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El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido cautelarmente y por unanimidad la reforma del Reglamento del Parlament catalán con la que el Govern pretende tramitar de forma exprés referéndum del 1 de octubre y ha apercibido a los miembros de la Mesa de que aplicarla acarrearía responsabilidades, incluso penales.

Los magistrados, reunidos este lunes durante 45 minutos, han acordado admitir a trámite el recurso presentado por Gobierno contra el artículo 135.2 de esa reforma, lo que conlleva automáticamente la suspensión de la norma mientras se pronuncian sobre el fondo del asunto, para lo que tienen un plazo máximo de cinco meses.

El Constitucional también ha apercibido a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, a los otros seis miembros de la Mesa, al letrado mayor y al secretario general de la Cámara, a quienes expresamente prohíbe la tramitación de una proposición de ley por el procedimiento de lectura única (como establece la reforma impugnada) y les advierte de las eventuales responsabilidades, incluidas las penales, en las que pueden incurrir si desobedecen.

Ordena "dictar acuerdo alguno" que implique la tramitación exprés

El Tribunal, como solicitó el Gobierno, acuerda la notificación personal de la resolución a todos ellos y les recuerda su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".

Es decir, les ordena que "se abstengan de iniciar, calificar, introducir en el orden del día de cualquier órgano del Parlamento de Cataluña" o "dictar acuerdo alguno" que implique la tramitación exprés contenida en la reforma impugnada.

No es la primera vez que el tribunal de garantías apercibe a los responsables de las instituciones catalanas. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya investiga a Carme Forcadell y a los miembros de la Mesa de JxS y CSQP por desobediencia al TC.

La suspensión de la norma que permitiría la tramitación por la vía rápida se produce el mismo día en que Junts pel Sí y la Cup han registrado en el Parlament la proposición de ley de referéndum de autodeterminación, pensada para dar cobertura legal a la votación prevista para el 1 de octubre.

Esos grupos sostienen que ni el Gobierno ni el Constitucional "podrán parar" la votación. En ese sentido, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que esta dispuesto a aceptar "todas las consecuencias", incluso ir a prisión, antes que ceder en el referéndum.