La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha expresado su decepción con el resultado “Ya intuíamos que no iba a haber acuerdos, pero es verdad que ni siquiera se han debatido ni votado determinadas cuestiones planteadas por las comunidades autónomas. Canarias evidenciaba la situación que tenemos, la necesidad de que este acuerdo saliera adelante pero no ha sido posible. El Ministerio, no obstante ha anunciado que aplicará el Real Decreto y que convocará en dos meses una nueva Conferencia Sectorial ordinaria para debatir y votar los criterios de distribución”, aseguró a la salida de la reunión de más de cuatro horas. “Tenemos la sensación de que hemos vuelto al punto de partida, o incluso, retrocedido”, señaló Delgado.
“Canarias no tenía capacidad de acogida para la cantidad de menores de los que nos tuvimos que hacer cargo, y los tuvimos que asumir creando esos recursos de la nada”, recordó. “Por nuestra condición de territorio fragmentado y limitado, no solo tenemos un problema de recursos físicos y económicos, porque la atención a los menores la asume íntegramente el archipiélago, con la aportación de 50 millones del Estado cuando calculamos que nos cuesta más de 180 anualmente. Pero es que, además, no solo tenemos problemas financieros, sino que tenemos problemas para encontrar el personal adecuado, lo que pone en peligro la atención adecuada en los distintos ámbitos de acogida. Los menores están siendo afectados por esta situación en el ámbito físico, psicológico, educativo… Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano por que la atención sea digna, pero si en algún momento sucede algo que no podamos controlar, no será proque no hayamos advertido de que estamos en una situación límite y necesitamos de la solidaridad interterritorial”, advirtió.
“Estos niños también huyen de la guerra y de situaciones por las que no debería pasar ningún menor. Nuestra obligación es ponernos todos en su piel y en las de sus familias y procurarles la vida más digna posible, al tiempo que descargamos el sistema en Canarias para poder mejorar la atención a todos los menores del Archipiélago”. “Debemos seguir apelando al principio constitucional de la solidaridad territorial. Demorar los acuerdos de esta Conferencia Sectorial perjudica el interés superior de los menores que siguen hoy en día en condiciones de hacinamiento y así lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional”.
Delgado, no obstante, ha hecho notar al Ministerio que no ha presentado ni el cronograma, ni la financiación, ni el marco jurídico que va a tener esta emergencia. “La propuesta presentada hoy no iba más allá del acuerdo del RD pero, entre otras cosas, también falta conocer cuál va a ser el órgano competente para fijar la distribución, o establecer cómo se va a trabajar con la Fiscalía, que es la que tiene que escuchar a los menores”.
“Caso aparte son los menores asilados de los que el Estado tiene que hacerse cargo y todavía no tenemos una respuesta sobre cuál va a ser el procedimiento porque, de nuevo, la respuesta de que el sistema de protección internacional del Estado no está preparado para acoger menores, no nos vale. Debemos ofrecerles la protección que por derecho les corresponde, y ese deber es del Gobierno Central”, sentenció.
El sistema canario de acogida estaba originalmente diseñado para acoger una media de 1.700 menores en total, de los cuales, aproximadamente 200 plazas serían para extranjeros no acompañados. Sin embargo, la realidad actual refleja un incremento drástico, alcanzando casi los 6.000, lo que evidencia la magnitud del desafío al que se enfrenta Canarias, en términos de recursos y de capacidad de atención.
