Antes de abordar en detalle la complejidad y las líneas de trabajo del Gobierno en este 2025, y habiendo superado ya el ecuador de la legislatura con una cantidad significativa de datos para analizar nos gustaría que realizara un balance. ¿Podría, por favor, describir los hitos más importantes alcanzados durante estos dos años de legislatura que, según se percibe, han brindado estabilidad a Canarias, y cómo estos logros sientan las bases para los próximos dos años?
Es una pregunta compleja, pero considero que la característica principal del Gobierno de Canarias, en contraste con el panorama político nacional, radica en su estabilidad y tranquilidad. El presidente Fernando Clavijo ha demostrado una clara obsesión por el «modo canario» de entender los asuntos de esta tierra. Esto implica un diálogo constante con todas las fuerzas políticas en el Parlamento, abordando temas cruciales como la vivienda (incluida la vacacional), la inmigración y la productividad, entre otros.
Existe una segunda fase crucial para el Gobierno, que consiste en la identificación de los problemas principales que afectan a la comunidad autónoma y en el abordaje proactivo de los mismos. Esto implica, fundamentalmente, la toma de decisiones, independientemente de su popularidad.
El primer gran bloque lo constituye la vivienda, que considero el problema más acuciante para la comunidad autónoma canaria. De esta problemática principal se desprenden ramificaciones como la vivienda vacacional, la vivienda para jóvenes y la vivienda de protección oficial.
Un segundo bloque se centra en la sanidad y los asuntos sociales. Aquí se incluyen aspectos sociosanitarios y de dependencia, así como la percepción actual de la prestación del servicio sanitario. Si bien se ha incrementado significativamente el presupuesto destinado a la sanidad, resulta imperativo introducir innovación y mejoras en la gestión. El mero aumento presupuestario ya no se traduce en una mejora perceptible en la calidad del servicio.
Un tercer aspecto, y sin duda el que ha marcado o está marcando esta legislatura, es el fenómeno migratorio. La realidad nos ha llevado a esta situación, y en este ámbito se han logrado hitos significativos. Destaca el acuerdo alcanzado hace pocas semanas con el Gobierno del Estado, el cual permite, por primera vez en treinta años, que los menores migrantes no acompañados puedan salir de la comunidad autónoma canaria, asumiendo el Estado su responsabilidad.
Este logro representa uno de los hitos más importantes de las últimas semanas, especialmente al considerar el verdadero drama humanitario que el Gobierno de Canarias ha estado afrontando por años. Entendemos que, al menos, existe una satisfacción considerable por este primer avance, un hito sin precedentes en nuestro país.
Sí, sin duda hay satisfacción. Después de dos años de incesante lucha, de intentar concienciar y de lograr que la atención se dirija hacia Canarias, alcanzar un reconocimiento de esta naturaleza es un logro significativo. Aunque aún estamos en la fase de asegurar el cumplimiento, el reconocimiento oficial por parte del Gobierno del Estado de los solicitantes de asilo y protección internacional, incluyendo por primera vez a menores que se encontraban en Canarias, marca un hito. Esto nunca había sucedido antes y se ha producido esta misma semana, lo que inicia un nuevo camino.
Es cierto que hemos experimentado muchos sinsabores en estos dos años y que aún quedan desafíos por delante. Sin embargo, la realidad es que Canarias está completamente saturada y necesita con urgencia que se inicien las derivaciones a otras comunidades autónomas de manera prioritaria. Esto ya ha sido reconocido y se comenzará a implementar. En este nuevo camino, nuestro rol será el de vigilancia y seguimiento constante.
Uno de los principales retos a nivel nacional, y que Canarias sufre de manera particular, es el tema de la vivienda. Sé que este Gobierno está realizando un esfuerzo considerable para empezar a encontrar soluciones en este ámbito. ¿Cómo podemos comenzar a superar esta grave situación que afecta al ciudadano canario en general, incluso en localidades donde históricamente no existían problemas de vivienda?
A este gobierno le ha correspondido la tarea de gestionar esta compleja situación. Para abordarla, planteamos varias líneas de acción. Una de ellas implica la necesidad de obtener protección por parte de la Unión Europea y el Estado español en lo que respecta a la compra de viviendas o el empadronamiento por parte de extranjeros. Aunque estas puedan parecer medidas contundentes, es crucial desglosar y trabajar en esta problemática. Desde el Gobierno de Canarias, hemos propuesto diversas líneas de trabajo que consideramos vitales.
El presidente ha estado recientemente en Bruselas abordando este asunto. Nuestra condición de Región Ultraperiférica (RUP), que nos otorga una singularidad en la Carta Magna Europea, nos permite invocar medidas excepcionales para Canarias. En este marco, estamos luchando por obtener el apoyo necesario.
