Un estudio llevado a cabo por este Sindicato y que lleva por nombre ‘Encuesta sobre la salud mental en el ámbito laboral’, deja constancia de que un 45% de las/os empleados públicos consumen prácticamente a diario fármacos psicoactivos. ¿Qué se está haciendo mal en este sentido?
CSIF elaboró el estudio y lo dio a conocer coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, el pasado 10 de octubre. El estudio se realizó mediante entrevistas a más de 2.000 empleados públicos que trabajan en diferentes ámbitos de las administraciones públicas, y entre ellas destaca la especial incidencia en el ámbito educativo.
Para CSIF Educación Canarias, no supuso una sorpresa, ya que conocemos el día a día de los docentes canarios, por la carga de trabajo que se soporta, exceso de burocracia, la improvisación política de los que dirigen la educación y el escaso reconocimiento profesional.
Ejemplo claro de la situación de ansiedad y angustia en la que viven los docentes, es la propia implantación en el presente curso escolar de la nueva ley educativa, LOMLOE. Nos encontramos que la práctica totalidad de los docentes de centros educativos de Canarias y de toda España se están posicionando en contra de la aplicación de la LOMLOE ante las dudas que está generando la aplicación de los temarios y el sistema de evaluación al alumnado a lo largo del primer trimestre de este curso. Se aprueban las leyes con unos márgenes de aplicación tan cortos que no da tiempo a ejecutarla con unas mínimas garantías, no suponen mejoras para el sistema educativo y ni para los docentes, sino que al contrario se carga al profesorado con más tareas burocráticas en perjuicio del trabajo en el aula, porque nos falta tiempo para la docencia. Los políticos hacen las leyes sin contar con los docentes y esto es lo que obtenemos.
Los docentes nos sentimos inseguros porque no hemos podido formarnos y la administración tampoco ha hecho su trabajo de formación. La ley es difícil de interpretar con un procedimiento de evaluación muy complejo, que genera una enorme carga burocrática por los informes que se tienen que trasladar a la Administración. La situación se agudiza cuando se exige programar con los nuevos criterios de la LOMLOE cuando la propia administración no ha publicado los propios currículums que se tienen que utilizar. Se nos obliga a programar LOMLOE sin formarnos y sin el temario, “esto es de locos”. Si a eso, le sumamos que se nos obliga atender la diversidad trabajando con unas condiciones muy precarias (ratio elevada de alumnos, déficit de financiación, falta de recursos y plantilla) pues no es extraño que muchos docentes acaben en los centros de salud. Para cerrar el círculo, nos encontramos con algo que desde CSIF llevamos tiempo denunciando, la escasez de profesionales, recursos y financiación para la salud mental dentro del Sistema Nacional de Salud, y por otro lado la inexistencia de psicólogos del trabajo en empresas y administraciones públicas. Si no hay recursos, no es de extrañar el uso los ansiolíticos, antidepresivos o somníferos. Por este motivo, CSIF creó hace 5 años en Canarias un gabinete psicológico que da servicio a nuestros afiliados afectados por este tipo de problemáticas de origen laboral. A nivel nacional, hemos creado CSIF AYUDA y CSIF AYUDA PROFES.
¿Qué problemáticas denuncian en la actualidad? ¿Cuál es la situación actual de los funcionarios?
Denunciamos el deterioro de los servicios públicos. Seguimos empeñados en defender y prestigiar los servicios públicos. No vamos a permitir que se desmantele al sector público. Tenemos problemas de personal en muchas administraciones y es urgente la contratación de personal. Ejemplos de la última semana son los problemas de personal en sanidad, en la seguridad social, en los servicios de empleo, las residencias, comedores escolares, falta de inspectores de trabajo, de hacienda y un largo etc. La tecnología ayuda a tener plantillas más ajustadas, pero no basta para cubrir las necesidades de recursos humanos. No podemos seguir amortizando plantilla y dejando los servicios públicos sin personal. Necesitamos un compromiso de todos, UN GRAN PACTO DE ESTADO, para salvar los servicios públicos y al mismo tiempo necesitamos prestigiar y reconocer la labor de los empleados públicos.
