Canarias cuenta con un marco fiscal propio pensado para compensar la lejanía y la insularidad, como el REF y el IGIC. ¿Cree que este marco está siendo suficientemente aprovechado por los pequeños empresarios?
Nuestro Fuero Histórico existe para compensar las desventajas estructurales de Canarias derivadas de la lejanía y la fragmentación territorial y debe evolucionar para adaptarse a la realidad económica y social de Canarias en cada momento de nuestra historia. Hoy es evidente que necesita adaptarse para llegar a la mayoría del tejido productivo. Canarias tiene una renta per cápita un 20% inferior a la media nacional y, aun así, solo alrededor del 2% de los 146.000 autónomos se beneficia de los incentivos fiscales, cuando los autónomos generan aproximadamente el 21% del PIB canario. Un marco fiscal que no tiene en cuenta al 98% del tejido productivo no puede considerarse moderno ni adaptado a la realidad actual. ATA, en su compromiso de defensa de este numeroso colectivo, propone medidas concretas: un IGIC franquiciado hasta los 85.000 euros, igualar las deducciones para los autónomos en la modernización de sus negocios y una deducción en el IRPF para quienes tienen ingresos bajos. Elevar la renta de quienes menos ganan es la forma más rápida de activar la economía, y además, según el Banco de España, cada euro adicional de renta puede generar hasta 1,50 euros de PIB inducido. Un Fuero que no llega al 98% del tejido productivo no es un Fuero adaptado a la Canarias de hoy.
Uno de los reproches históricos del tejido empresarial es la excesiva carga administrativa, especialmente para quienes inician un proyecto. ¿Hasta qué punto la burocracia sigue siendo un freno para el emprendimiento y la consolidación empresarial?
No olvidemos que la Burocracia es el conjunto de estructuras, normas y procedimientos mediante los cuales el Estado administra la funciones que le hemos asignado y por las que toma decisiones de manera reglada. La Constitución Española de 1978 no utiliza la palabra “burocracia”, pero sí establece claramente el papel de la Administración pública y su orientación al interés general, dentro del cual la actividad económica y la generación de recursos son elementos esenciales para sostener el Estado social.
Debemos avanzar hacia un concepto positivo de Burocracia, alineada con el espíritu de nuestra Constitución.
La Burocracia debe estar al servicio del emprendimiento y sobre todo de darle estabilidad a los Negocios de ayudarlos en su consolidación y crecimiento.
Se debe facilitar el acceso a las ayudas públicas existentes, y facilitar un marco que acompañe al autónomo en su día a día. Según el Barómetro de ATA, los autónomos dedican unas 200 horas al año a trámites burocráticos y cerca del 90% afirma que la burocracia ha aumentado. A ello se suma la complejidad regulatoria: el Boletín Oficial del Estado supera las 230.000 páginas al año, con cambios normativos constantes que afectan a fiscalidad, cotizaciones, contratación, licencias o protección de datos. Pretender que un autónomo pueda leer, interpretar y aplicar ese volumen de normativa es sencillamente irreal. Esta situación tiene consecuencias muy claras. Es deber de todos redirigir la Burocracia para
que recupere su función al servicio de la Sociedad, fomentando la actividad diaria, y
facilitando el acceso a ayudas públicas. Una ayuda de 2.000 euros puede implicar tanta documentación, controles posteriores y riesgo jurídico que muchos autónomos, aun necesitándola, optan por no solicitarla. Cada trámite y cada cambio normativo es tiempo que se resta a producir, vender o crecer. Si queremos más emprendimiento y más consolidación empresarial, necesitamos una administración más sencilla, más ágil y pensada para la realidad del pequeño negocio.
Para el trabajador autónomo, la burocracia, con más de 230.000 páginas de normativa al año, ha dejado de percibirse como una estructura de apoyo y garantía, y ha pasado a funcionar como un conjunto de obstáculos que dificultan la actividad económica, en contradicción con el espíritu de eficacia y servicio al interés general proclamado por la Constitución.
Desde su posición al frente de ATA Canarias, tiene un contacto directo con la realidad diaria de los autónomos. ¿Qué problemas concretos detectan con mayor frecuencia entre los trabajadores por cuenta propia?
