En un contexto de crecientes desafíos, desde la falta de recursos hasta la sobrecarga en servicios como las urgencias del HUC, SATSE se encuentra en primera línea defendiendo los derechos de sus afiliados y buscando soluciones para mejorar la atención sanitaria. ¿Cuáles son, en la actualidad, las principales preocupaciones que enfrentan?
Considero que, a nivel macro, las principales preocupaciones y situaciones que deberían ser las prioridades del sindicato se centran en dos ejes fundamentales: la reclasificación profesional y el acceso a la jubilación anticipada voluntaria.
La reclasificación profesional de las enfermeras es una necesidad urgente e impostergable. Es evidente que la formación universitaria de las enfermeras, con una carga lectiva en créditos y un nivel de exigencia y responsabilidad equiparables a otros grados universitarios de la misma complejidad (como periodismo, por ejemplo), no se corresponde con la clasificación profesional actual.
La administración nos ubica en el grupo A2, lo que limita nuestras retribuciones, reconocimiento profesional y posibilidades de desarrollo, incluyendo funciones en materia de gestión, acceso a becas de investigación y puestos de docencia. Es fundamental que se reconozca el valor de las enfermeras, no solo como profesionales sino también de cara a la sociedad, mediante una reclasificación profesional que nos sitúe en el lugar que nos corresponde y nos permita desarrollar todo nuestro potencial.
Por su parte, la enfermería es una profesión que, debido a la alta demanda y las características del mercado laboral, implica una incorporación temprana al mundo laboral y una larga trayectoria profesional. Esto se traduce en un número de años trabajados que supera a la mayoría de las profesiones, especialmente aquellas con un nivel de cualificación similar.
Además, la enfermería se caracteriza por un alto nivel de penosidad, con trabajo nocturno, guardias de 24 horas, festivos y exposición a riesgos biológicos y químicos. Esta situación, reconocida por estudios científicos, hace que sea imprescindible que la administración regule una jubilación anticipada voluntaria para las enfermeras.
Esta medida permitiría que las enfermeras accedan a la jubilación con garantías de salud y calidad de vida, reconociendo el desgaste físico y emocional que implica esta profesión. La presión asistencial a la que se enfrentan hace inviable que puedan mantener un ritmo de trabajo exigente hasta los 65 años, como se pretende actualmente.
Además de las prioridades mencionadas anteriormente, es fundamental abordar la problemática de la falta de personal de enfermería en nuestros centros de trabajo. Es imprescindible que se apruebe la iniciativa legislativa popular presentada por esta organización sindical. Esta propuesta, que ha sufrido múltiples enmiendas y retrasos en su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, no es más que una ley de mínimos para garantizar unos ratios adecuados de enfermeras en nuestros centros de trabajo.
Contamos con un número de enfermeras muy deficitario con respecto a la media en el marco de la Unión Europea. A pesar de que en los últimos años se ha ido en aumento, la propia Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias reconoció recientemente que en Canarias harán falta más de dos mil setecientas enfermeras para alcanzar esos ratios europeos.
Es necesario legislar para garantizar la cobertura sanitaria de la población y formar a profesionales desde la universidad.
Asimismo, el incremento de agresiones a profesionales sanitarios en Canarias es alarmante. ¿Qué factores creen que están contribuyendo a esta situación y qué medidas concretas proponen para prevenir y abordar estas agresiones?
Con respecto a las agresiones, es crucial destacar que una de las peticiones históricas de este sindicato, en la que seguimos trabajando activamente, es la creación de un Observatorio de Agresiones.
Es fundamental identificar claramente qué está provocando las agresiones, dónde se están produciendo y por qué. Actualmente, contamos con protocolos o guías del Servicio Canario de Salud, pero cada comunidad autónoma tiene un enfoque distinto. Ninguno de estos se centra en la prevención, que es la única herramienta eficaz contra las agresiones. La falta de un observatorio que mida y analice la situación en detalle impide identificar las áreas de mejora necesarias.
Es importante recalcar que, en la mayoría de los casos, el usuario que agrede no está disconforme con la atención recibida por parte del profesional. Generalmente, las agresiones se deben a problemas con la parte administrativa, como retrasos, listas de espera o demoras en la atención. Esto evidencia una falta de recursos humanos y materiales, y no una mala atención por parte de los trabajadores.
En relación con estas preocupaciones del colectivo, me gustaría saber si han tenido la oportunidad de reunirse con los dirigentes políticos y si han recibido alguna respuesta a sus planteamientos.
Con respecto a las agresiones, nos hemos reunido recientemente con las autoridades tras la publicación del informe que solicitamos a principios de año. Este informe revela una situación alarmante: se produce una agresión a una enfermera o enfermero cada dos días en Canarias. Y, como mencioné anteriormente, esta cifra es solo la punta del iceberg.
Si bien existe disposición por parte de la administración para resolver el problema, la realidad es que el 11 de febrero de 2025, en el Congreso de los Diputados en Madrid, se rechazó una proposición de ley para crear un marco legal que acabe con la violencia en el ámbito sanitario que hemos solicitado desde el sindicato de enfermería a nivel nacional. Esta proposición recogía muchas de las medidas que llevamos años solicitando.
Lamentablemente, los políticos votaron en contra de crear este observatorio, dando la espalda a los trabajadores y trabajadoras sanitarias que sufren agresiones a diario. Es importante señalar que esto no es una cuestión de colores políticos, sino de proteger a los profesionales que sufren golpes, insultos y vejaciones.
En cuanto al resto de situaciones, nos encontramos con un Ministerio de Sanidad que está en conflicto con prácticamente la totalidad de los profesionales del Sistema Nacional de Salud debido a la modificación del estatuto marco.
Ante esta situación, no podemos más que pensar que no se está apos- tando por una sanidad pública y de calidad, ni por la inversión en salud, que es la única manera de garantizar generaciones futuras más sanas y evitar que el gasto sanitario se dispare hasta niveles inasumibles.
Fruto de esta preocupación, desde nuestra organización sindical reivindicamos el desarrollo de la enfermería escolar. En nuestra comunidad autónoma, este ámbito está prácticamente en pañales. Comenzamos hace tres cursos escolares con veintidós enfermeras escolares en Canarias y no se ha aumentado esta cifra, mientras que otras comunidades autónomas como Murcia cuentan con cien y Andalucía con más de cuatrocientas.
No tenemos un volumen de enfermeras escolares suficiente para abordar un problema futuro que no es otro que la prevención y la promoción de la salud. La salud y la educación son dos pilares fundamentales de nuestro estado de bienestar y su combinación puede ser básica para el futuro de los profesionales de la salud y de los usuarios del sistema público de salud, tanto en Canarias como en el resto del Estado.
¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la sociedad sobre la importancia de valorar y apoyar a los profesionales sanitarios, especialmente a las enfermeras?
El mensaje es claro y creo que la población en general lo entiende: las enfermeras están presentes en cada etapa de la vida, desde el nacimiento hasta los últimos momentos. Son profesionales altamente cualificadas, con vocación, ética y empatía, que viven por y para su trabajo.
Es fundamental que la sociedad y las administraciones reconozcan su enorme valor, retribuyéndolo adecuadamente y proporcionándoles un entorno de trabajo seguro y de calidad.
El mensaje para las enfermeras es el mismo: estamos aquí, somos una profesión fundamental y necesitamos estar unidas para afrontar las problemáticas que nos encontramos. No podemos permitir que estas dificultades nos debiliten. Tenemos que seguir fuertes, unidas y comprometidas para seguir reclamando los derechos que nos corresponden como profesionales.
