Como hemos mencionado, durante este año de gestión se ha experimentado un periodo de gran intensidad, caracterizado por una serie de desafíos significativos. En términos generales, ¿cuáles considera usted que han sido los principales obstáculos que ha tenido que afrontar el Gobierno de Canarias en esta primera etapa?
En efecto, desde la conformación del gobierno del año pasado, se estableció una hoja de ruta clara con objetivos como el fomento de la innovación y la diversificación económica, así como la promoción de la formación profesional. Sin embargo, la gestión diaria ha exigido una adaptación constante para hacer frente a situaciones emergentes. Un ejemplo claro es la actual emergencia habitacional, que ha obligado al Gobierno de Canarias a priorizar políticas de vivienda.
Además de la emergencia habitacional, nos enfrentamos a una crisis hídrica declarada, especialmente en Fuerteventura y Lanzarote. A esto se suma la emergencia humanitaria derivada del incremento en la llegada de menores migrantes no acompañados en los últimos meses.
Ante esta compleja situación, el Gobierno debe ser capaz de responder a las necesidades urgentes sin perder de vista los objetivos estratégicos establecidos. El reto ha consistido en conciliar la gestión de estas crisis con la implementación de las políticas a largo plazo.
De acuerdo con los datos disponibles, la situación de emergencia humanitaria, marcada por un incremento sustancial en los flujos migratorios, no muestra signos de atenuación a corto plazo. Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha solicitado apoyo al Gobierno central, dada la magnitud del desafío. ¿Confía usted en que se alcanzará pronto un acuerdo que permita gestionar de manera eficaz esta crisis? ¿Tiene esperanzas en qué se alcance un acuerdo próximamente?
Más que esperanzas, considero que Canarias necesita imperativamente un pacto de Estado en materia migratoria. Esta necesidad se fundamenta en la ausencia de alternativas viables. Sin un acuerdo de esta naturaleza, no vislumbro una solución sostenible a esta crisis.
Canarias no puede convertirse en un punto de bloqueo o retención de menores migrantes no acompañados. Actualmente, nuestra comunidad autónoma acoge a 5.400 menores en esta situación, lo que supone una carga inasumible para nuestras arcas públicas. Recientemente, el Gobierno de Canarias ha solicitado al Estado una mayor financiación, ya que el presupuesto asignado resulta insuficiente. Necesitamos un pacto de Estado que permita una redistribución equitativa de estos menores. Gracias a la labor del presidente Fernando Clavijo, hemos logrado un consenso político en torno a esta problemática, con la excepción de Vox, lo que demuestra que existe una voluntad de buscar soluciones conjuntas.
Cuando la cuestión llega al ámbito estatal, en el Congreso de los Diputados, observamos un nivel de polarización política mucho mayor, lo que dificulta considerablemente el avance en la búsqueda de soluciones. A pesar de que en las negociaciones discretas hemos logrado un amplio consenso en muchos puntos, la dinámica política suele priorizar el efectismo, lo que obstaculiza la adopción de acuerdos. En Canarias, somos conscientes de la urgencia de una solución estructural a este problema humanitario y no podemos permitirnos estos juegos políticos.
La llegada de pateras a Canarias es un fenómeno que se ha prolongado durante las últimas tres décadas. Al observar la situación en África, es evidente que esta realidad no cambiará significativamente en el corto plazo. Por tanto, es imperativo que aprendamos a gestionar esta situación de manera sostenible, reduciendo al máximo el número de víctimas. La ruta migratoria del Atlántico es una de las más mortíferas del mundo, lo que exige una respuesta coordinada a nivel estatal y europeo.
Se ha llegado a hablar de un abandono de Canarias por parte del Estado. La reciente tragedia en El Hierro, donde numerosas personas perdieron la vida, ha evidenciado la urgencia de una solución. Confía en que se adopte una visión nacional de este problema y se encuentren soluciones a corto plazo.
Efectivamente, esa es la única solución viable. Hace apenas tres semanas tuve la oportunidad de acompañar al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, en su visita a Canarias. Durante su estancia en Tenerife y El Hierro, pudo comprobar de primera mano la gravedad de la situación. La Comisión Europea ha demostrado una gran sensibilidad ante esta crisis, mayor incluso que la percibida desde el Gobierno central.
En este sentido, la Unión Europea ha demostrado una mayor comprensión de nuestra situación, ofreciendo recursos económicos, humanos y técnicos para hacer frente a la crisis migratoria. Sin embargo, es fundamental recordar que los migrantes que llegan a Canarias no lo hacen por elección, sino que huyen de conflictos armados, hambre y pobreza. Mientras persista esta desigualdad entre África y Europa, la presión migratoria seguirá existiendo. Necesitamos una solución estructural a este problema, ya que la migración irregular continuará siendo una realidad.
