.849.761 euros, lo que hace un total de 945.549.761 euros.

Esta cantidad que se hará efectiva en ocho anualidades (2018-2025) y asimismo, y dado que el Gobierno de Canarias no ha podido ejecutar obra en el periodo de vigencia del convenio por la totalidad del importe adeudado, al no tener suficiente disponibilidad presupuestaria, procede prorrogar la vigencia del convenio a 31 de diciembre de 2021, a efectos de poder finalizar las obras contenidas en el convenio e imputar su gasto a éste.

El acuerdo también establece que durante las anualidades 2018 a 2025 el Ministerio de Fomento abonará a la comunidad autónoma de Canarias anualmente la cantidad de 118.196.720 euros.

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