El Observatorio del Autónomo y el Barómetro de ATA reflejan con bastante claridad los principales problemas del colectivo. El primero es el incremento constante de los costes, especialmente los laborales, fiscales y energéticos, que reducen márgenes ya de por sí muy ajustados. A esto se suma la excesiva carga administrativa y la inseguridad jurídica, con cambios normativos continuos que dificultan la planificación. Otro problema muy recurrente es la dificultad para contratar personal. Muchos autónomos quieren crecer, pero no se atreven a hacerlo por el coste laboral, la rigidez normativa y el miedo a no poder asumirlo si la actividad se resiente. Todo ello se agrava porque el autónomo sigue teniendo una protección social claramente insuficiente cuando más la necesita: en una baja laboral, en un cese de actividad, en el acceso al paro, en una baja por maternidad o paternidad o en prestaciones como el subsidio para mayores de 52 años. Muchas mejoras se han pactado, pero no han llegado todavía a la realidad diaria de los autónomos. La etapa más complicada para un autónomo es, precisamente, cuando inicia su actividad y cuando intenta consolidarse. Ahí es donde más dificultades encuentra y donde debería contar con más apoyo, más protección y menos trabas. El autónomo asume más riesgos, pero sigue teniendo menos protección cuando más la necesita.
La subida del salario mínimo ha generado un intenso debate sobre su impacto real en el empleo, sobre todo en las pequeñas empresas. ¿Cómo afecta esta medida a los pequeños negocios en territorios insulares como Canarias?
El debate no debería centrarse en estar a favor o en contra de la subida de los salarios, sino en cómo hacerlo sin destruir empleo ni empresas. Hemos polarizado este debate y eso nos aleja de las soluciones reales, porque la mejora de los salarios y de la calidad de vida no depende de un único factor, sino de un conjunto de políticas que deben ir alineadas.
En territorios como Canarias, donde una parte muy relevante del salario medio se sitúa en el entorno del SMI y donde el 98% del tejido empresarial está formado por autónomos y pequeñas empresas, el impacto de cualquier incremento de costes laborales es inmediato.
Desde ATA lo vemos claramente: uno de cada cuatro autónomos afirma que le gustaría contratar, pero no puede hacerlo, principalmente por el coste laboral y la incertidumbre.
Pero sería un error reducir este debate solo al salario. Influyen muchos más elementos: la presión fiscal sobre las empresas, el nivel y la eficiencia del gasto público, la ausencia de políticas a largo plazo en vivienda, el exceso de burocracia y la evolución de la productividad.
“Un marco fiscal
que no llega al
98 % del tejido
productivo no
puede considerarse
moderno ni
adaptado a la
Canarias de hoy”
En este sentido, hay un dato muy relevante: en los últimos cuatro años, las bajas laborales se han incrementado en Canarias un 109%, lo que afecta directamente a la capacidad organizativa de las empresas y tiene un impacto muy negativo sobre la productividad. A esto se suma la necesidad de un sistema educativo mejor alineado con las necesidades reales de nuestra economía y del mundo empresarial, si queremos empleos de mayor valor añadido y salarios más altos de forma sostenible. Por eso, mejorar salarios es necesario, pero no sirve de nada si el coste de la vida sigue subiendo y si el resto de las políticas no acompañan. La calidad de vida de los ciudadanos depende de un equilibrio entre salarios, productividad, vivienda, servicios públicos eficientes y un entorno empresarial que pueda crecer, invertir y crear empleo.
Mejorar salarios exige más productividad, menos trabas burocráticas y una mejor gestión de los recursos públicos.
Canarias se sitúa entre las comunidades autónomas que lideran la creación de nuevos trabajadores autónomos. Sin embargo, este crecimiento inicial no siempre se traduce en estabilidad, ya que una parte significativa de estos proyectos no logra consolidarse en el tiempo. ¿Qué medidas considera necesarias para mejorar la consolidación de los autónomos en Canarias y garantizar que los nuevos proyectos empresariales no solo nazcan, sino que puedan mantenerse y crecer a medio y largo plazo?
