La juez cita como imputada a Cifuentes por cohecho y falsificación por el caso del máster de la URJC

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Publicado; 11 Mayo 2018 A las; 14:18

Fotografía de archivo de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes

La juez que investiga la presunta falsificación del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos ha llamado a declarar en calidad de investigada -lo que antes se conocía como imputada- a la expresidenta madrileña el próximo 26 de junio por delitos de falsificación y cohecho.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han informado de la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que este jueves comenzó la toma de declaraciones a los investigados en el caso y ha decidido realizar nuevas citaciones, incluida la de Cifuentes.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, quien dimitió el pasado 25 de abril por el escándalo del máster y por un presunto hurto de unas cremas en 2011, también ha renunciado a su condición de diputada, es decir, ha perdido su aforamiento y puede ser investigada por un juzgado ordinario.

Cifuentes, que ha pedido el reingreso en la Universidad Complutense, será investigada por delitos que, además de pena de cárcel, llevan aparejada la inhabilitación especial para cargo o empleo público o al menos la suspensión.

Otras cuatro personas investigadas

La juez del número 51 de Madrid investiga las circunstancias en las que se produjo la aprobación del máster de la expresidenta madrileña en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), causa en la que, de momento, ha citado a cuatro personas más como investigadas, además de Cifuentes.

Este jueves, la juez decidió imputar a Alicia López de Los Mozos, la profesora de la URJC que negó haber presidido el tribunal de evaluación del Trabajo Fin de Máster y que certificó que su firma había sido falsificada, y que había acudido a declarar inicialmente como testigo.

Y antes que ella, ya habían sido citados como investigados Cecilia Rosado, profesora del máster de Cifuentes y secretaria del tribunal encargado de examinarla; Amalia Calonge, funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos que alteró sus notas, y el exdirector del Instituto de Derecho Público de esa universidad, Enrique Álvarez Conde.