El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista

Los ayuntamientos recibirán el año que viene 40 millones, frente a los 20 actuales, para la lucha contra la violencia machista, y recuperarán en este ejercicio las competencias en esta materia, según ha anunciado este martes la ministra de Igualdad, Carmen Calvo.

En concreto, el Gobierno tiene previsto aprobar este viernes en el Consejo de Ministros un real decreto para devolver las competencias a los consistorios en materia de política social, un decreto que contendrá, según Calvo, las primeras reformas legales previstas en el Pacto de Estado, “las más urgentes” .

La vicepresidenta ha destacado, tras presidir su primera conferencia sectorial de Igualdad, el acuerdo unánime con las comunidades autónomas y las entidades locales contra esta "terrible" realidad, que se ha llevado la vida de 947 mujeres que han dejado huérfanos a 202 menores desde 2003. "Somos un gran ejemplo como país", ha subrayado.

Así, las entidades locales recuperarán las competencias que "se les arrebataron" durante el anterior Ejecutivo del PP para que las mujeres de cualquier rincón del país puedan pedir "auxilio" en sus ayuntamientos, y de ahí a través de la vía de urgencia que supone el real decreto.

Con esta norma que aprobará el Gobierno, éstos volverán a ser competentes en materia de servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, prevención de la violencia de género y atención inmediata a las víctimas.

Reforma del Código Civil para los hijos de víctimas de violencia machista

Entre las más de 200 medidas contempladas en el Paco de Estado contra la Violencia de Género, la vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que en el decreto que se aprobará este viernes por la vía de urgencia se incluye una reforma del Código Civil para que los hijos e hijas menores de mujeres víctimas de violencia de género no necesiten contar con la autorización del padre maltratador para poder recibir atención psicológica.

En la actualidad, el Código Civil establece que es necesario el consentimiento de los dos progenitores, a pesar de que uno de ellos esté inmerso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad sexual del otro o de los hijos o hijas menores de edad, según ha relatado Calvo.