La compra del edificio de Plasencia pone en alerta a Santa Cruz

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Publicado; 09 Enero 2019 A las; 19:46

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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado instrucciones a sus Servicios Jurídicos para que informen al Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz, que instruye el denominado caso Las Teresitas, sobre la venta millonaria de un edificio por parte de uno de los condenados en esta causa: el empresario Antonio Plasencia.

El consistorio pretende así que el órgano judicial "tenga en cuenta" la existencia de esa cantidad de dinero para, en caso de que la sentencia judicial, que condena a Plasencia y al también empresario Ignacio González a indemnizar al ayuntamiento con 52,5 millones de euros, más los intereses, sea firme.

"Esa puede ser una forma de hacer efectivo el cobro de la indemnización por parte del consistorio", defendió ayer el concejal de Hacienda de Santa Cruz, Juan José Martínez.

La medida adoptada ahora por el ayuntamiento se produce tras conocerse la compra, por parte del Cabildo de Tenerife, de un edificio en la zona de Cabo Llanos a una de las empresas de Plasencia. La operación, según anunció la Corporación, ronda los 23 millones.

Lo que no va a hacer el consistorio de la capital, en todo caso, es pedir la ejecución provisional de la sentencia, tal y como han demandado desde 2017 los grupos de la oposición, y reiterado durante los últimos días, hasta que esta no sea firme.

De ello dejará constancia Martínez en la comisión de control , en la que comparecerá a petición de Sí se Puede y responderá una pregunta del PSOE sobre este asunto. Ambos grupos han exigido al también concejal de Recursos Humanos que explique en esa sesión las razones por las que no se ha llevado a cabo la ejecución provisional del fallo, y las actuaciones que se están realizando para hacer efectivas las indemnizaciones que se recogen en dicha resolución judicial.

En esta línea, Martínez recordó ayer que la Junta de Gobierno solicitó en mayo de 2017, tras conocerse la sentencia sobre el caso Las Teresitas, solicitar, junto con la Fiscalía, que se aplicaran medidas cautelares en lo referente a la responsabilidad civil. Es decir, que se tomaran, por parte del juzgado, todas las medidas necesarias para que el ayuntamiento tuviera "garantizado" el cobro, llegado el caso, de la millonaria indemnización.

También insistió en que no han solicitado la ejecución provisional de la sentencia porque entienden que si, al final, no es firme, el consistorio tendría que devolver "no solo el importe reclamado, sino los intereses correspondientes", que calculó en unos dos millones de euros.

En este caso, aclaró, "corre a favor del ayuntamiento al no haber pedido la ejecución provisional del fallo, en caso de que el Tribunal Supremo, donde ha sido recurrido, dicte su firmeza, como así esperamos y trabajamos para ello".