Canarias ha desarrollado políticas de emprendimiento que han dado buenos resultados, y eso explica que estemos entre las comunidades líderes en creación de nuevos autónomos a nivel nacional. Ese esfuerzo hay que ponerlo en valor, porque demuestra que existe iniciativa, talento y ganas de emprender en las Islas. Ahora bien, el gran reto ya no es solo crear autónomos, sino conseguir que esos proyectos se consoliden y crezcan. Los datos muestran que en torno al 50% de los negocios no supera los cinco primeros años, lo que indica que el problema no está tanto en el emprendimiento como en la fase posterior, cuando el negocio ya está en marcha. No todos los proyectos terminan funcionando porque no siempre la idea inicial alcanza la madurez necesaria o encaja plenamente con el mercado. Pero también es cierto que muchos negocios viables no logran consolidarse porque no tienen margen financiero para resistir los primeros años, en los que los ingresos son todavía bajos y los costes se mantienen elevados. Emprender requiere tiempo para que los frutos lleguen. Por eso es imprescindible un marco más sensible a la consolidación y al crecimiento: menos carga fiscal y administrativa en los primeros años, mejor acceso a financiación, estabilidad normativa y acompañamiento en productividad, modernización y formación. También es clave reforzar la protección social del autónomo en las etapas más vulnerables. No debemos olvidar que muchas de las grandes empresas que hoy son referentes de nuestra economía comenzaron siendo autónomos o pequeñas empresas. Con liderazgo, esfuerzo y un marco adecuado, hoy son la base de la generación de empleo y riqueza en Canarias.
Ese es el camino que debemos facilitar para los emprendedores de hoy. El sistema ayuda a emprender, pero debe dar un paso más en lo que respecta a acompañar y consolidar.
La competitividad empresarial pasa cada vez más por la digitalización y la apertura a nuevos mercados. ¿Están las pymes canarias preparadas para competir en un entorno cada vez más digital y globalizado?
Canarias parte de una situación particular en materia de digitalización. Es cierto que el tamaño medio de nuestras empresas es menor y que el nivel de digitalización está por debajo de otras regiones, lo que hace que el reto sea mayor. Pero también es importante destacar que este punto de partida ofrece una gran oportunidad de mejora. La digitalización plantea desafíos evidentes, pero también ventajas muy claras. Permite a las pymes canarias superar barreras geográficas, acceder a nuevos mercados, mejorar su eficiencia y competir en un entorno cada vez más globalizado. Hoy, la digitalización ya no es una opción, sino un factor clave de competitividad. El reto está en cómo se aborda ese proceso. No se trata solo de incorporar tecnología, sino de acompañar a las empresas con formación, herramientas accesibles y soluciones adaptadas a su tamaño y realidad. Cuando la digitalización se orienta a mejorar la productividad y no a generar más cargas administrativas, se convierte en una verdadera palanca de crecimiento. Si somos capaces de cerrar la brecha digital y de facilitar que más pymes den este paso, Canarias puede convertir la digitalización en una ventaja competitiva real y sostenible en el tiempo.
En un mercado global, la brecha digital marca quién compite y quién se queda atrás.
Los fondos europeos Next Generation se presentaron como una gran oportunidad para modernizar el tejido productivo. ¿Qué errores cree que se han cometido en su implementación, especialmente en relación con pymes y autónomos?
Los fondos europeos han servido más para modernizar la Administración que para transformar de verdad el tejido productivo. Los datos así lo reflejan. Los fondos Next Generation eran una oportunidad histórica, pero la realidad es que están llegando tarde, con mucha complejidad y con poco impacto directo en el pequeño negocio. Según el Séptimo Informe de CEOE, España ha recibido menos del 30% de los fondos previstos y, de ese volumen, solo alrededor del 25% se ha ejecutado realmente. Es decir, tres de cada cuatro euros aún no han llegado a la economía real. Cuando bajamos al tejido empresarial, el problema se agrava. Solo el 40,9% de los fondos resueltos ha ido a pymes, y el dato más contundente es que apenas el 5% de las empresas ha solicitado estas ayudas, a pesar de que más de la mitad afirma conocerlas.
