El ritmo vertiginoso de la actualidad supera cualquier tipo de ficción y si hasta hace escasamente una semana el debate lo centrábamos, casi por completo, en la inmigración bajo la premisa del “reparto de menores” que, si me lo permiten, ya me parece abominable incluso en términos lingüísticos, estos últimos días que coinciden con el término del mes de julio y el inicio del mes de vacaciones por excelencia, nuestra atención está centrada en Venezuela, Cataluña y Pedro Sánchez (una vez más) y, para que no todo sean malas noticias, el crecimiento del PIB de España, contra lo que muchos presagiaban.
Queridos amigos, les confieso que cada mes espero casi al término de la edición para escribir estas líneas coincidiendo, bien con los principales temas que tratamos, o bien con la más rigurosa actualidad política-económica. No obstante, estos últimos días han sido tan frenéticos que no fue fácil confeccionar el esquema y el argumento que quiero transmitirles con este humilde espacio. Ahora bien, mis dudas fueron disipadas a raíz de una conversación que, no por indiscreción sino por el escaso ruido que había alrededor, pude escuchar ayer mientras volaba hacia Lanzarote. Presiento que tendremos muchas ocasiones de debatir sobre el acuerdo de ERC y PSC, que también afecta a Canarias tanto en cuanto nos coloca en una posición desigual frente a Cataluña, y también vendrán momentos donde analizar el crecimiento del país y la situación venezolana. La crisis migratoria sí es urgente.
Hasta la fecha, han arribado a las costas canarias más de 20.000 personas siguiendo la peligrosa Ruta atlántica, cifras que se recrudecen si tenemos en cuenta que el archipiélago acoge, en solitario, a más de 5.600 menores no tutelados. Después de que las esperanzas se dilucidaran tras la no aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería, el Gobierno de Canarias convoca el Foro Canario de la Inmigración y crea un gabinete de crisis, mientras que otros gobiernos regionales como el de Andalucía, insta al Gobierno Central a declarar la emergencia migratoria y vincular a la Unión Europea ante el colapso sin respuesta. Vivimos una situación de emergencia a nivel nacional, pero en Canarias hemos clamado a las instituciones supra regionales durante incontables meses, sin encontrar el amparo necesario para controlar la situación y dispensar, ante todo, un trato digno. Porque sí, queridos amigos, muchos de ellos no son más que niños desamparados que han huido de sus hogares y tenemos la obligación moral, como país y como sociedad, de no abandonar a su suerte a seres humanos.
Y si hablamos de solidaridad, hablemos. Esa solidaridad que la inmensa mayoría del país no tiene con Canarias. Estamos solos y desbordados. Cuerpos de seguridad, ONG, Protección Civil e incluso ciudadanos que simplemente quieren ayudar, se encuentran en una situación de saturación y asfixia porque los medios son radicalmente insuficientes y los pocos centros que albergamos ya no están en condiciones de acoger más menores. La situación es realmente dramática, pero muchas de las Comunidades Autónomas se niegan a acoger inmigrantes y dan la espalda a Canarias, dando así por hecho que el problema no les corresponde. Resulta cuanto menos frustrante comprobar que los principios de igualdad y solidaridad son aplicables en función del asunto que tratemos o de la Comunidad Autónoma que reclama, o exige ayuda.
Tenemos responsabilidades como país, resulta alentador ver el crecimiento económico y las bonanzas de las cifras turísticas y el florecimiento de muchos sectores económicos que recién cogen impulso, pero conviene no olvidar que el desarrollo económico debe venir de la mano del desarrollo social. Me gusta pensar que no solo queremos un país rico, sino un país inteligente con una sociedad desarrollada.
Canarias no puede ser abandonada por el resto del territorio.
