Arona ha anunciado la creación de un ambicioso plan de vivienda pública. ¿Cuál es el número exacto de viviendas que el consistorio prevé construir o promover en los próximos cuatro años?
En los dos años que nos quedan de mandato, esperamos que se licite la construcción de viviendas llevada a cabo por el ICAVI y el Cabildo de Tenerife, que asciende a unas 59 viviendas, que estarán ubicadas en Las Rosas. Por otro lado, ya disponemos de unas 35 viviendas en La Camella finalizadas hace unos 20 años, que no hemos podido entregar a la espera de solventar un problema relacionado con temas urbanísticos de la zona.
Pero lo más importante es poder dotar en breve al área de los medios técnicos para poder llevar a cabo importantes proyectos, que realmente supongan una inyección de viviendas para el municipio lo antes posible, así como medidas de incentivo al alquiler o la rehabilitación desde otro planteamiento debido a que el actual no está funcionando bien, además de otras medidas para abordar el problema, ya que no se ha realizado en los últimos años ninguna actuación que trate el problema de manera global.
El modelo económico de Arona está básicamente ligado al turismo. Sin embargo, la conversión masiva de vivienda residencial en alquiler vacacional es un factor clave en la crisis de vivienda. ¿Qué balance hace su equipo de gobierno sobre el impacto de la vivienda vacacional en la disponibilidad de vivienda para los residentes?
El incremento de la vivienda vacacional se está sufriendo en todos los municipios. No considero que sea la principal causa de la crisis habitacional, pero sí está claro que afecta sobre todo a los precios y la oferta, por lo que el balance no se puede hacer sin un estudio minucioso de la realidad del municipio en este sentido. Por ello, la regulación de la vivienda que va a aplicarse desde el Gobierno de Canarias es fundamental. Hace muchos años que se está advirtiendo de la problemática que puede causar este incremento sin control de las viviendas vacacionales, pero también hay que ser conscientes que no hay protección ni seguridad para los propietarios que quieren alquilar, ni tampoco ha existido en los últimos años una política de vivienda real ni efectiva.
La reciente Ley de Vivienda de Canarias permite a los municipios regular el alquiler vacacional. ¿Tiene Arona la intención de aprobar una moratoria o de establecer regulaciones más estrictas sobre la vivienda vacacional en el municipio? ¿Se están planteando zonas específicas donde no se permita esta actividad para proteger el mercado de alquiler residencial?
Arona no tiene por ahora ninguna medida concreta ni aprobada sobre la regulación del alquiler vacacional. En primer lugar, porque no disponemos de los medios suficientes para abarcar y gestionar estas cuestiones, y, en segundo lugar, porque debemos analizar con profundidad como podemos abordar estas viviendas desde el punto de vista municipal. Nos estamos planteando muchas opciones para proteger las zonas residenciales, pero sobre todo proteger a los ciudadanos. Es una tarea muy complicada y ha sido en estos dos años que llevamos de mandato, cuando ha salido el debate y la ley reguladora a nivel regional, así que queda mucho por hacer.
A menudo se habla de la sostenibilidad como una prioridad, pero ¿cuál es la estrategia del Ayuntamiento para integrar los criterios de sostenibilidad de manera transversal en el sector de la vivienda?
La estrategia de sostenibilidad tiene que ser transversal en todas las áreas. En el caso concreto de la vivienda debemos entender que las condiciones de viviendas sostenibles deben enfocarse en la optimización de los recursos utilizados y los que se vayan a utilizar tanto a largo como a corto plazo. Es decir, la sostenibilidad entendida como de eficiencia económica, social y ambiental. Para ello debemos hacer cumplir los requisitos tanto en la creación como en el mantenimiento de las viviendas. Es este sentido están implicadas áreas como Medio Ambiente, Obras, Vivienda y Urbanismo. Somos conscientes que nos quedan muchos retos por cumplir, pero tenemos claro que es una prioridad de trabajo junto a la de aumentar las posibilidades de vivienda para la demanda ciudadana.
La proliferación de «poblados» de caravanas y autocaravanas se ha convertido en una imagen visible en Arona, especialmente en zonas como Los Cristianos. ¿Se ha podido notar un incremento en la cantidad de caravanas en comparación con el año anterior? ¿A qué atribuye este aumento tan significativo? ¿Consideran que es una consecuencia directa de la falta de oferta de alquiler asequible y del alza incontrolable de los precios en el municipio?
Se llevan viendo caravanas durante muchos años y no se ha actuado, ni en establecer una regulación ni en crear espacios para las caravanas y autocaravanas que son un tipo de turismo que también tiene su relevancia. Por ello estamos trabajando e intentando solventar esas cuestiones, es decir, en la regulación y en la creación y ubicación de espacios para estos usuarios.
Una de las cuestiones que puede ser la causa del incremento en los últimos años, es el problema habitacional, ya que muchas personas se han tenido que ver en la obligación de llegar a vivir en estos vehículos, por lo que no estamos hablando de un uso turístico sino habitacional. La dificultad para acceder a un alquiler y la escasa oferta de vivienda ha repercutido en esta extrema decisión. Esta escasez de oferta habitacional se debe principalmente a una nula planificación en la construcción de vivienda tanto pública como privada que, unido al gran crecimiento poblacional de los últimos años, ha desbordado la demanda.
Considerando que este problema podría agravarse, ¿cuál es la visión a largo plazo del Ayuntamiento de Arona para gestionar la convivencia entre el turismo, los residentes y aquellos que, por necesidad, han optado por vivir en caravanas?
Somos conscientes que no hay una única solución para este problema que, pasa por una parte en construir más viviendas de manera controlada. Pero, por otra parte, también en otros aspectos como una regulación y control de las cuestiones que tengan que ver con las caravanas y, sobre todo, un cambio urgente en las leyes de nuestro país para que el propietario se sienta protegido a la hora de alquilar una vivienda, además, claro está, en aplicar de una vez por todas, medidas concretas y efectivas en la creación de vivienda.
El Gobierno nacional y regional debe asumir responsabilidades en este problema tan complicado porque los municipios, los ayuntamientos, no disponemos de herramientas ni medios para abordar de manera urgente este problema en la medida y rapidez que se necesita. Por un lado, se trata de flexibilizar las restricciones a las que estamos sometidos los Ayuntamientos y por otro, en trabajar en leyes que den seguridad a la ciudadanía y facilitar vivienda digna a las personas.
Desde su posición en el Ayuntamiento, ¿cuál considera que es el mayor reto para cumplir sus objetivos relacionados con la vivienda en el municipio de Arona?
El mayor reto que debemos afrontar es poder dar una alternativa a corto plazo a los que necesitan un lugar donde vivir. Eso es lo más que nos preocupa. Pero para ello necesitamos ayuda de las administraciones tanto insular, regional como nacional para poder llevar a cabo una política urbanística real y adecuada a las necesidades actuales. En definitiva, se trata de dar respuesta a grandes retos como el de la ocupación ilegal, la autoconstrucción y el chabolismo, pero esto pasa necesariamente por tener una seguridad jurídica, por la construcción de vivienda, y por una planificación del suelo con visión de futuro.