Cambiando de tema, quisiera centrarnos en uno de los ejes centrales de esta legislatura: el reto demográfico en su conjunto. La reciente Conferencia de Presidentes ha servido como catalizador para un intenso trabajo de implementación de sus conclusiones. Agradecemos la participación de diversos actores, entre ellos expertos científicos, que han enriquecido notablemente el debate y la búsqueda de soluciones.
Cuando se formó este gobierno, la estructura que diseñamos fue objeto de numerosas críticas. Sin embargo, nuestras decisiones estaban basadas en una visión estratégica. Por primera vez en Canarias, se creó una viceconsejería específica para Formación Profesional, se unió la Consejería de Empleo con la de Turismo, y se estableció una viceconsejería dedicada al reto demográfico. Estas decisiones responden a la necesidad de abordar de manera integral los desafíos que enfrenta nuestra comunidad, como la generación de empleo y la lucha contra la despoblación.
Las decisiones adoptadas hace aproximadamente un año y medio parecen haber anticipado los desafíos que surgirían posteriormente. El movimiento social que ha cobrado fuerza recientemente ha puesto de manifiesto la importancia de abordar cuestiones fundamentales para nuestra comunidad, estrechamente vinculadas al reto demográfico: dónde y cómo vivimos los canarios.
Estas son las preguntas fundamentales a las que debemos dar respuesta. Nuestra comunidad autónoma presenta una realidad demográfica compleja y contrastada. Por un lado, islas como Fuerteventura y Lanzarote han experimentado un crecimiento poblacional exponencial en las últimas dos décadas, lo que ha puesto de manifiesto la falta de planificación en la provisión de infraestructuras y servicios. Por otro lado, las llamadas ‘Islas Verdes’, están enfrentando un envejecimiento poblacional acelerado, con un aumento significativo de la edad media en La Palma, La Gomera y El Hierro.
Las necesidades de las diferentes islas canarias son heterogéneas. En el caso de Gran Canaria, por ejemplo, hemos observado en las últimas décadas un proceso de despoblación en ciertas zonas, especialmente en el norte y las medianías, y una concentración poblacional en la franja costera, coincidiendo con el desarrollo del sector turístico y las infraestructuras viarias asociadas. Esta situación demanda soluciones complejas y valientes.
La primera Conferencia de Presidentes de Canarias, celebrada en abril, marcó un hito en la gobernanza del archipiélago. Este encuentro institucional, que reunió a los máximos representantes del Gobierno regional y los cabildos, puso el foco en el reto demográfico y estableció tres ejes de trabajo. Uno de ellos se centró en la ordenación del territorio, buscando simplificar los procedimientos y definir con claridad los usos del suelo, como los destinados a turismo, agricultura o vivienda.
La planificación territorial en Canarias es un proceso lento y complejo que requiere una actualización constante. Los planes vigentes, con una antigüedad de varias décadas, ya no son capaces de responder a los desafíos actuales y futuros de nuestra comunidad. Por ello, es necesario replantear el modelo de planificación, buscando un equilibrio entre seguridad jurídica y flexibilidad para adaptarse a las nuevas realidades. Paralelamente, debemos abordar la creciente desafección hacia el modelo turístico tradicional, buscando formas de redistribuir la riqueza generada por este sector de manera más equitativa y sostenible, en línea con las tendencias globales.
Una de las interrogantes clave es por qué la ciudadanía no percibe en mayor medida los beneficios del sector turístico, que contribuye significativamente a la economía regional. Como comentaba, es necesario replantear los mecanismos de distribución de la riqueza generada por esta actividad. Asimismo, el crecimiento poblacional de Canarias, impulsado principalmente por la inmigración regulada, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este modelo y la necesidad de adoptar medidas de control, como la regulación de la compra de vivienda, respaldadas por un análisis jurídico exhaustivo.
Esta cuestión debe enmarcarse en el contexto de la Unión Europea. La libre circulación de trabajadores es un derecho fundamental, pero debemos analizar su impacto en territorios con características específicas como Canarias. Es necesario explorar las posibilidades de establecer mecanismos de control, similares a los aplicados en otros territorios europeos, para garantizar una gestión sostenible de la inmigración y proteger nuestro mercado laboral.
