El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó la nueva ordenanza que renueva la concesión de ayudas a la vivienda habitual, conocida popularmente como el IBI social, para las familias más vulnerables económica y socialmente del municipio. El objetivo es que más hogares necesitados puedan acogerse a esta medida, que se extiende también a los perceptores de la PCI y de la que ahora podrán beneficiarse viviendas cuyo valor catastral llegue hasta los 60.000 euros, cuando en la primera convocatoria se estableció un máximo de 30.000 euros.

 La nueva Ordenanza, que comienza hoy su andadura final, tras ser aprobada por el Pleno municipal, está dirigida a propietarios de una única vivienda que sea su residencia habitual que acrediten bajos ingresos o ser beneficiarios de alguna de las ayudas sociales que entrega el Ayuntamiento o de la Prestación Canaria de Inserción.

 “Tratamos de garantizar que las personas que estén en una situación económica apurada puedan estar tranquilas con respecto al pago del IBI. Hemos mejorado una medida que benefició a muchas familias con una nueva ordenanza que será más efectiva desde el punto de vista social”, indicó el concejal de Cohesión Social Jacinto Ortega.

 La nueva norma será expuesta al público durante el plazo legal, pudiendo los interesados presentar alegaciones, en cuyo caso deberán ser contestadas en un nuevo Pleno, en el que se aprobará el texto definitivo. De no presentarse alegaciones, la norma se entenderá definitivamente aprobada en el Pleno de hoy.

 La ordenanza introduce importantes novedades en relación con las Bases que rigieron la convocatoria del pasado año 2016, y se han tenido en cuenta las aportaciones vecinales y de distintos colectivos sociales, así como de los grupos municipales en la oposición que quisieron participar en el proceso.

 Las medidas más importantes son la ampliación de las ayudas a aquellas viviendas cuyo valor catastral no supere los 60.000 euros, frente a los 30.000 del pasado año. También se gradúan las ayudas en función del número de miembros de las unidades familiares y sus ingresos.

 Se otorga un régimen especial a los perceptores de la Prestación Canaria de Inserción, de las conocidas como Ayudas de Especial Necesidad y de Emergencia, de Ayuda a Domicilio y a los arrendatarios de Viviendas de Protección Oficial obligados a pagar el IBI. La nueva ordenanza también incluye a los usufructurarios y superificiarios de sus viviendas, y no sólo a los propietarios.

 Por otro lado, se ha diseñado la subvención como ayuda de carácter social, de manera que pueda ser declarada como exenta, a efectos de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no teniendo por tanto que ser declarada como ingreso en el IRPF.