La revisión del Decreto 138/2007 para establecer un nuevo modelo de adjudicación de viviendas protegidas por parte del Instituto Canario de la Vivienda es un paso significativo en la política de vivienda en Canarias. ¿Cuáles son los principales objetivos y beneficios que se esperan alcanzar con este cambio en el proceso de asignación de viviendas públicas?
Nuestro principal objetivo es agilizar los trámites administrativos, tanto para los ciudadanos que desean construir vivienda, como para aquellos inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda de Canarias. Dado el importante déficit de vivienda pública y las más de 26.000 personas inscritas, resulta fundamental facilitar el acceso a una vivienda protegida. Para lograrlo, se simplificarán los procedimientos, tanto para los ciudadanos como para la administración.
La eliminación del plazo de espera para la inscripción y la sustitución del sorteo por un sistema de evaluación basado en criterios socioeconómicos son medidas muy positivas que representan un gran paso adelante al simplificar los trámites y garantizar una asignación más justa de las viviendas públicas.
Además, la decisión de mantener estas viviendas en el parque público de manera permanente fortalece la protección del derecho a una vivienda digna. Canarias enfrenta un grave déficit de viviendas sociales, lo que deja a muchas familias en situación vulnerable. Si continuamos transfiriendo viviendas públicas a la propiedad privada, el parque público se reducirá aún más. Por esta razón, es fundamental garantizar que estas viviendas permanezcan en el parque público de manera indefinida.
Es importante destacar que, a nivel europeo, entre el 9,6% y el 9,8% de las viviendas son protegidas, mientras que en España esta cifra ronda el 2,5% o 2,6%. En Canarias, la situación es aún más crítica, con menos del 1% de las viviendas pertenecientes al parque público. Esta gran disparidad evidencia la necesidad urgente de proteger las viviendas existentes y facilitar el acceso a ellas a través de una mayor inversión.
Por ello le iba a preguntar, considerando la diferencia en cifras de viviendas disponibles en Canarias en comparación con la media nacional y la Unión Europea, ¿cuáles son las estrategias a largo plazo que se están planteando para aumentar el parque de viviendas disponibles y mejorar la situación habitacional en las islas?
En primer lugar, es fundamental cumplir con el Plan de Vivienda de Canarias 2020- 2025. Este plan establece diversas medidas para incrementar el parque público de vivienda, pero requiere de la colaboración activa de ayuntamientos y cabildos para ceder suelo. El Decreto-Ley 1/2024 agiliza este proceso, pero es necesario redoblar esfuerzos para aprovechar al máximo los fondos europeos y cumplir con los plazos establecidos. Estos fondos son clave para la rehabilitación y construcción de viviendas públicas, pero su gestión se ha visto complicada. Debemos trabajar intensamente en la redacción de proyectos y en la coordinación con ayuntamientos y sociedades municipales para garantizar la ejecución de estos fondos y así mejorar la oferta de vivienda pública en Canarias.
El objetivo de construir 3.000 nuevas viviendas en la presente legislatura representa un desafío ambicioso y necesario para abordar el déficit habitacional en Canarias. ¿Cuáles son las estrategias y acciones prioritarias que se están implementando para lograr este objetivo y garantizar la disponibilidad de viviendas para la población en las islas?
La situación es crítica. El déficit de vivienda pública en Canarias es alarmante y se ha agravado en los últimos años. Los datos son claros: en la última legislatura, solo se entregaron 24 viviendas de promoción pública en todo el archipiélago, todas ellas en la isla del Hierro. Esta inacción ha generado una grave escasez de vivienda social, una situación que no podemos permitirnos ignorar.
“Se simplificarán los procedimientos, tanto para los ciudadanos como para la administración”
Para abordar la crisis de vivienda, se han implementado diversas medidas. El Decreto-Ley 1/2024, por ejemplo, agiliza los trámites para construir viviendas protegidas, tanto públicas como privadas, y actualiza los módulos de vivienda para ajustarlos a los precios actuales del mercado. Además, sehan puesto en marcha proyectos específicos como “La Palma 700”, destinado a reubicar a las personas afectadas por la erupción volcánica, y “Rural Life”, que busca fomentar la vivienda en el medio rural. Este último proyecto garantiza al menos cinco viviendas por cada mil habitantes en municipios de menos de 20.000 habitantes.
Además de fijar población en el medio rural, estas medidas buscan paliar la crisis habitacional. Las ayudas al alquiler, por ejemplo, son fundamentales para apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder a la vivienda en propiedad. Actualmente, disponemos de 16 millones de euros para estas ayudas, y nuestro objetivo es duplicar esta cantidad a 32 millones. Paralelamente, el Decreto-Ley 1/2024 y las órdenes e instrucciones que se deriven de él, proporcionarán un marco legal sólido para seguir avanzando en la solución del problema habitacional en Canarias.
Resolver la crisis habitacional requiere un esfuerzo conjunto de la administración pública y el sector privado. La construcción de 3.000 viviendas públicas es un primer paso, pero no es suficiente. Necesitamos incentivar la participación del sector privado a través de medidas como el aumento de los módulos de vivienda, que harán más atractiva la construcción de viviendas protegidas. Además, es fundamental abordar el problema de la vivienda vacía, pro- moviendo cambios legislativos a nivel estatal que disuadan las ocupaciones ilegales y fomenten la puesta en alquiler de estas viviendas.
¿Cuál es la visión a futuro del Instituto Canario de la Vivienda en su compromiso por abordar el problema de la vivienda en Canarias y garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos, y cuál es el mensaje principal que desea transmitir a la población respecto a esta importante cuestión?
El futuro del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) debe estar enfocado en encontrar soluciones a la problemática de la vivienda pública en Canarias. Para lograrlo, es imprescindible contar con una financiación adecuada y un equipo humano suficiente. Actualmente, el ICAVI sufre un déficit de personal considerable en relación a la cantidad de fondos que gestiona. Es necesario incrementar la plantilla en aproximadamente 72 personas para poder atender la creciente demanda de vivienda social. Además, debemos igualar las cifras de vivienda pública en Canarias con las del resto del territorio nacional.
Estamos trabajando de manera rigurosa y comprometida para garantizar la continuidad de los proyectos de vivienda, especialmente aquellos financiados con fondos externos. Somos conscientes de la importancia de simplificar los trámites administrativos para agilizar los procesos y facilitar el acceso a la vivienda. A pesar de los recursos limitados, nuestro equipo está trabajando intensamente para encontrar soluciones a la crisis habitacional en Canarias. Este compromiso es compartido por el presidente del Gobierno, el consejero y todo nuestro equipo.
