No podemos evitar comenzar esta entrevista con la buena noticia con la que nos encontrábamos hace unos meses, pues ha sido aprobada la moción en el Senado para la reclasificación de los cuerpos de Ingenieros Técnicos y Arquitectos Técnicos al subgrupo A1 de la Administración Pública. ¿Satisfechos?
Bueno, es un paso más en el reconocimiento del derecho de nuestros profesionales a ocupar el nivel que les corresponde en la función pública. No a ocupar el puesto de nadie, no a desplazar a nadie como en algunos ámbitos pretenden hacer con nosotros, sino a llegar al nivel que por formación y capacitación nos corresponde, por supuesto superando las pruebas que correspondan. Satisfechos estaremos en cualquier caso cuando esta iniciativa cristalice en dejar sin efecto la disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Una disposición que era temporal por su propia definición, que estaba condicionada a la implantación de los títulos de grado, algo completado y consolidado desde hace ya muchos años, y que sin embargo desde algunas instancias se pretende mantener de forma totalmente injusta.
¿Qué supondrá esta nueva reclasificación para el colectivo?
Supondrá de entrada hacer justicia, y es que cuando la generalidad de las profesiones acceden con el grado al nivel A1 de la función pública, en la ingeniería, con títulos de grado con la misma carga de 240 ECTS, se pretenden mantener postulados obsoletos basados en criterios clasistas que no obedecen a objetividad alguna, y que por supuesto en el resto de Europa están ya superados, siendo el título de grado el habilitante para el ejercicio de la profesión.
Sin embargo, la lucha y las peticiones no acaban aquí, ¿verdad? ¿Qué más piden al Gobierno Central?
Realmente creo que no se trata de pedir, se trata insisto de que se haga justicia, que se adopten las medidas necesarias, sencillas realmente en este caso con el simple requerimiento de derogación de la disposición transitoria citada, para que nuestros titulados ocupen el nivel que les corresponde.
Cambiando de tercio, nos trasladamos a Canarias, donde uno de los proyectos más importantes en los que participa el Colegio, es la Mesa de la Ingeniería canaria. ¿Qué se pretende con ella?
La Asociación Mesa de la Ingeniería de Canarias, MICAN, acaba de nacer agrupando a todas las profesiones implantadas en nuestra comunidad autónoma, desarrolladas por las personas egresadas como ingenieras técnicas o graduadas en ingeniería, vinculadas a su ejercicio en Canarias a través de los Colegios Profesionales u organizaciones colegiales asociadas.
Son muchos temas los que nos unen, lo comentado anteriormente del acceso de los graduados al nivel A1 de la función pública sin ir más lejos, y con ese espíritu de unión nace este proyecto, para de entrada defender nuestras profesiones, distintas pero complementarias siempre, y para por ejemplo poder ser nexo de unión entre el mundo universitario, el ámbito empresarial y el colectivo profesional de la ingeniería.
¿Cuáles son esos grandes retos a los que se enfrenta el sector en las islas?
Los Colegios profesionales nos enfrentamos al reto continuo de, como corporaciones de derecho público, y más allá de que en nuestro caso la colegiación es obligatoria para el ejercicio de la profesión, dar el mejor servicio posible a nuestros colegiados, además de por ejemplo fomentar la incorporación de los más jóvenes que recién se egresan de la universidad.
¿Sigue siendo el exceso de burocracia una lacra para este y otros sectores relacionados? Lo cierto es que, desde el Gobierno de Canarias, afirman abogar por una simplificación.
Por supuesto. Trámites repetidos entre administraciones, plazos eternos en la gestión de licencias o permisos, etc., son aspectos que van directamente en contra de cualquier criterio de eficacia en la gestión. Y ahí quiero recordar que los Colegios profesionales podemos ser una herramienta muy útil para, trabajando con las administraciones públicas correspondientes, estar al servicio de la sociedad.
En el caso particular de nuestro Colegio, cuando existió el visado de calidad y conformidad para los proyectos de instalaciones eléctricas, por ejemplo, contribuimos a descargar de trabajo a la propia administración pública, consiguiendo reducir plazos y aumentar la seguridad de las instalaciones. Lamentablemente, malas decisiones en algunas instancias contribuyeron a que desapareciera este servicio, aunque el propio Gobierno de Canarias ha aprobado recientemente el Decreto Ley 3/2025, de 21 de abril, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, que implica a los Colegios en los procedimientos regulados.
«Los Colegios profesionales podemos ser una herramienta muy útil para, trabajando con las administraciones públicas correspondientes, estar al servicio de la sociedad»
¿Qué otros proyectos y líneas de trabajo tiene en su haber el Colegio?
Nuestras líneas de trabajo pasan siempre por aspectos claves como la defensa de nuestra profesión, cuando por ejemplo se nos pretende excluir como titulación competente para un determinado trabajo y tenemos actuar con los recursos correspondientes, o como la preparación de una oferta formativa de calidad tanto a través de nuestra plataforma de formación on line, gestionada por nuestro Consejo General, como con acciones que de forma presencial se suelen realizar en nuestra sede.
Tenemos asignaturas pendientes, como intentar incrementar el número de mujeres que acceden a las profesiones de ingeniería, fomentar las vocaciones entre nuestras niñas para que sean ingenieras en el futuro.
Para esto y para muchas cosas más, mantenemos plenamente activo nuestro compromiso de trabajo en defensa de nuestra querida profesión. Y no me gustaría terminar esta respuesta sin recordar que nuestro querido Colegio celebrará el próximo año su 50 aniversario, 10 lustros trabajando para nuestros colegiados, y sobre todo al servicio de la sociedad en general.
