Más de lo mismo (no han aprendido nada)

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Publicado; 25 Noviembre 2018 A las; 08:40

“La mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo”. La Justicia no solo debe ser justa, objetiva, creíble, transparente, ética y honesta; sino también parecerlo. Especialmente en el contexto actual, con la crisis de confianza institucional que estamos viviendo, no basta con apelar al conjunto de valores que supuestamente debe atesorar la Justicia -respeto, equidad, igualdad y libertades-, además es necesario que esos valores puedan ser percibidos por la ciudadanía.

La forma con la que se ha presentado el reciente acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial y la presidencia del Tribunal Supremo es un paso más para que siga creciendo la desconfianza en el sistema. De la ruptura pública de las relaciones entre el Gobierno de España y el PP, anunciada por Pedro Sánchez el pasado 25 de octubre tras ser acusado por Pablo Casado de ser connivente con los independentistas catalanes en su intento de “golpe de Estado”, hemos pasado a la exhibición de su acuerdo para repartirse el control del Tribunal Supremo y del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial en España.

Evidentemente, es complicado pretender que los ciudadanos vean respeto, equidad, igualdad y libertad en las decisiones que adopta la Justicia si lo que percibe es un reparto de cromos entre el PSOE y el PP para amarrar ambas formaciones el control del gobierno del Poder Judicial.

Aunque el acuerdo alcanzado por socialistas y populares haya sido fraguado desde la responsabilidad y la honestidad política, lo que se presenta ante los ciudadanos es un reparto de poder por el que el PSOE designará a once de los veintiún vocales del Consejo, el PP a diez y, retomando el acuerdo, la designación de Manuel Marchena como presidente. Los socialistas se garantizan una mayoría de vocales progresistas y los populares colocan a un conservador al frente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Flaco valor hacen a la Justicia quienes han protagonizado la gestión de este episodio.

La desconfianza en las instituciones y en el sistema se ha instalado en la sociedad española. Es necesario impulsar medidas regeneradoras que ayuden a recuperar la confianza y la credibilidad. El descrédito y la picaresca que anida en la sociedad española en estos momentos lo ha contaminado todo a la hora de valorar el acuerdo para designar al presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.

Por encima de la categoría profesional y personal que se ha ganado Manuel Marchena a lo largo de su trayectoria -y que pocos discuten- sobresale la etiqueta de conservador.

El clima turbio que se vive en España en todo lo que tiene que ver con las instituciones del Estado anima a hacerse preguntas que casi nunca encuentran respuesta. ¿Está politizada la Justicia? La futura composición del CGPJ, con mayoría progresista, ¿influirá en los procesos abiertos?. ¿TIene que ver el nombramiento de Marchena con el objetivo de alejarlo de la presidencia del Tribunal que juzgará los líderes independentistas catalanes por organizar el referéndum del 1-O?. La sustitución de Marchena por el progresista Andrés Martinez Arrieta, ¿obedece a una estrategia para contentar a los independentistas?. La sentencia que recaerá sobre los encausados por el procés, ¿podría ser diferente si el Tribunal lo presidiera Marchena o Martinez Arrieta?. ¿La llegada de un magistrado progresista a la Sala de lo Penal del Supremo para juzgar a los independentistas catalanes esconde la voluntad de favorecer la estrategia de diálogo impulsada por Pedro Sánchez?. ¿Hay algún acuerdo implícito entre socialistas y populares para aislar a Ciudadanos?

El pasado domingo comenté la necesidad de que después de unos exitosos cuarenta años de democracia y libertad en España era necesario impulsar un gran acuerdo para una segunda transición, que traiga frescura a nuestras instituciones y recuperare la confianza y la credibilidad de la ciudadanía. El camino escogido por los dos grandes partidos que han protagonizado los gobiernos de estas cuatro décadas para designar al gobierno de la Justicia no ha sido el adecuado. Flota en el aire la percepción de que seguimos instalados en el más de lo mismo. Parece que no son conscientes del momento de descrédito por el que atraviesa el sistema. Da la sensación de que algunos dirigentes, con máximas responsabilidades en los principales partidos, no han aprendido nada de las muchas lecciones que nos han dejado tantos años de descrédito y desapego de los ciudadanos de a pie respecto a las instituciones.