Interior aprueba una instrucción que permite los desalojos inmediatos de ocupaciones ilegales sin medidas judiciales

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Publicado; 17 Septiembre 2020 A las; 13:59

Imagen de archivo de la Policía Nacional durante un desalojo en Madrid

 

El Ministerio del Interior ha aprobado una instrucción a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la que ordena la elaboración de atestados policiales más precisos que permitan el desalojo "inmediato" en casos de ocupación ilegal sin necesidad de solicitar medidas judiciales, en caso de constatarse un allanamiento y la detención sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante.

De acuerdo con esta instrucción anunciada este miércoles en el Congreso por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se da orden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que recojan todos los elementos que deben ser aportados a las autoridades judiciales para acreditar la comisión del delito y la participación de sus presuntos autores, como puertas y ventanas forzadas, coacciones al propietario y vecinos o consumo irregular de luz y agua.

El protocolo, según detalla un comunicado de Interior, recoge que, en base a la jurisprudencia, tanto la primera como la segunda vivienda deben considerarse moradas y contar con la misma protección legal, por lo que en ambos supuestos, y "constatado un allanamiento" las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán proceder al desalojo e identificación de los ocupantes "sin necesidad de solicitar medidas judiciales".
La autorización judicial será necesaria si no se detecta la usurpación

En los casos en que el inmueble ocupado no constituya la morada de su titular, según detalla la instrucción, se aplican los artículos 245 y siguientes del Código Penal, que se refieren a la usurpación.

En casos de usurpación, el protocolo aprobado por Interior recoge que la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también es "inmediata y sin necesidad de esperar medidas judiciales" si tienen conocimiento de la comisión "flagrante del delito", pero en caso de que no sea posible detectar la usurpación en el momento en que se comete, será necesaria una autorización judicial para el desalojo.

El protocolo recoge, según el comunicado de Interior, medidas de refuerzo contra los grupos criminales dedicados a la usurpación de viviendas para alquilarlas o venderlas a terceros de manera fraudulenta. En este sentido, el protocolo contempla también el refuerzo de las investigaciones de grupos u organizaciones delictivas "cuya actividad esté dirigida a la formalización de contratos falsos de venta o alquiler de bienes inmuebles".