Asistimos a un proceso de participación sin precedentes, donde todos los sectores de la sociedad están siendo llamados a colaborar. Alcaldes, universidades y otros actores están aportando sus conocimientos y perspectivas para construir un futuro mejor para Canarias. Esta amplia participación garantiza que las decisiones adoptadas sean consensuadas y respondan a los intereses de toda la ciudadanía.
En esta línea, es fundamental analizar las mejores prácticas a nivel internacional, lo que antes se conocía como benchmarking. ¿Qué están haciendo otros destinos turísticos? ¿Cómo podemos adaptar esas experiencias a nuestra realidad? Canarias cuenta con un gran potencial en innovación y ciencia, y este gobierno está comprometido con un proceso de toma de decisiones consensuado y participativo. Las universidades públicas juegan un papel clave en este proceso, aportando conocimiento y expertise en áreas como el turismo, el cambio climático y la economía circular. El objetivo es mejorar nuestro modelo turístico sin renunciar a sus fortalezas, sino más bien optimizándolo para obtener mejores resultados.
En este contexto, resulta fundamental fortalecer la vinculación entre la universidad y el sector productivo, fomentando la transferencia de conocimiento. En este sentido, la creación de una Consejería de Universidad, Innovación y Cultura representa un paso significativo. El Gobierno canario está comprometido con la promoción de la innovación y la cultura como motores de desarrollo, impulsando proyectos estratégicos como el Stratoport de Fuerteventura. Creemos que la innovación debe estar arraigada en nuestra identidad cultural, aportando un valor diferencial a nuestro territorio.
En Canarias estamos desarrollando proyectos estratégicos que generarán un impacto positivo en diversos ámbitos, como la formación profesional y la universidad. Estos proyectos no solo responden a las necesidades actuales, sino que también proyectan una visión de futuro para las islas. La política debe combinar la gestión de las urgencias con una planificación a largo plazo, que nos permita anticiparnos a los desafíos y aprovechar las oportunidades.
La formación dual responde a una demanda creciente del mercado laboral por una mayor conexión entre el mundo educativo y el profesional. A nivel global, se ha detectado una cierta desconexión entre ambos ámbitos, pero Canarias ha tomado medidas para revertir esta situación a través de la formación dual. La creación de nuevas profesiones y la adaptación de los planes de estudio a las demandas empresariales son desafíos que requieren de una estrecha colaboración entre el sector educativo, el empresarial y las administraciones públicas, ¿no es así?
Así es. La formación dual, un modelo consolidado en países como Alemania, representa una solución efectiva para alinear la formación profesional con las demandas del mercado laboral. En España, aunque con un desarrollo desigual, se ha avanzado en esta materia. Sin embargo, la adaptación de los planes de estudio a las nuevas tecnologías y a los cambios en el mercado laboral plantea desafíos importantes. La actualización de los centros educativos y la dotación de los recursos necesarios para impartir nuevas especialidades requieren de una inversión significativa y de una planificación estratégica a largo plazo.
Implementar estos cambios requiere una toma de decisiones valiente por parte de las administraciones públicas, ya que implica reasignar recursos, modificar los planes de estudio y, en ocasiones, cerrar programas con baja demanda. Es necesario realizar un análisis exhaustivo del mercado laboral para identificar las profesiones con mayor proyección y adaptar la oferta educativa en consecuencia. La colaboración público-privada es fundamental para garantizar la pertinencia de la formación y asegurar que responda a las necesidades reales del tejido productivo.
“El objetivo es mejorar nuestro modelo turístico sin renunciar a sus fortalezas”
Ante todos estos retos comentados, se percibe un consenso creciente y una colaboración estrecha entre todas las administraciones públicas, desde los ayuntamientos hasta los abildos. Parece que se han dejado de lado las diferencias ideológicas en favor de un trabajo conjunto y coordinado para encontrar soluciones a los desafíos comunes.
Indudablemente, la ideología política influye en las decisiones iniciales. Sin embargo, una vez conformado un gobierno, es fundamental priorizar el interés general y trabajar de manera leal y colaborativa con todas las instituciones. En temas estratégicos como la formación profesional dual, es esencial buscar consensos sólidos que trasciendan los ciclos políticos. Solo así podremos garantizar la continuidad de las políticas y lograr resultados a largo plazo.
