Desde el año 2015, la CEOE lleva elaborando el informe anual sobre la producción normativa, con la intención de dar visibilidad a la gran generación de normas que afectan a los ciudadanos españoles a todos los niveles. Según datos obtenidos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE), en el año 2021, en España se aprobaron 851 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal, un 7,3% más que el año pasado.
Con ello, el 2021 se posiciona como el quinto año con mayor producción normativa desde las altas cifras alcanzadas durante la primera década del inicio del periodo democrático. Destaca especialmente la figura del Real Decreto Ley (RDL), que en los dos últimos años han presentado la cifra más alta desde 1978, habiéndose aprobado 39 en 2020 y 32 en 2021. Nos encontramos así, frente al sexto año consecutivo en el que el número de RDL es superior al de leyes ordinarias publicadas en el BOE.
En concreto, en el año 2021, las normas con rango de Ley que fueron desarrolladas a través de un RDL supusieron casi el 50%. No debe pasarse por alto que, el art. 86.1 de la Constitución española otorga al Gobierno la potestad de dictar estas normas con rango de ley en casos de extraordinaria y urgente necesidad, presupuesto habilitante cuya concurrencia en ocasiones es dudosa. Como reflejo de ello, sorprende la aprobación del Real Decreto Ley “Ómnibus” en noviembre de 2021, cuya urgente y extraordinaria necesidad se basaba en evitar la multa que se impondría a España como consecuencia de que no haber cumplido el plazo límite de transposición de Directivas Europeas sobre muy diversas materias.
A nivel autonómico las normas con rango de ley (leyes, decretos legislativos y decretos leyes) aprobadas por las Comunidades Autónomas ascendieron a 348 en 2021, es decir, un 4,82% más que en 2020 y cinco veces mayor que las normas con rango de ley estatales. Así, las Comunidades Autónomas, responsables del 78% de las páginas publicadas en los Boletines Oficiales, registraron en sus publicaciones un total de 846.446 páginas en 2021, un 24% más que el año anterior, lo que supone la cifra más alta de los últimos diez años. Asimismo, sorprenden los más de 70 decretos,resoluciones y órdenes aprobadas por las que se establecieron medidas para hacer frente al COVID.
Sin entrar a valorar su efectividad, debe tenerse en cuenta que la constante actualización normativa dificultó de sobremanera la planificación de los sectores afectados por dichas medidas, que tuvieron que hacer un gran esfuerzo para seguir el hilo del marco jurídico en el que operan las empresas. En el plano de la Unión Europea, el número de actos jurídicos adoptados en 2021 ascendió a 2.176, distribuidos en 1.005 reglamentos, 29 directivas y 1.142 decisiones. Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife Rambla de Santa Cruz nº 147 Edificio Tulipán 38001 Santa Cruz de Tenerife Teléfono, (922) 285958 Fax: (922) 284756 Email: ceoe-tenerife@ceoe-tenerife.com En comparación con la actividad normativa del año anterior, en 2021 se registró un notable incremento del 7,2%, teniendo en cuenta que en 2020 se aprobaron un total de 2.030 actos.
Poniendo el foco en Canarias nos encontramos que, con 57.858 páginas publicadas en los Boletines Oficiales, nos situamos entre las 5 regiones de España más prolíficas en materia regulatoria. Esta creciente actividad normativa, tanto a nivel estatal como autonómico, unida a la excesiva burocracia a la que tienen que hacer frente las pymes y emprendedores canarios, no solo dificultan sus posibilidades de crecimiento y expansión, sino que en muchos casos ponen en peligro su continuidad empresarial. Esto es debido en gran parte a la falta de recursos necesarios para poder hacer frente a toda la normativa vigente, viéndose así mermadas sus aspiraciones de competir en igualdad de condiciones por destinar parte de su tiempo a labores no relacionadas con su actividad profesional. Otra consecuencia adyacente a la inseguridad jurídica derivada del aumento legislativo, es la consagración de un sistema fiscal ineficiente que, a su vez, genera el indeseado incremento de la economía sumergida. La solución a este problema exige contar con un sistema fiscal más atractivo y ello requiere, entre otras cuestiones, que se reduzca la carga administrativa a la que se somete a los empresarios desde incluso antes de comenzar con su actividad.
Además, contar con una legislación efectiva y simplificada contribuiría a aliviar el deterioro de la competitividad de las empresas en la que dichas cargas derivan. Con todo ello, en la mayoría de los casos, el alto grado de procesos burocráticos supone uno de los mayores bloqueos para el crecimiento económico del país. La elevada cantidad de trámites burocráticos que los Gobiernos aplican, provocan una ralentización de la puesta en marcha de muchas inversiones locales e internacionales, para procesos tan simples como la creación de una empresa o la apertura de un establecimiento comercial.