El motivo no ha sido la falta de interés, sino el exceso de trabas burocráticas, los requisitos complejos, los plazos irreales y un riesgo jurídico elevado. Tal y como señala CEOE, los trámites para acceder a estos fondos han sido mucho más exigentes que los de la financiación privada, lo que ha dejado fuera a miles de autónomos y pequeñas empresas.
El resultado es claro: una parte muy relevante de los fondos se ha quedado en el ámbito público o en grandes proyectos, mientras que el pequeño empresario, que representa el grueso del empleo y de la actividad económica, ha tenido enormes dificultades para acceder a ellos. Los fondos Next Generation no están llegando al pequeño empresario.
En un contexto político cada vez más polarizado, el papel de las organizaciones empresariales cobra especial relevancia. ¿Qué función deben desempeñar entidades como ATA y CEPYME en este escenario?
En un contexto de creciente polarización política, las organizaciones empresariales tienen una responsabilidad clara: aportar estabilidad, rigor y sentido económico al debate público. ATA y CEPYME no están para alimentar confrontaciones ideológicas, sino para representar la realidad diaria de autónomos, pequeñas y medianas empresas, trasladándola con datos, análisis y propuestas realistas. Nuestra función se desarrolla dentro del diálogo social. Dialogamos, aportamos criterio y defendemos posiciones, pero es importante ser claros: las organizaciones empresariales no tenemos el BOE en la mano.
Las decisiones finales las toma el Gobierno y nuestra posición no es vinculante. Precisamente por eso, la polarización no ayuda. Las empresas necesitan certidumbre, seguridad jurídica y marcos estables para poder planificar, invertir y crecer. ATA y CEPYME actúan como canal de conexión entre la economía real y las instituciones, explicando cómo impactan las políticas públicas en el día a día del pequeño y mediano negocio, que representa el 99,8% de las empresas de este país. Muchas decisiones se adoptan sin tener en cuenta esa realidad, y ahí la labor de representación y de aportar datos es fundamental. Pero esa labor va unida a una visión más amplia. No puede haber crecimiento empresarial sin una sociedad que avance: sin personas formadas, sin una sanidad que funcione, sin una educación alineada con las necesidades de la economía, sin una juventud con un proyecto de vida viable y sin un entorno que favorezca el desarrollo económico y el bienestar de los ciudadanos. Empresa, personas y sociedad deben avanzar juntas, porque forman parte del mismo ecosistema. Ese progreso solo es posible con políticas basadas en datos, en la realidad económica y en el impacto real que tienen sobre el empleo, la productividad y la calidad de vida. Personas, empresas y sociedad deben avanzar juntas.
Las pymes representan la base del tejido productivo español, pero afrontan numerosos desafíos estructurales. Desde la vicepresidencia de CEPYME, ¿cuál considera que es hoy el mayor riesgo para su competitividad en España?
El mayor riesgo para la competitividad de las pymes en España es que cada vez les resulta más difícil crecer y ser rentables. No por falta de esfuerzo, talento o iniciativa, sino por un entorno que penaliza el crecimiento empresarial. Desde CEPYME, y como viene señalando su presidenta, Ángela de Miguel, el problema no es solo económico, es estructural: España tiene empresas demasiado pequeñas porque crecer penaliza. Penaliza en trámites, en costes y en riesgos. Y una empresa que no puede crecer es menos productiva, paga peores salarios y es más vulnerable ante cualquier crisis. Las pymes se mueven hoy en un contexto de costes crecientes, exceso de burocracia y falta de estabilidad normativa y seguridad jurídica, lo que dificulta planificar, invertir y ganar tamaño. En España, crecer sigue teniendo un coste añadido que frena la productividad y la capacidad de competir. A este escenario se suma la morosidad, especialmente en determinados ámbitos, que asfixia la liquidez de muchas pymes y limita su capacidad para consolidarse. Para una pequeña empresa, cobrar tarde no es un inconveniente administrativo, es un riesgo real para su supervivencia. Otro factor clave es el capital humano. Las pymes tienen cada vez más dificultades para atraer y retener talento, en un mercado laboral rígido y con una desconexión evidente entre el sistema educativo y las necesidades reales de la economía.
