Comunicado conjunto de las 50 asociaciones empresariales integradas en Femete y Femepa para los próximos gobiernos regional, insulares y locales.
La Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) y la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas han hecho públicas las demandas y necesidades estratégicas que han presentado sus 50 asociaciones empresariales integradas, vinculadas a la industria y que agrupan a más de 20.000 profesionales, de cara a las elecciones autonómicas, insulares y municipales del próximo 28 de mayo.
Según un comunicado conjunto que han difundido hoy ambas patronales, “el foco de nuestras demandas a las nuevas Administraciones Públicas de Canarias que vayan a gobernar tras las elecciones se centra en combatir la lacra el problema de la economía sumergida y sus devastadores efectos en todos los estratos del mercado, la competencia desleal, la indefensión del cliente ante la inexistencia de garantías y/o coberturas de seguros por parte de la empresa ilegal o irregular, las malas condiciones en las que se pueden encontrar las personas trabajadoras (prevención de riesgos laborales), el descuido en los requisitos medioambientales que deben disponer, así como la pérdida de recaudación para las administraciones públicas”, destacan Femete y Femepa.
Igualmente, ambas federaciones industriales resaltan la necesidad de reducir el absentismo laboral y flexibilizar el mercado: “Es fundamental implantar y financiar observatorios, así como oficinas técnicas de prevención por cada uno de los sectores que participan en las negociaciones colectivas, además de una mejora en la flexibilización del mercado laboral, al menos en la parte que se puede hacer desde nuestro estatuto y REF. También demandamos al nuevo Gobierno Regional que potencie el Consejo Económico y Social (CES), dotándolo de mejores medios económicos y humanos con el fin de acabar con su abandono actual”.
Morosidad y los impuestos
La lucha contra la morosidad es otra de las reclamaciones dirigidas a la Administraciones Públicas que resulten elegidas tras las elecciones: “Liquidar todas las facturas pendientes de pago por parte de las AAPP, en los plazos establecidos por norma. Demandamos los retrasos en los pagos de las AAPP en el abono de facturas a empresas. Ayuntamientos con retrasos de pagos de más de un año, aunque las facturas estén subidas a la plataforma FACE”.
En cuanto a los impuestos, proponen “implementar un sistema sencillo que impida que las empresas deban anticipar a la Hacienda Pública el IGIC facturado y no cobrado. Además, una bajada de la presión fiscal en la parte que se puede hacer desde el Gobierno de Canarias, IGIC y tributos municipales. Pymes y autónomos/as sufren asfixia económica por los impuestos. Sobre todo, con los tipos de interés y los niveles de inflación, excesivo nivel burocrático de trámites, exigencia normativa en aumento y sin frenos, sin escalar el tamaño de empresas, lo que repercute en costes y la consecuente pérdida de competitividad”.
Referente al AIEM, explican: “Si entra un producto elaborado, grabarlos para proteger la industria canaria. ¿De qué nos sirve que formemos personal con dinero público, subvencionen empresas para su modernización, si luego entra material prefabricado elaborado sin pagar AIEM? Actualmente, el material elaborado que entra en Canarias tributa como materia prima y eso no es cierto”.
Agilizar respuestas y FP Dual
A su vez, Femete y Femepa demandan: “Mayor seguridad jurídica mediante la simplificación administrativa, mejor calidad de las leyes y menor cantidad. Agilizar las respuestas a las solicitudes de subvención. Agilizar las respuestas en la solicitud de licencias de obras, informes de los servicios afectados y permisos, en general, por parte de las administraciones públicas”.
Otra necesidad es “acelerar la puesta en marcha de la ya aprobada Estrategia Canaria para la FP Dual. Potenciar y promover con algún tipo de atractivo económico la participación de las empresas en este tipo de formación, así como incluir en los programas de formación reglada el impartir enseñanzas mínimas en Prevención de Riesgos Laborales para el alumnado de los sectores industriales”.
En cuanto a las instalaciones industriales, “exigimos el cumplimiento de las revisiones periódicas y el mantenimiento según normativa de seguridad industrial, ello conlleva sobre todo a la seguridad de las personas usuarias y público en general, principalmente, pero también a la creación de empleo, dada la actividad que generan estas actuaciones”.
