Estos días España se ha estremecido con nuevas noticias vinculadas al ferrocarril, con accidentes, fallos, materiales cuestionados y
una sensación colectiva difícil de explicar, esa que aparece cuando algo que debería funcionar con precisión quirúrgica se rompe. No es solo el hierro, no son solo las piedras de una vía, no es únicamente una infraestructura concreta. Es la sospecha, cada vez más extendida, de que estamos gestionando lo público con una lógica peligrosa, una lógica low cost aplicada a aquello que jamás debería abaratarse.
Cuando una administración pública decide contratar un servicio, una obra o una formación priorizando casi exclusivamente el precio, no está ahorrando, está trasladando el coste a otro lugar. Lo paga la calidad del servicio, lo paga el empleo, lo paga la seguridad y, al final, lo paga el ciudadano. La trampa está en pensar que elegir la oferta más barata es sinónimo de eficiencia, cuando en realidad muchas veces es la antesala del problema.
Desde hace meses, en nuestra unidad de negocio vinculada a las administraciones públicas, nos encontramos con una realidad frustrante pero reveladora. Es prácticamente imposible competir en licitaciones donde el criterio determinante es el precio. No hablamos de ajustar márgenes o de ser competitivos, hablamos de concursos en los que hacer las cosas bien, con equipos cualificados, con tiempos razonables y con estándares de calidad altos, directamente te deja fuera. El sistema no penaliza la mediocridad, la premia.
Cuando una administración contrata en función del precio, compromete inevitablemente la calidad del servicio. Pero hay algo aún más grave, promueve empleo de baja calidad. Y aquí hay una contradicción profunda. Las administraciones públicas son, o deberían ser, el mayor ejemplo en la defensa del empleo digno, de la estabilidad laboral, de la profesionalización y del respeto a quienes trabajan para sostener los servicios públicos. Sin embargo, cuando el precio se convierte en el eje del pliego, las empresas que apuestan por salarios justos, por formación continua, por equipos estables y por talento contrastado, quedan en desventaja frente a aquellas que basan su competitividad en recortar, en precarizar o en rozar la frontera de lo aceptable.
En el ámbito de la formación esto se ve con una claridad casi obscena. Se han normalizado precios por hora que no permiten, ni de lejos, contar con profesionales de reconocido prestigio, con experiencia real, con capacidad pedagógica y con recorrido. No es una cuestión de elitismo, es una cuestión de entender que el conocimiento, cuando es bueno, tiene un valor. Existe una frase cruda, incómoda, pero tremendamente gráfica, si pagas con plátanos, contratas monos. Y aunque suene duro, muchas veces explica mejor que cualquier informe lo que ocurre cuando se intenta construir calidad a precio de saldo.
No se trata de despreciar a quien cobra menos, ni de afirmar que solo lo caro es bueno. Hay profesionales brillantes con tarifas ajustadas y empresas pequeñas capaces de hacer un trabajo excelente. El problema aparece cuando el sistema no distingue, cuando no valora la calidad como inversión, cuando no mide el impacto real del servicio prestado. Entonces, el precio deja de ser un criterio y se convierte en una coartada.
En estos días se ha hablado de inversiones millonarias en infraestructuras ferroviarias, pero también de materiales no homologados, de piedras de baja calidad, de decisiones que, con el tiempo, se traducen en averías, riesgos y accidentes. Ese es el símil perfecto de lo que ocurre en muchos otros servicios públicos. Se invierte, sí, pero se invierte mal. Se cumple el expediente, pero se traiciona el propósito.
Es cierto que, tras décadas de escándalos, se impulsaron normas, controles y cortafuegos para combatir la corrupción. Y eran necesarios. Pero el tiempo nos está mostrando una paradoja inquietante. Muchas de esas normas han terminado expulsando del sistema a quienes quieren hacerlo bien, mientras quienes buscan atajos, quienes viven instalados en la picaresca o en la ingeniería del pliego, encuentran la manera de seguir entrando. El resultado es perverso, se penaliza al honesto y se sobrevive al tramposo.
La pregunta, por tanto, es incómoda pero urgente. ¿Qué tipo de servicios públicos queremos ofrecer? ¿Una calidad media-baja que permita cumplir sin destacar, o una administración que aspire a la excelencia y que entienda cada contrato como una inversión en bienestar colectivo? Porque dinero hay. Uno de los grandes problemas estructurales de las administraciones públicas en España es, paradójicamente, la incapacidad para ejecutar sus propios presupuestos. Millones de euros que no se invierten, proyectos que se retrasan, servicios que no llegan, mientras se sigue defendiendo el discurso de la escasez.
Esta inejecución no solo frena la inversión, frena la calidad de vida de las empresas y de los ciudadanos que orbitan alrededor de lo público. Frena el tejido productivo, desincentiva el talento y empuja a muchas empresas a abandonar la colaboración con la administración por puro agotamiento. Y cuando eso ocurre, el sistema se empobrece todavía más.
En Canarias este fenómeno adquiere un matiz especialmente doloroso. Empresas nacionales, grandes, especializadas en ganar concursos, con estructuras diseñadas para exprimir al máximo el sistema, desplazan a pequeñas y medianas empresas canarias que podrían ofrecer un servicio excelente. Empresas con arraigo, con compromiso con la tierra, con equipos locales, con una comprensión profunda de la realidad social y económica del archipiélago. No pierden porque sean peores, pierden porque el sistema no está diseñado para reconocer lo que aportan.
Y aquí entra en juego una responsabilidad colectiva. Contratar bien no es solo adjudicar, es decidir qué modelo económico se impulsa, qué empleo se genera y qué valores se refuerzan. Cada pliego es una declaración de intenciones. Cada criterio de adjudicación envía un mensaje al mercado. Cuando el mensaje es que lo único importante es el precio, no deberíamos sorprendernos de los resultados.
Repensar la ley de contratos no es una excentricidad, es una necesidad. Repensar los criterios de calidad, los sistemas de evaluación, el peso real del valor técnico, la experiencia, el impacto social y la sostenibilidad del servicio, es una obligación si de verdad queremos una administración al servicio de la ciudadanía y no un simple gestor de expedientes.
No se trata de abrir la puerta a la arbitrariedad ni de eliminar controles. Se trata de equilibrar. De entender que combatir la corrupción no puede hacerse a costa de expulsar la excelencia. De asumir que ahorrar mal es, a medio plazo, la forma más cara de gestionar lo público.
Las tragedias ferroviarias, los fallos recurrentes, los servicios que no funcionan como deberían, no son accidentes aislados. Son síntomas. Síntomas de una forma de entender la gestión pública que ha confundido austeridad con precariedad y eficiencia con recorte. La reflexión es urgente y necesaria. O apostamos por administraciones de calidad, o seguiremos pagando, todos, el precio oculto de lo low cost.