En paralelo, trabajamos con el Gobierno del Estado en una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local. Entendemos que esta modificación nos permitiría limitar la adquisición de viviendas por parte de extranjeros que residen temporalmente con fines vacacionales. Si bien sería más complejo restringir la compra a quienes desean trasladar su residencia y trabajar en Canarias, buscamos dificultar la adquisición a aquellos cuya intención es especulativa o que solo ocuparán la vivienda dos meses al año.
La primera línea de trabajo del Gobierno de Canarias se centra en la facilitación de la construcción de más viviendas, un objetivo que se aborda desde tres vertientes clave. La primera es el suelo: es fundamental disponer de terrenos. Para ello, se han realizado y se están tramitando modificaciones en la ley del suelo con el fin de simplificar la liberación de terrenos, incluyendo aquellos que antes tenían un uso turístico, para destinarlos ahora a la vivienda residencial.
La segunda vertiente es la simplificación de los trámites para la obtención de licencias de construcción. Actualmente, la media para que constructores y ayuntamientos obtengan una licencia es de dos años, si todo transcurre sin problemas; si algo se tuerce, el proceso puede prolongarse aún más. Para agilizar esto, ya existe un decreto que permite reducir este plazo a seis meses.
Finalmente, la tercera pata se enfoca en la financiación. Se ha logrado, a través del Régimen Económico y Fiscal (REF) y la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), una dotación de dos mil millones de euros en RIC en este momento.
Se puede invertir en vivienda exclusivamente para alquiler de primera ocupación. Es crucial destacar que no se permite la inversión en vivienda para alquiler vacacional ni para otros usos como segundas o terceras residencias. La inversión está destinada únicamente al primer uso en viviendas de alquiler de larga duración. A los seis meses se revisará que la vivienda mantenga este régimen durante varios años, algo que quiero enfatizar. Por lo tanto, nuestra estrategia se basa en dos líneas principales: reducir la presión sobre el mercado de la vivienda y desbloquear los temas relacionados con la vivienda.
Una cuarta y última medida, es la regulación de la vivienda vacacional. El anterior gobierno no tomó ninguna acción al respecto, a pesar de las muchas declaraciones. Sin embargo, nuestra Consejera de Turismo ya ha elaborado un texto legal que está sobre la mesa y esperamos que esté aprobado y en vigor antes de finalizar el año.
Me gustaría detenerme en un hito anterior, la modificación de la RIC (Reserva para Inversiones en Canarias) para permitir la inversión en vivienda. Esta medida abre un nuevo campo para las inversiones de la RIC, ayudando a aliviar la acuciante falta de vivienda.
Estoy de acuerdo en que esto debería suponer un cambio de ritmo significativo. Si logramos identificar suelo disponible, agilizar las licencias y desbloquear la inversión de fondos existentes, el mercado de la vivienda debería dinamizarse considerablemente.
Permítame relacionar esto con un aspecto que considero crucial y que mencionamos al inicio: el «modo canario». La modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) y la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) se lleva a cabo en el Congreso de los Diputados, en Madrid.
Lograr que el Partido Socialista y el Partido Popular llegaran a un acuerdo en este tema, dadas las circunstancias políticas actuales, no era tarea fácil. Esto fue resultado de un arduo trabajo de convencimiento y perseverancia, insistiendo en la singularidad de la situación canaria y la necesidad de una perspectiva diferente. El objetivo siempre fue mantener el foco en el fondo del asunto, en las necesidades técnicas y urgentes de los ciudadanos, una insistencia constante en reorientar la atención hacia las prioridades cuando la discusión se desvía hacia la confrontación partidista.
Respecto a la vivienda vacacional, entiendo que la ley que se está gestando en Canarias será una medida valiente. ¿Cuáles serán los preceptos principales de esta ley que esperamos ver aprobada?
La prioridad es ordenar el caos actual, resultado de lo que consideramos una clara dejación de funciones por parte del gobierno anterior. Estamos trabajando en una ley pionera a nivel europeo, lo que exige una gran prudencia.
Creemos que la nueva normativa debe respetar las diferencias fundamentales entre los usos. Los ritmos y las dinámicas de una propiedad vacacional no son los mismos que los de una vivienda residencial en una comunidad de propietarios. Es inaceptable que viviendas concebidas como de protección oficial se utilicen para fines vacacionales. Si aspiramos a un modelo turístico de éxito y calidad, la vivienda vacacional también debe cumplir con estándares mínimos de calidad.
Además, la vivienda vacacional es una actividad clasificada y económica. Esto es un punto claro para nosotros. Se obtiene un rendimiento económico de ella y debe ser tratada como tal. Una vez que la ley llegue al Parlamento, se deberá debatir y decidir qué porcentaje de la vivienda construida se puede destinar a uso vacacional.
Es vital entender que Canarias es compleja, compuesta por ocho realidades diferentes. Lo que funciona en El Hierro no necesariamente es aplicable en Fuerteventura, y lo que es válido para el área metropolitana de Tenerife puede no serlo para los municipios del norte de la misma isla. En este sentido, la Consejería ha realizado un gran esfuerzo para escuchar a la FECAM, la FECAI y a todos los operadores y asociaciones implicadas antes de tomar estas decisiones.
