El Gobierno de Canarias ha trasladado esta petición de forma conjunta con representantes de la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (FEMETE), la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA) y con la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA). Asimismo se suman a esta petición la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), la Asociación Eólica de Canarias (AEOLICAN), las Empresas Canarias Productoras de Energía Solar (SORECAN) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
Todos ellos solicitan al Estado y a las instituciones europeas ampliar hasta diciembre de 2028 los plazos de ejecución de los fondos europeos Next Generation.Una medida considerada clave para asegurar el desarrollo completo de los proyectos vinculados a la transición energética y la descarbonización del archipiélago.
Desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía, que lidera Mariano H. Zapata, se subraya que Canarias afronta un reto de enorme envergadura, tanto por el volumen de fondos gestionados como por la complejidad técnica y administrativa de muchos de los proyectos, además de las especificidades de las islas.
“El alcance de los fondos Next Generation y la singularidad de Canarias hacen imprescindible disponer de más tiempo para garantizar que ningún proyecto estratégico quede fuera”, apunta el consejero Zapata.
Asimismo, destacó que el Ejecutivo autonómico ha activado un plan de choque específico para acelerar la tramitación y ejecución de los proyectos pero que “podría resultar insuficiente sin una ampliación razonable”.
En este sentido, el consejero Zapata insiste en que la solicitud no responde a una falta de compromiso, sino precisamente “a la voluntad compartida de cumplir con los objetivos europeos, evitando ejecuciones parciales o forzadas que puedan comprometer la eficacia de las inversiones”.
Valorando esta demanda, el presidente de la CREM (Confederación Regional de Empresas del Metal de Canarias) y de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, subrayó que “la ampliación de los plazos hasta 2028 es una necesidad objetiva para Canarias, no una petición coyuntural. Hablamos de proyectos estratégicos de gran complejidad técnica y administrativa que requieren tiempos realistas para garantizar su correcta ejecución, evitar pérdidas de fondos y asegurar un impacto transformador real sobre nuestro modelo energético y productivo”. Asimismo, advirtió de que “forzar los calendarios actuales puede poner en riesgo tanto la calidad de las inversiones como la viabilidad de muchas iniciativas impulsadas por empresas canarias”.
Patricia Jiménez, presidenta de Femepa, subraya que “la ampliación de los plazos de ejecución de los fondos Next Generation hasta 2028 es una condición imprescindible para que Canarias pueda desarrollar con rigor y solvencia los proyectos industriales y energéticos comprometidos. No hablamos de ralentizar la transición, sino de hacerla bien. Las empresas canarias están preparadas y comprometidas, pero necesitan marcos temporales realistas que tengan en cuenta la complejidad técnica, administrativa y territorial del archipiélago. Forzar los plazos actuales supone asumir el riesgo de ejecuciones incompletas, pérdida de fondos y, lo que es más grave, desaprovechar una oportunidad histórica para transformar nuestro modelo productivo y avanzar en descarbonización con impacto real y duradero”.
Virgilio Correa, presidente de ASINCA, señala que “la ampliación de los plazos de los fondos Next Generation hasta 2028 es una decisión estratégica para garantizar que la industria canaria pueda ejecutar proyectos de gran envergadura con seguridad jurídica, calidad técnica y verdadero impacto económico. Canarias parte de una situación estructural distinta, marcada por la insularidad, la dependencia energética y unos procesos industriales altamente regulados, que requieren tiempos de ejecución realistas. Sin esta ampliación, existe un riesgo evidente de pérdida de fondos y de que inversiones clave no alcancen su objetivo transformador. Apostar por más plazo no es rebajar la ambición, sino asegurar que la transición energética e industrial sea sólida, eficiente y alineada con los objetivos europeos”.
Por su parte, los presidentes de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER) y de la Asociación Eólica de Canarias (AEOLICAN), Jeús Matilla y Raúl Macías, subrayan que “en un contexto de emergencia energética, el tiempo lo es todo y no hay margen que perder”. Ambos representantes reclaman que “se conceda el mismo plazo que ya ha sido extendido en las convocatorias gestionadas por el IDAE, para demostrar que la cohesión territorial con las Regiones Ultraperiféricas no es una quimera”.
Asimismo, destacan que “es imprescindible contar con el tiempo necesario para culminar con éxito las instalaciones de autoconsumo renovable beneficiarias de las ayudas, tras el enorme esfuerzo realizado por promotores, instaladores, ingenierías, asociaciones renovables y administraciones públicas”. Además, señalan que “extender los plazos significa poder avanzar en la consecución de la soberanía energética de Canarias; asegurando que, cuando prima el interés general, se encuentran las vías para hacerlo posible”.
Por último, advierten de que “el horizonte debe situarse en el 31 de diciembre de 2028” y recuerdan que “desconocer la realidad isleña conduce a planteamientos alejados de las necesidades reales del Archipiélago”.
El Gobierno autonómico y los representantes de Femete, Femepa, Asinca, Acer y Aeolican reiteran igualmente su disposición a seguir trabajando de forma coordinada para que los fondos Next Generation se traduzcan en resultados reales y duraderos para Canarias, contribuyendo de manera decisiva a la lucha contra el cambio climático y a la transformación del modelo energético del archipiélago.
La visita se dio en el municipio de el Rosario, en la comunidad energética local el Rosario solar en el polígono industrial l campana. Un ejemplo de desarrollo de energía solar renovable. 12 millones de euros de fondos europeos para ñ descarbonización, repartidos en tres proyectos y a ejecutar antes de 2026 en caso de no ampliarse los plazos.