Además, el incremento de las bajas laborales está afectando a la organización del trabajo y a la productividad, especialmente en empresas de pequeño tamaño. En definitiva, el mayor
riesgo para las pymes no es coyuntural, sino estructural: un entorno que pone obstáculos al crecimiento reduce la rentabilidad y limita la productividad. Y sin pymes que puedan
crecer y ganar tamaño, no es posible mejorar salarios, empleo ni competitividad país. El mayor riesgo para las pymes es un entorno que penaliza crecer y ser rentables.
La burocracia ha
dejado de ser una
estructura de apoyo y
se ha convertido en un
conjunto de obstáculos
que resta tiempo a
producir, vender y crecer
A pesar de su peso económico y social, muchos autónomos sienten que no reciben suficiente apoyo institucional. ¿Cree que el autónomo sigue siendo el “gran olvidado” de las políticas públicas?
Sí, y los datos lo confirman. El barómetro de ATA y el malestar que expresan los propios autónomos muestran que muchos sienten que las políticas públicas no están pensadas para su día a día. Hay un dato muy claro: tres de cada diez autónomos han cerrado el último año en pérdidas. Cuando esto le ocurre a una parte tan importante del colectivo, no es un problema individual, es un problema del entorno en el que trabajan. El autónomo asume riesgos, invierte y crea actividad económica, pero lo hace con márgenes muy pequeños y con poca capacidad para aguantar subidas de costes, más impuestos, más cotizaciones o cambios normativos constantes. Además, tiene que dedicar muchas horas a trámites y a una burocracia que le da la espalda, tiempo que no puede dedicar a su negocio. Como ha señalado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, el problema no es que no existan medidas,
sino que no están adaptadas a la realidad del autónomo, que normalmente trabaja solo o con muy pocos recursos y no tiene estructura para gestionar normas complejas. Por eso muchos autónomos sienten que no se les escucha lo suficiente. No piden privilegios, piden reglas claras, sencillas y estables, que les permitan trabajar, planificar y vivir de su actividad. Hablamos de 3,4 millones de personas que sostienen buena parte de la economía real y que necesitan políticas pensadas desde su realidad. El autónomo no pide privilegios, pide políticas ajustadas a su realidad.
La protección social del autónomo ha sido una reivindicación histórica del colectivo. ¿Qué medidas considera prioritarias que reclama ATA para mejorarla?
Desde ATA reclamamos algo muy sencillo de explicar: que el autónomo esté protegido de verdad cuando llegan los momentos difíciles. Hoy, muchos cotizan, pero no sienten que el sistema les responda cuando lo necesitan. La primera prioridad es mejorar las bajas laborales. Muchos autónomos no se dan de baja aunque estén enfermos porque perder
ingresos puede poner en riesgo su negocio. ATA reclama bajas mejor cubiertas desde el
primer día, menos trámites y fórmulas más flexibles que permitan una reincorporación progresiva en caso de enfermedades graves o crónicas El segundo gran problema es el cese de actividad, lo que se conoce como el “paro del autónomo”. Aunque existe, no funciona como una red de seguridad real. ATA pide que el acceso sea más automático cuando el negocio cierra de forma definitiva, que se reduzcan los requisitos en los ceses temporales y que se amplíe el acceso al subsidio para mayores de 52 años, del que hoy los autónomos están excluidos injustamente También es clave mejorar la conciliación. ATA reclama avances reales en maternidad y paternidad, bajas más flexibles, apoyo al cuidado de menores y dependientes y medidas que permitan sustituir al autónomo durante el embarazo o una baja sin que el negocio se venga abajo En materia de cotización, ATA defiende el sistema por ingresos reales, pero exige que se aplique con seguridad jurídica y flexibilidad, evitando errores en las regularizaciones y situaciones injustas para autónomos con ingresos irregulares, societarios o familiares colaboradores.
