El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con el grupo de expertos en financiación autonómica.

La comisión de expertos para la reforma de la financiación local ha propuesto crear un impuesto turístico.

Lo podrán recaudar los Ayuntamientos que lo aprueben para gravar las pernoctaciones hoteleras y así reforzar las arcas locales. Es un impuesto razonable, porque exigirá una contribución a los turistas para sostener las infraestructuras y los servicios que disfrutan en sus visitas a España  y un impuesto casi necesario para regular, la entrada en aluvión de turistas.

Lo importante es que los turistas tienen que contribuir a pagar el coste inmediato, inevitable, de su presencia en España. Varias ciudades españolas, como San Sebastián o Barcelona, ya han anunciado la aplicación de gravámenes de este tipo. La  implantación de este tipo de cargas tiene que calcularse con  rigor, para que no produzca un efecto disuasorio dañino . Lo cual exige estudios generales detallados que la autoridad local tiene que tomarse en serio.

La recomendación de los expertos no debería ser la excusa para que las administraciones hagan un mosaico de gravámenes locales concebidos según el leal saber y entender de cada concejo. Hay que partir de un acuerdo mínimo sobre cuál ha de ser la base imponible, no vaya a ser que en unos Ayuntamientos se aplique un impuesto (una carga fiscal sobre un bien no divisible, sin destino específico y relacionado con la renta del que paga) y otros apliquen tasas (gravámenes para financiar servicios y sin relación con la renta de quien paga). El orden es básico en la fiscalidad. Si el Gobierno considera, por el contrario, que la fiscalidad frena el consumo, que proponga una fórmula para que las ciudades afronten mejor la presión 

Manuel Delgado

Presidente del Grupo de Comunicación Tribuna