Por otro lado, seguimos con el problema de estabilización de personal interino que sigue sin resolverse. CSIF, ha llegado a importantes acuerdos para los procedimientos de estabilización en Canarias, que van a permitir a muchos empleados públicos puedan consolidar y estabilizar sus puestos de trabajo, pero desgraciadamente el sector docente se enfrenta una situación muy complicada. Algunos sindicatos, que se llaman defensores de los interinos nos acusaban de estar en contra de ese personal, pero al final el tiempo da la razón al que dice las cosas sin ambigüedades. Advertíamos, que en caso de los docentes la concurrencia era libre (puede participar cualquier docente de España) y que se estabilizaban plazas y no personas, por lo que teníamos que tener cuidado, ya que las competencias de educación están en manos de las CCAA y el Ministerio de Educación no estaba por la labor de exigir que las convocatorias fueran realistas en todas las CCAA. Canarias, publica una de las mayores convocatorias de plazas de estabilización de toda España, cuando la mayoría de las comunidades autónomas no lo han hecho, por lo que en estos momentos peligran las casi 4000 plazas de docentes de la convocatoria de concurso de méritos. Ahora, esos sindicatos defensores de los interinos culpabilizan a la Consejería de Educación de la posible pérdida de empleos docentes, cuando ellos tenían que ser conscientes que jurídicamente y hasta que los tribunales decidan, no existe manera de evitar que la concurrencia sea libre a la hora de participar en dichos procedimientos. Tenemos 4000 plazas buscando al mejor candidato de las 40.000 solicitudes presentadas. Desde CSIF Educación Canarias estamos muy preocupados, y esperamos y deseamos profundamente, que la mayoría de esas plazas de estabilización sean para docentes canarios y que la pérdida de puesto sea mínima.
Asimismo, el Gobierno incluyó en los Presupuestos Generales de 2023 una subida salarial del 2,5% para los trabajadores del sector público. ¿Qué opinión merece esta subida? ¿Es suficiente?
Entendemos que el Gobierno de España condena a los/as empleados públicos a una nueva pérdida de poder adquisitivo pero esta vez con el apoyo de CCOO Y UGT. Durante los dos últimos años, CSIF se movilizó denunciando la situación salarial de los/as empleados públicos y realizando varias concentraciones en toda España que culminó con una gran manifestación en Madrid con un lema muy claro “por una subida salarial justa, contra el empobrecimiento social y el deterioro de los servicios públicos». Somos el único sindicato que se ha manifestado contra el gobierno por la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y privados, lo único que exigíamos era una subida salarial justa ante la situación de la inflación. Desde el 2010, los empleados públicos hemos perdido un 20% de poder adquisitivo. Las movilizaciones de CSIF permitieron abrir la negociación, pero desgraciadamente el Gobierno de España con el apoyo de CCOO y UGT imponen un acuerdo que perjudica nuevamente a los empleados públicos. CSIF se negó a firmar el acuerdo. Lo único que pedíamos era vincular la subida a la inflación como las pensiones, por tanto, lo que se vende como bondades del acuerdo no lo son. La subida del 2 ́3 % del presente año ya está por debajo de la inflación que vamos a tener en 2023. Los y las trabajadoras públicas terminaremos 2023 con una devaluación de nuestros sueldos del -5%, sumado a la pérdida desde 2010 acabaremos el año con -25%. El acuerdo es no es positivo, y sin ánimo de polemizar, los firmantes del acuerdo, curiosamente ahora, solicitan para el sector privado una subida conforme al IPC, tal y como solicitamos nosotros. CSIF es un sindicato independiente y trasparente, no estamos aquí para hacer política, sino para defender el interés de los trabajadores y trabajadoras sean del sector público y del privado
¿Qué hitos ha logrado el CSIF, en los últimos años?
Tanto en Canarias como a nivel nacional se han logrado muchos acuerdos que han significado mejoras importantes para los empleados públicos, pero lo más importante es que estamos comprometidos en defender los servicios públicos como garantía de igualdad para todos los ciudadanos. En CSIF, hacemos muchas otras acciones que muchas veces pasan desapercibidas, o son desconocidas por el público en general, como la defensa de las pensiones públicas, la lucha por la «igualdad real» en todos los ámbitos de la mujer y la implicación de toda la sociedad en la lucha feminista, la prevención y la seguridad en el trabajo. Algunos ejemplos que muchos desconocen: CSIF tiene habilitadas sus sedes sindicales de toda España como “Puntos Violeta” contra la violencia machista. Otro del que nos sentimos orgullosos es el excelente trabajo que realizamos durante la pandemia, donde fuimos los primeros en solicitar el estado de alarma días antes de que el Gobierno de España tomara la decisión.
En el caso de la Educación en Canarias hay muchos, pero quizás los más conocidos, conseguir recuperar la jornada lectiva de 18 horas en secundaria y otros cuerpos, la eliminación de los descuentos por estar de baja médica y la recuperación de la acción social.
¿Qué proponen para los próximos meses?
En CSIF Educación Canarias, vemos que el trabajo bien hecho da frutos y en las últimas elecciones sindicales hemos recibido un importante apoyo de afiliados y simpatizantes que nos han permitido doblar nuestra representación pasando 3 a 7 delegados. En el sector de Educación, trabajamos en un importante bloque de reivindicaciones para todos los colectivos docentes que iremos exponiendo y negociando en los próximos meses, pero fundamentalmente, hay dos cuestiones que consideramos urgentes y esperamos poderlas cerrar en el primer trimestre de 2023 como la apertura de procedimiento de acceso a cátedra y la integración de profesora de FP en los cuerpos de Secundaria. Por otro lado, seguimos empeñados en abrir la negociación de la regulación del teletrabajo y en garantizar de una vez por todos la Protección Integral de los Docentes.