La colaboración institucional trasciende las diferencias ideológicas. Es común observar a líderes políticos de distintos partidos, como Vicente alcalde del Ayuntamiento Punta Gorda, quien pertenece al PSOSE, o Mari Brito, presidenta de la FECAM, trabajando de manera conjunta en beneficio de sus comunidades. Aunque las discrepancias son inevitables, la gestión pública exige un enfoque pragmático que priorice el interés general. En ocasiones, es necesario tomar decisiones difíciles y asumir responsabilidades, pero siempre con el objetivo de alcanzar el mejor resultado posible para la ciudadanía.
No quisiera finalizar esta entrevista sin abordar otro tema de gran relevancia: la crisis de la vivienda. Como usted ha mencionado, esta problemática se ha convertido en una preocupación generalizada, especialmente entre los jóvenes. Desde el Gobierno de Canarias se están implementando diversas medidas para hacer frente a esta situación, aunque es importante reconocer que se trata de un problema complejo que requiere soluciones a largo plazo. La escalada de los precios de la vivienda es un fenómeno global, pero en Canarias se ha agudizado, poniendo en riesgo el acceso a una vivienda digna para muchos ciudadanos.
La crisis de la vivienda es un problema estructural que afecta a numerosas ciudades españolas y europeas. El fracaso de las administraciones públicas a la hora de implementar políticas de vivienda adecuadas ha sido un factor determinante. El boom inmobiliario de principios de siglo, carac- terizado por una elevada construcción de vivienda privada y condiciones financieras favorables, generó una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, la posterior crisis financiera y la caída del mercado inmobiliario dejaron al descubierto las carencias de las políticas públicas. La lentitud de la administración a la hora de responder a esta nueva realidad, sumada al surgimiento de fenómenos como la vivienda vacacional, han agravado la situación.
Por su parte, la irrupción de plataformas digitales de alquiler vacacional ha revolucionado el sector turístico, permitiendo a los viajeros acceder a una mayor variedad de alojamientos y experiencias. Sin embargo, este nuevo modelo ha generado tensiones en destinos turísticos maduros como Canarias, donde la demanda de viviendas para uso turístico ha aumentado considerablemente, lo que ha provocado una escalada de los precios y una escasez de viviendas para alquiler a largo plazo. Ante este hecho, es necesario adoptar medidas urgentes para regular el mercado y garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos.
Este gobierno, en sus primeros catorce meses de mandato, ha presentado una ley de medidas urgentes en materia de vivienda y se encuentra en las últimas fases de desarrollo de una legislación específica para el alquiler vacacional. Aunque estas iniciativas no resolverán la problemática de la vivienda a largo plazo, sí representan un primer paso importante. Con la ley de medidas urgentes, se busca incentivar al sector privado a construir nuevas viviendas, exigiendo la presentación de programas de construcción y la agilización de los trámites administrativos.
¿Cómo podemos simplificar los trámites administrativos? Proponemos agilizar los trámites administrativos para la construcción de viviendas, implementando un sistema de prevalidación por parte de los colegios profesionales que permita iniciar las obras mientras se finalizan los permisos municipales. Además, sugerimos realizar un inventario de solares dotacionales subutilizados y explorar la posibilidad de destinarlos a la construcción de viviendas de protección oficial. Asimismo, planteamos la adquisición de edificios inacabados para destinarlos al alquiler social a precios asequibles.
En este sentido, queremos adquirir estos inmuebles a un precio justo para destinarlos al alquiler social, ofreciendo así una alternativa a las personas con dificultades para acceder a una vivienda. Hablamos de alquileres sociales a precios asequibles, en torno a los 250- 300 euros, para facilitar la emancipación de los jóvenes.
Nuestro objetivo es abordar la crisis de la vivienda de manera integral, combinando medidas a corto y largo plazo, y fomentando la colaboración público-privada.
Para concluir, me gustaría conocer un objetivo para estos dos últimos meses del año, así como un objetivo a medio y largo plazo.
Es una pregunta compleja. Sin embargo, considero que este año tenemos dos prioridades claras. La primera es encontrar una solución estructural y automatizada al problema migratorio que afecta a Canarias desde hace décadas. Necesitamos un protocolo de actuación que se active de forma inmediata ante un aumento significativo de llegadas, evitando así sobrecargar los sistemas existentes.
Otro objetivo fundamental para este año es consolidar un plan de acción integral para el sector turístico, fruto de las mesas de trabajo. Este plan debe incluir medidas a corto, medio y largo plazo, que faciliten la comprensión y participación ciudadana, y que establezcan una hoja de ruta clara para las administraciones públicas.
A largo plazo, aspiramos a lograr un desarrollo equilibrado y sostenible en todas las islas, asegurando que todas avancen en la misma dirección, aunque a ritmos diferentes, en función de sus particularidades.