En definitiva, ATA reclama una protección social más sencilla, más justa y más adaptada a la realidad del trabajo autónomo. No se trata de privilegios, sino de que cotizar sirva para tener un verdadero escudo social cuando el autónomo enferma, cesa su actividad o necesita conciliar. Cotizar como autónomo debe garantizar una protección social real.
Los últimos meses de 2025 han estado marcados por las reivindicaciones de ATA a nivel nacional, especialmente ante la intención del Gobierno de España de incrementar de forma unilateral las bases de cotización de los trabajadores autónomos, una medida que finalmente pudo ser paralizada. A ello se suma la entrada en vigor del sistema Verifactu, que ha generado preocupación en el colectivo por su impacto en la actividad diaria. Estos hechos ponen de manifiesto el papel activo y eficaz de ATA en la defensa de los intereses de los autónomos. ¿Qué nuevas reivindicaciones va a seguir planteando ATA y en cuáles está dispuesta a seguir luchando para proteger la estabilidad y viabilidad del trabajo autónomo?
ATA va a seguir defendiendo una idea muy clara: no se puede seguir legislando sobre los autónomos sin tener en cuenta su realidad diaria. Y cuando eso ocurre, ATA va a seguir plantándose, como ya ha hecho recientemente. Una de las principales líneas de reivindicación seguirá siendo evitar subidas unilaterales de cotizaciones. El sistema de cotización por ingresos reales debe consolidarse, pero con flexibilidad, diálogo social y seguridad jurídica. Cotizar más solo tiene sentido si se traduce en más protección real, no en más presión. Otro frente clave es la simplificación fiscal y administrativa. ATA seguirá defendiendo la implantación del régimen de franquicia, una medida de sentido común
que permitiría aliviar burocracia y costes a los autónomos con menores ingresos, y que está plenamente alineada con la normativa europea. ATA también seguirá trabajando de forma decidida para mejorar la protección social del autónomo, especialmente en
las bajas laborales, el cese de actividad, la conciliación y una aplicación justa del sistema de cotización por ingresos reales. Cotizar debe servir para estar protegido cuando el negocio no va bien, cuando llega una enfermedad o cuando hay que parar por motivos personales o familiares. Además, seguirá siendo una prioridad facilitar el relevo generacional y evitar el cierre de negocios viables por falta de sucesión, así como reclamar marcos normativos estables y previsibles. Herramientas como Verifactu no se rechazan por principio, pero deben implantarse con plazos razonables, acompañamiento y sin convertir al autónomo en un experto fiscal o tecnológico. En definitiva, ATA va a seguir luchando por algo muy básico: que ser autónomo no sea una actividad de riesgo permanente por decisiones mal diseñadas. Defender al autónomo es defender la economía real, el empleo y la estabilidad social del país.
ATA seguirá defendiendo estabilidad, protección social y viabilidad para el autónomo, y lo hará como principal organización representativa de los trabajadores autónomos en España con una interlocución firme y constructiva ante las administraciones públicas y los agentes sociales.
En 2025, ¿cómo valora ATA la política del Gobierno de Canarias en materia de apoyo al trabajo autónomo?
La valoración es positiva, y creemos que es justo reconocerlo. El Gobierno de Canarias ha demostrado en 2025 una sensibilidad clara hacia la realidad del trabajo autónomo, en
línea con otras comunidades y, en algunos ámbitos, yendo incluso por delante.
Valoramos especialmente la actitud proactiva del Ejecutivo canario y de la Consejería de autónomos, con una interlocución fluida y una voluntad real de escuchar al colectivo. No siempre se puede llegar a todo, pero sí se nota cuando hay voluntad política de entender la realidad del autónomo y de anticiparse a los problemas.
Además, hay que destacar que el Gobierno de Canarias ha impulsado medidas de apoyo y protección al autónomo en ámbitos que, en muchos casos, no son competencia autonómica, como determinadas políticas de protección social o de acompañamiento en
situaciones de vulnerabilidad. Ese esfuerzo demuestra compromiso y conciencia de la importancia que tiene el trabajo autónomo para la economía y el empleo en las Islas. Canarias ha entendido que apoyar al autónomo no es solo una política económica, sino también una política social y de cohesión, y ese enfoque es el correcto.
