El Gobierno impulsa la nueva Ley del Patrimonio Documental y del Sistema de Archivos de Canarias

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Publicado; 09 Julio 2018 A las; 16:12

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El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el inicio de la tramitación de la nueva Ley de Patrimonio Documental y del Sistema de Archivos de Canarias que sustituirá a la actual norma, aprobada en 1990, lo que hace imprescindible una revisión y adaptación a la nueva realidad.

En concreto, el Consejo aprobó el informe sobre la oportunidad, objetivos y principios generales del Anteproyecto de Ley de Patrimonio Documental y del Sistema de Archivos de Canarias, se manifestó a favor de la oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran, y acordó que se continúe la tramitación del mencionado Anteproyecto de Ley.

El incremento de la producción documental, así como la heterogeneidad de los documentos producidos por las instituciones, las administraciones públicas canarias y los particulares; la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación; la aparición de nuevos modelos de gestión, con sistemas mixtos digitales y en papel; y el reconocimiento, a través de leyes como la de Transparencia, de una serie de derechos ciudadanos que inciden en la gestión del Patrimonio Documental y los archivos han configurado un nuevo escenario que demanda una nueva regulación acorde a los tiempos.

La nueva norma tiene como principales objetivos el establecer un marco normativo actualizado que asegure la custodia, conservación, gestión, acceso, disfrute y difusión; unificar los procesos de gestión documental; y actualizar el Régimen jurídico del patrimonio documental de Canarias.

Para ello, define un marco de responsabilidad compartida entre las administraciones públicas canarias, coordina la acción las distintas administraciones respetando sus competencias, además de implicar a las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, titulares de documentos integrantes del Patrimonio Documenta y de los archivos que la custodian.

Además, instaura el Sistema Canario de Archivos, con la participación de todas las administraciones, clarifica los derechos y deberes de los titulares del patrimonio documental, y de los archivos que lo custodian, y refuerza la labor de coordinación y de alta inspección de la comunidad autónoma en colaboración con las demás administraciones.