El Consejo de Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y Empleo, ha tomado este lunes en consideración la iniciativa para modificar las leyes que regulan la actividad turística en las islas, la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, que van indefectiblemente unidas.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subraya que “el objetivo es establecer un marco normativo completo y actualizado, que aborde los retos del destino desde una perspectiva sostenible y tenga en cuenta la fragilidad del territorio insular y el bienestar de los residentes». La regulación tendrá que ser compatible con la realidad actual, además de incorporar o cambiar aspectos ya aprobados en la normativa estatal y autonómica, eliminando o corrigiendo las rigideces innecesarias y aquellas determinadas por el Tribunal Constitucional.
En este sentido, la titular de Turismo apunta que “como consecuencia de la reforma de la Ley 7/1995 se producirán cambios sustanciales en la Ley 2/2013 porque ambos textos regulan aspectos comunes, de ahí que hayamos decidido actualizarlas para acercarlas a los ciudadanos y profesionales, además de simplificar las normas que regulan la actividad turística en las islas”.
De esta manera, la nueva ley abordará los retos de un destino maduro como Canarias desde la perspectiva de la sostenibilidad social, ambiental y económica. “El texto incorporará medidas para evitar o paliar los efectos de la problemática por la falta de vivienda para residencia habitual en las zonas turísticas atendiendo a las necesidades habitacionales de la población”, destaca De León.
Precisamente, esta situación motivó la aprobación el pasado mes de marzo del Decreto ley de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico por el que se modifica la ley 2/2013 que anticipa algunas de las medidas más urgentes en el ámbito del uso del suelo y la reconversión de ciertos establecimientos de uso turístico con el fin de mitigar la situación habitacional y ofrecer seguridad jurídica a las personas afectadas por residir en zonas turísticas.
Además, a través de la futura norma deberá afrontarse el estatuto de municipios de gran afluencia turística y diferenciarlo de aquellos que, formando parte del destino Islas Canarias, no soportan los mismos niveles de prestación de servicios públicos ni de presión sobre el territorio. En este caso, deberán tener un protagonismo distinto en las políticas de infraestructuras y servicios prestados.
También prevé incorporar aspectos relativos a la renovación y modernización de zonas turísticas degradadas, atendiendo a estándares más exigentes del planeamiento y la edificación, en consonancia con las modificaciones del marco normativo europeo, estatal y autonómico.
Con la puesta en marcha de esta iniciativa “cumplimos con la agenda que nos marcamos al inicio de la legislatura, la de renovar el bloque normativo de la actividad turística, que fijaba cuatro hitos legislativos, entre los que se encuentra la redacción de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que regula el alquiler vacacional, la modificación del decreto para desarrollar actividades de Turismo Activo, el primer reglamento para ordenar la modalidad de campings y acampadas y la reforma de la Ley 7/1995 y de la 2/2013”, concluye la consejera.
