Los convulsos últimos meses con tensiones entre los bloques políticos tradicionalmente denominados adversarios pero que últimamente parece que se han convertido en enemigos sin apenas capacidad para la interlocución entre ellos, el choque frontal entre el ejecutivo y el poder judicial que merma la capacidad que tiene la división de poderes del Estado para contrapesarse y que nadie detente un poder excesivo que pudiera derivar en abusos de toda índole, van llevando al país hacia un riesgo económico evidente: la inseguridad jurídica.
Su opuesto y deseable concepto, la seguridad jurídica, que tiene un valor esencial y primordial en la prosperidad de las naciones, tiene desde la óptica económica un objetivo fundamental: el de reducir la incertidumbre, de forma que genere confianza al minimizar los riesgos por claridad y por crear un marco de situaciones mediamente predecibles a inversores, empresas y ciudadanos en general, pero que pasa si la inestabilidad y polarización políticas se derivan en un uso excesivo de los Decretos con la ausencia de debate parlamentario y visibilidad de los mismos, regulaciones y “cambios de opinión” constantes del Gobierno Central, interpretaciones poco sólidas de la regulación sumada a la escandalosa politización de la justicia con políticos que pretenden que el Poder Judicial se adapte a sus necesidades hasta el extremo de retorcer el sistema llegando a la indecencia no sabe uno ya, si porque nos toman por tontos o por si ellos se creen inteligentes en exceso, pues de todo estos bandazos y disparates que generan la sensación de inseguridad jurídica creciente emerge una posible espantada de la inversión con el consiguiente efecto negativo sobre nuestra economía.
Fue desde el pasado mes de noviembre cuando expertos analistas comenzaron a expresar la posibilidad de que las principales agencias de calificación crediticia tomasen nota del crecimiento de la inestabilidad política y de la inseguridad jurídica que esta genera de cara a futuras evaluaciones sobre la fiabilidad de la deuda emitida por el Reino de España, siendo este un indicativo de posible desconfianza hacia nuestro país si no se gobierna y se legisla con rigor y solidez, cosa que debería ser urgente y demandada por toda la ciudadanía tanto por los motivos anteriormente explicados, como por que somos un país importante y una de las 4 economías más grandes de la UE, siendo por ello perentorio que nuestros gobernantes no nos envíen al rincón de la irrelevancia en el conjunto de las naciones por no haber superado el mero cálculo partidista en aras de haber tenido visión de Estado y de futuro en su quehacer diario. Basta buscar un poco para encontrar cuales son los principales fenómenos que generan esta inseguridad jurídica al margen de la principal, que es la bronca política y la inestabilidad parlamentaria, como por ejemplo podemos ver en un informe sobre la economía española publicado por Fedea, que alude a la “desprotección creciente sobre los derechos de propiedad” dados algunos cambios legales, la ausencia de mecanismos de autorregulación y arbitraje que “dificultan la contratación privada”, el “exceso de regulación” de obligado cumplimiento que sería innecesario porque no responde a fallos genuinos de la contratación libre, o la “lentitud de los tribunales de justicia” hacen que nuestra imagen de país se resienta y no cumpla con lo esperado por todos.
Necesitamos por ello estabilidad institucional y un marco normativo claro y fiable que genere a su vez cohesión y estabilidad social – cuestiones ambas que son un valor económico más – que son una magnífica carta de presentación de nuestro país a la hora de buscar inversión exterior que apueste por nosotros y no por otros competidores, exijamos que esta sea la senda y no la contraria convirtiéndonos en atractivos para la inversión desde hoy mismo.
Miremos el ejemplo catalán desde 2017 y su pérdida de empresas y competitividad desde que el independentismo generó un marco lleno desconfianza e inestabilidad que ha desembocado en una pérdida de imagen y riqueza para esa región, que en otras época fue la más rica y próspera del país, por ello no repitamos ese patrón y escojamos otros referentes que en el pasado tanto bien hicieron a Canarias y al conjunto de España.