Parece que este Gobierno de Canarias ha tenido una presencia sin precedentes en Bruselas. Hemos visto al sector primario desplazarse a Bruselas para defender sus intereses, y al propio presidente Fernando Clavijo abordar allí temas clave como la inmigración.
Es fundamental reconocer que un gobierno tiene la responsabilidad no solo de gestionar la inmediatez y la emergencia, sino también de adoptar una visión a largo plazo. Esta perspectiva de «luces largas» recae en el Gobierno de Canarias y en quien lo preside, el señor Clavijo.
«Si aspiramos a un modelo turístico de éxito y calidad, la vivienda vacacional también debe cumplir con estándares mínimos de calidad»
Los grandes asuntos que conciernen a Canarias se deciden en Bruselas. Hablamos de inmigración, agricultura y una multitud de otros temas. Todas las normativas que emanan de Bruselas requieren una adaptación a nivel estatal en España, y nuestro objetivo es que se incorpore una singularización específica para Canarias. Esto se basa en nuestro anclaje constitucional como región ultraperiférica dentro de la Unión Europea, lo cual nos confiere un estatus especial. Liderar este proceso es crucial.
Debo señalar que, en muchas ocasiones, este Gobierno de Canarias, especialmente en materia migratoria, se ha sentido más es- cuchado por Bruselas y la Comisión Europea que por el propio Gobierno de Madrid. El ruido y la polarización que dominan el Congreso de los Diputados apenas permiten abordar temas que no sean endogámicos o la propia confrontación entre partidos.
En contraste, en Bruselas se abordan temas vitales. En estos días, el presidente ha estado allí discutiendo la actualización de la ficha del POSEI, que lleva 18 años sin modificarse. El POSEI es fundamental para que nuestro sector primario no solo sobreviva, sino que tenga garantías de continuidad. También hemos hablado de cláusulas espejo: si se exigen ciertos estándares a un huevo o un tomate que entra en Europa desde Marruecos o Latinoamérica, se deberían exigir las mismas cláusulas a quienes producen aquí. Es injusto que a nosotros se nos impongan requisitos específicos para piensos o fertilizantes, mientras que en otros lugares se pueden utilizar productos sin las mismas exigencias, y luego ambos compiten en igualdad de condiciones en el lineal del supermercado. Estos temas, que parecen obvios, se regulan principalmente en Europa.
Europa se prepara para regular, por primera vez, el asunto del asilo y la migración a través de un pacto europeo. Es importante señalar que este pacto no distingue entre niños y adultos. Sin embargo, en Canarias hemos aprendido, por pura necesidad, la crucial diferencia entre un migrante menor y uno adulto. Por eso, necesitamos que la normativa europea y sus desarrollos protocolarios singularicen esta distinción.
Temas tan vitales como este exigen un posicionamiento claro. El presidente Fernando Clavijo, junto con los diferentes ministros de los estados miembros, debe conseguir que nuestra perspectiva sea escuchada.
Para usted, ¿cuáles son los objetivos ineludibles que deben cumplirse antes de finalizar la legislatura?
Considero que, de aquí al final de la legislatura, es ineludible haber regulado y promovido todo lo referente a la vivienda. Este es un asunto que no puede quedar pendiente.
Además, deberíamos tener en marcha un tercer plan de infraestructuras sociosanitarias, algo de gran importancia para el Presiden- te. Nos dirigimos hacia una población cada vez más envejecida, con variaciones entre las islas, y debemos ser capaces de consolidar una inversión sólida que nos permita dejar un plan de infraestructuras sociosanitarias mejorado.
En el ámbito de la sanidad, y aunque esto pueda generar controversia, no solo buscamos más inversión, más recursos o una mayor estabilidad para los profesionales médicos, sino también la implementación de innovaciones tecnológicas que generen un cambio perceptible. Confío en que veremos una mejora sustancial en este aspecto.
Finalmente, creo que el objetivo primordial es intentar dejar una Canarias con menos desigualdades en función de la isla o el municipio de residencia. Mi aspiración, quizás romántica, es terminar esta legislatura con una Canarias más equitativa, donde la ubicación no determine las oportunidades.
Esperamos que el próximo año, cuando tengamos la oportunidad de entrevistarle nuevamente, solo queden algunos detalles pendientes.
El presidente, en una reunión interna reciente, compartió una máxima que considero clave: si creamos una ley nueva, que sea para eliminar tres o cuatro de las anteriores. Se trata de perseguir la idea de que cada nueva ley debe tener el espíritu de ordenar y regular, pero también de simplificar. Es decir, que cada nueva norma nos permita eliminar dos o tres existentes. En eso estamos, es un caballo de batalla muy marcado para el presidente.
