El PP acusa a Morales de “pisotear los derechos de la oposición”

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Publicado; 30 Julio 2018 A las; 11:56

El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha acusado hoy al presidente Antonio Morales de “pisotear de forma consciente y sistemática” los derechos de los grupos de la oposición con el propósito de obstaculizar su función de control y fiscalización a la acción del gobierno insular.

Tanto es así que el gobierno de NC, PSOE y los tránsfugas se ha visto obligado a anular y celebrar de nuevo hoy la sesión del consejo rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del pasado 20 de julio, que fue convocada sin respetar el plazo mínimo de 24 horas que establece la ley.

“Es una burla que una sesión en la que se iban a abordar asuntos tan trascendentales para Gran Canaria como el convenio de Dependencia 2018, que aún no se ha firmado, la Cuenta general del IAS o el plan de subvenciones se convoque sin la suficiente antelación y sin aportar toda la documentación”, denuncia el portavoz popular Carlos Ester.

Por ello, el Grupo Popular ha advertido con acudir a los tribunales “si Morales persiste en su empeño de silenciar y amordazar a la oposición con el fin de tapar la nefasta gestión del gobierno insular, que está socavando gravemente la calidad democrática de la Institución”.

Carlos Ester recuerda que, hace apenas dos semanas, Morales vetó la visita de los consejeros del PP al parque de bomberos de Arinaga para conocer de primera mano las reivindicaciones y las condiciones laborales del colectivo.

El portavoz popular cita también como ejemplo el retraso en las convocatorias de los órganos de control de las entidades dependientes del Cabildo, entre ellas la junta rectora del Instituto Insular de Deportes (IID), que debería celebrarse cada dos meses y, sin embargo, no se están cumpliendo los plazos legalmente establecidos.

“A Morales no le gusta rendir cuentas sobre su gestión, piensa que el Cabildo es su cortijo particular, pero nuestra paciencia tiene un límite y no vamos a permitir que, como representantes legítimos de los ciudadanos, nos vete la entrada en instalaciones públicas, nos oculte información a la que tenemos derecho o nos expulse de las mesas de Contratación con el único fin de entorpecer nuestra labor”, concluye Carlos Ester.