El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, a propuesta del consejero de Empleo y Desarrollo Local, Juan Díaz, ha aprobado hoy la convocatoria del año 2025 correspondiente al Plan de Incentivos para las empresas de la isla destinados a fomentar la contratación de desempleados pertenecientes a colectivos de difícil inserción, una convocatoria a la que se destina este año 5.002.150 euros. Gracias a estos incentivos en los últimos seis años se han generado más de 4.600 empleos, una media de más de 770 cada año.
Esta línea de subvenciones pretende favorecer la contratación indefinida, de formación en alternancia y formativa para la obtención de la práctica profesional de colectivos tales como los demandantes de empleo de larga duración, mujeres víctimas de violencia de género, personas menores de 30 años y mayores de 45, personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y miembros del colectivo LGTBI, en particular de la comunidad trans.
Además de la convocatoria, el Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado también la adenda para prorrogar el convenio con la entidad gestora de estas ayudas, la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP), una adenda que conlleva un gasto plurianual de 330.000 euros.
Economía circular
El pacto por Gran Canaria 23-27 de Gobierno Insular, en su apartado dedicado a empleo, afianzar la diversificación económica, impulsar la economía azul y circular, las producciones audiovisuales, la producción industrial y los polígonos que la fomentan, así como las zonas comerciales abiertas. Además de apostar por la digitalización e internacionalización de nuestra economía, fomentaremos nuevos nichos de economía productiva ligados al hidrógeno verde, los microchips, la mitigación y adaptación al cambio climático.
Atendiendo a estas directrices, en esta convocatoria se prima especialmente a las contrataciones que se realicen en sectores empresariales tales como las economías circular, verde y azul, además de los sectores audiovisual y digital. Es decir, se prima a los sectores que contribuyan al desarrollo presente y futuro de nuestra Isla.
Otro de los cambios propuestos en la presente convocatoria es la mayor incentivación a la contratación de personas trabajadoras por parte de las microempresas que tengan menos de 10 trabajadores, sean autónomos, entidades mercantiles o cooperativas. Es tradicional en Canarias y, en particular en Gran Canaria, la existencia de un gran tejido empresarial consolidado formado por microempresas comerciales, de servicios, etcétera. Además, las personas emprendedoras suelen iniciar sus proyectos empresariales con pocos o ningún trabajador y es en ese comienzo, cuando las administraciones públicas deben ayudar a la supervivencia y la escalada de esas actividades económicas.
Por otro lado, dado que los costes salariales han continuado su tendencia al alza en los últimos años y se pretende incentivar más los contratos de personas que más difícil tienen la empleabilidad, se ha optado por elevar aún más el importe de ciertos colectivos ya incentivados en la anterior convocatoria, en concreto, los de los parados de larga duración en general, que pasa de 10.000 a 11.000 euros, y el de personas desempleadas de 52 años o más, nuevo este año, que se sitúa en 11.000 euros. En el caso de los colectivos de personas con grado de discapacidad igual o superior al 45%, el importe del incremento sube de 2.000 a 3.000 euros.
De igual modo, con el objetivo de incentivar a todas las microempresas o autónomos cuya plantilla media tenga un valor inferior a 10 empleados se establecen dos incrementos, el destinado a microempresas o autónomos cuya plantilla media tenga un valor inferior o igual a cinco trabajadores (que pasa de 2.000 a 5.000 euros) y otro destinado a microempresas o autónomos cuya plantilla media tenga un valor superior a cinco e inferior a 10 trabajadores, que asciende a 3.000 euros. Por último, el importe de los incrementos por colectivo se puede acumular hasta un máximo de dos de ellos, con el fin de que la ayuda máxima a conceder no supere el teórico coste laboral mínimo de las empresas, lo que posibilita alcanzar un importe máximo subvencionable de 16.000 euros.
