La nueva Ley de educación solo le gusta al gobierno

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Publicado; 11 Marzo 2020 A las; 13:33

 El proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) de la ministra Celaá es criticada por toda la comunidad educativa.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), una reforma elaborada por el Ministerio de Isabel Celaá, que ya fue aprobada hace un año y que quedó truncada por el adelanto electoral. El texto, que tendrá que someterse a debate parlamentario, apuesta por acabar con la "segregación del alumnado" que, a juicio del Gobierno de coalición, realiza la vigente LOMCE.

"Presentamos la primera pieza de todo un proyecto educativo que va a tener gran impacto transformador en el sistema español", ha afirmado la ministra Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado que el texto aprobado "busca la calidad del sistema para todos" y "se fundamenta en la excelencia y la equidad". "Nadie puede quedar atrás", ha sentenciado, antes de explicar que se buscará "que no haya segregación en el alumnado ni en el acceso ni en la salida" del sistema.

"Esta es una ley que busca la justicia o equidad, que es dar a cada uno lo que corresponde, y esto no puede ser confundido de ninguna de las maneras con una resta de libertad. Al contrario, es libertad para todos más allá de sus circunstancias", ha añadido.

La ministra también ha apostado por caminar hacia "una escuela inclusiva" y "participativa" en la que "los consejos escolares han de ser de nuevo órganos de gobierno". "Queremos que esta ley tenga como centro una enseñanza personalizada", ha dicho Celaá, que cree que "el corazón de la ley" es tratar "la diversidad del talento, a través de distintas metodologías y un nuevo currículum".Avance progresivo en la educación de 0-3 años

La ministra ha explicado que el sistema educativo quedará organizado en cuatro etapas antes de la universitaria: una de 0 a 6 años, incluyendo el periodo de 0 a 3; la Primaria, de 6 a 12; la Secundaria y el Bachillerato.

En el periodo de 0 a 6, ha explicado Celaá, se prestará especial atención al "desarrollo curricular" entre los 0 y los 3 años, momento en el que la escolarización ronda el 30% de los niños, para evitar "que existan tratamientos que no sean educativos o que no tengan la calidad requerida". Este avance, ha dicho, se hará "progresivamente y empezando por los colectivos más desfavorecidos".

La educación Primaria, de 6 a 12 años, seguirá estando dividida en tres ciclos, pero se pondrá el foco en "la evolución psicológica del alumno" para combatir una tasa de repetidores que el ministerio cifra en un 15%. La Secundaria, donde la graduación ha descendido en 1,6 puntos, apuesta por "establecer una ancha avenida con distintos caminos que llevan a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)", donde antes "había barreras".

La Religión será "voluntaria para los alumnos"

La reforma educativa de PSOE y Unidas Podemos elimina los dos artículos de la LOMCE que convertían la asignatura de Religión en una "materia específica" de los dos cursos de Bachillerato y suprime el artículo que permitía que computara para la nota media del alumno. Además, los alumnos que no la escojan no estarán obligados a matricularse en una materia alternativa. La titular de Educación ha especificado que la ley "solicita y reclama que al final de la ESO todos los alumnos y alumnas de este país tendrán conocimiento y uso del Castellano y de la lengua cooficial de su comunidad conforme al Estatuto vigente".

Además, la LOMLOE recupera el modelo de desarrollo curricular compartido entre el Gobierno y las comunidades autónomas que funcionó hasta 2013, con un 55% de los contenidos y materias competencias del Estado en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales y un 65% en que solo tengan una lengua oficial.

Preferencia para la concertada que no segregue

El proyecto también recoge la preferencia para ser centros concertados de aquellos que no segreguen. "Preferentemente se concertarán aquellos centros que no separen a los alumnos por razón de género", ha explicado la ministra, que se ha mostrado consciente de que el texto "recibirá las enmiendas que parezcan bien a los grupos políticos".

La reforma también elimina la "demanda social" como criterio para la planificación escolar, desapareciendo así este "eufemismo", en palabras de Celaá, introducido por el Partido Popular para "propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada".

Asimismo, las comunidades autónomas podrán obligar a los centros educativos financiados con fondos públicos a escolarizar a niños con pocos recursos para evitar que se creen guetos.

Discrepancias en la comunidad educativa ante la 'Ley Celaá'

El proyecto de modificación de la ley de Educación (LOMLOE) ha provocado disparidad de criterios en el seno de la comunidad educativa. Mientras muchos valoran que busque derogar los puntos más criticados de la LOMCE, otros creen que no tiene consenso y que trata de quitar peso a la concertada y a la asignatura de Religión. UGT ha celebrado en un comunicado su intención de "reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema". No obstante, se ha mostrado crítico respecto al gasto público incluido en el proyecto, que fija el incremento del mismo hasta un mínimo del 5 % del PIB. El sindicato considera esta cantidad "insuficiente" porque debería llegar hasta el 7 %.

Desde CC.OO., valoran que se vaya a derogar la LOMCE del PP, pero han pedido otorgar protagonismo al profesorado, recuperar la inversión en el sector y restablecer el carácter compensatorio de las becas y ayudas.

Por otra parte, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) ha reclamado reformas más profundas para asentar las bases de un sistema "más estable". "Esperamos que la nueva ley afronte de manera decidida y de una vez por todas las necesarias modificaciones que necesita la Inspección", ha comentado.

Save The Children han pedido "mayor ambición" en la reforma educativa "para evitar escuelas gueto y acabar con el cobro de cuotas ilegales" y la Plataforma de Infancia ha aplaudido "la perspectiva" de infancia de la nueva ley educativa y ha pedido "más valentía" en temas de equidad educativa.

CSIF reclama el contrato de 26.6000 docentes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que, para empezar a "negociar" la nueva reforma educativa que plantea ahora el Gobierno, hay que plantearse una estrategia que vaya "a los problemas estructurales de nuestro modelo" por encima de criterios ideológicos. De entrada, reclama la contratación de 26.600 docentes y una inversión de 7.000 millones para revertir el déficit que se arrastra durante los últimos diez años.

Para la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STES), se debe asegurar una "estabilidad a largo plazo" gracias a un acuerdo amplio de la comunidad educativa y se debe defender la escuela pública "como garantía del derecho a la educación".

Asimismo, quieren que la educación afectivo-sexual sea uno de los pilares fundamentales del sistema educativo para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y potenciar la orientación escolar en todas las etapas, especialmente en Primaria para actuar sobre su paso a Secundaria.

Preocupación por la "falta de consenso" político

Por su parte, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), mayoritaria en la concertada y privada, ha manifestado su decepción al considerar que esta nueva ley no tendrá el respaldo de la mayoría social y política y que "durará lo que dure este Gobierno".

"Es una ley que vuelve a recrearse en polemizar respecto a temas como la enseñanza concertada, la libertad de elección de los padres, la asignatura de religión o la enseñanza diferenciada, como si estos fueran en algún caso los problemas que tiene el sistema educativo", ha criticado FSIE.

Escuelas Católicas ha mostrado su "preocupación" ante una ley que "nace sin consenso y limita los derechos de centros y familias". Además, considera "un error tratar a la concertada como subsidiaria de la pública".

Para USO la LOMLOE debe incluir la reducción de la carga lectiva "como factor de calidad esencial en toda la red de centros sostenidos con fondos públicos".

El PP presentará un texto alternativo a la ley

El mismo día de su aprobación, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha calificado la reforma de "imposición" y ha asegurado que "no garantiza la pluralidad" para que los padres puedan "elegir la educación para sus hijos". Considera que hay "una grandísima parte de la comunidad educativa que se siente excluida" de la 'Ley Celaá'.