La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Rosa Bella Cabrera ha criticado este martes [21] en el Pleno de la Cámara regional el Anteproyecto de vivienda vacacional que se está tramitando por parte del Gobierno de Canarias, al considerar que “lo que está detrás” no es garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía de las islas, sino “suprimir la competencia a los de siempre”.
Cabrera intervino en una interpelación del Grupo Socialista sobre las medidas para evitar el incremento de las viviendas destinadas a uso turístico provocado por la tramitación del Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, sobre lo que recordó que desde que el Ejecutivo canario anunció esta normativa, en septiembre de 2023, se han dado de alta 15.000 viviendas vacacionales, aumentando la oferta un 37,5% y creando con ello un “efecto llamada”.
Para la diputada socialista, el Gobierno de Canarias y la Consejería de Turismo del Partido Popular (PP) “lo que ha hecho hasta ahora” es negarse a aplicar la Ley nacional de Vivienda; recortar 17 millones de euros para vivienda pública en el Presupuesto regional; favorecer la construcción de viviendas privadas fuera de planeamiento con el Decreto Ley de Vivienda, y tener un director general “que aborrece públicamente el alquiler vacacional”.
En este sentido, se refirió a la “contradicción” del Gobierno canario de admitir políticas de vivienda “a dos velocidades”, las que afectan a la vivienda residencial privada por urgencia, y las de limitación al alquiler vacacional por trámite ordinario, sumando la reducción del presupuesto para vivienda pública.
Cabrera afirmó que el Gobierno ha planteado establecer un régimen diferenciado para pequeños propietarios frente a grandes tenedores, que en muchos casos son empresarios hoteleros. “Ustedes ponen todos los huevos en la cesta de la unidad de explotación, pero a lo mejor ha llegado el momento de un sistema que se ha visto desbordado por la realidad”.
Además, denunció el “baile de cifras” ofrecido por el Ejecutivo autonómico, ya que, mientras el Instituto Nacional de Estadística (INE) habla de 46.784 viviendas vacacionales en Canarias con fecha de este último febrero, el Gobierno se refiere a 66.000 y el portal de transparencia de 57.000. “No sabemos tampoco las cifras del alquiler vacacional ilegal”.
La diputada socialista criticó que el Gobierno plantee el debate sobre el alquiler vacacional “como si los alojamientos turísticos convencionales no consumieran territorio, y si como la única causa de la escasez de vivienda en Canarias, fuera un supuesto exceso de oferta del alquiler vacacional”.
Para Cabrera, esta situación también se ha originado por el nulo crecimiento del parque público de vivienda durante los años de gobierno de Coalición Canaria (CC). “Cuando llegó el Pacto de las Flores, sin embargo, iniciamos en cuatro años la construcción de 100 viviendas en Santa Cruz de Tenerife y 24 en Ingenio, se adquirieron 407, dejamos en fase de licitación y realización proyectos para 1.844 viviendas, y rehabilitamos 9.952”.
“Cuando la sociedad canaria empieza a movilizarse en cuando son todo prisas y el Gobierno aprueba un Decreto Ley de medidas urgentes de vivienda, y cuya medida estrella es desplazar el planeamiento para facilitar la promoción de viviendas privadas. Ni una sola medida para garantizar el derecho a la vivienda”, añadió.
