La Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (ASEPALMA) reclama al Gobierno de España para que transfiera a Canarias cuanto antes los 100 millones de euros anuales consignados en las leyes presupuestarias del Estado para 2024 y 2025, lo que totaliza 200 millones de euros, unas partidas necesarias para asegurar la reconstrucción de las fincas agrarias sepultadas por la lava en 2021.
El Gobierno central, sostiene ASEPALMA, «está incumpliendo sus propia Ley de Presupuestos Generales, ya que la de 2023, que disponía 100 millones de euros, se ha prorrogado en los dos años siguientes y esta partida debe mantenerse, pero no ha sido transferida a Canarias en 2024 ni en el año en curso, lo que impide avanzar en la reconstrucción agraria del Valle de Aridane, para desesperación de los agricultores damnificados».
ASEPALMA llega a esta conclusión tras reunirse su comisión de trabajo con cargos públicos del Gobierno canario; concretamente con el viceconsejero de Sector Primario, Eduardo García Cabello; el viceconsejero de la Recuperación Económica, Pedro Ángel Afonso Padrón, y el director general de Agricultura, Juan Ramón Rodríguez Marín.
El encuentro tuvo lugar a raíz de que ASEPALMA presentara sendos escritos ante el Gobierno canario y el estatal quejándose de la falta de información sobre los fondos públicos prometidos para la recuperación de las explotaciones agrarias, ante la «creciente incertidumbre» y «la falta de avances significativos» en esta proceso de reconstrucción, cuando ya han transcurrido tres años y medio desde que se apagó el volcán.
ASEPALMA asegura que el Gobierno canario le ha facilitado los datos que había solicitado, entre ellos el de que con cargo a los Presupuestos autonómicos se están ejecutando 50 millones, pero faltan los 100 anuales del Estado.
«Lo que nos transmite el Gobierno canario es que esos millones suponen un incumplimiento de las leyes presupuestarias y que sin esa aportación estatal no es posible avanzar en la reconstrucción agraria ni con las ayudas por kilo improductivo, por lo que ahora esperamos las explicaciones de la Administración del Estado», señalan los representantes de ASEPALMA que asistieron a esta reunión.
Esta asociación pone de relieve que para una isla como La Palma el sector agrario es el motor principal de su economía, por lo que cualquier desviación o retraso con respecto a la financiación y los plazos previstos en las ayudas públicas para la reconstrucción acarrea consecuencias más negativas que en otras islas donde la agricultura no tiene tanto peso en renta y empleo.
Hay que recordar que la catástrofe volcánica, la peor de Europa en los últimos 100 años en términos de pérdidas materiales, destruyó 360 hectáreas de cultivos en producción, la mayoría de plataneras, pero solo se ha reconstruido una pequeña parte.
