La lectura detenida de la propuesta de financiación incluida en los Presupuestos Generales del Estado vuelve a situar a Canarias en un lugar incómodamente familiar: el de territorio reconocido en el discurso político, comprendido en la teoría y relegado en la práctica presupuestaria. El PSOE, impulsor de las cuentas, insiste en un relato de justicia social, cohesión territorial y sensibilidad hacia las singularidades, pero en el caso del archipiélago esas singularidades parecen traducirse más en párrafos bien redactados que en cifras capaces de alterar la realidad económica.
Canarias continúa siendo una comunidad ultraperiférica, fragmentada, con sobrecostes logísticos estructurales, dependencia exterior y debilidades históricas en renta, empleo y productividad. Todo ello es sobradamente conocido, diagnosticado y reiterado en informes oficiales. Sin embargo, cuando se pasa del diagnóstico al reparto de recursos, la financiación per cápita vuelve a situarse por debajo de la media estatal, compensada —eso sí— con un mosaico de partidas finalistas, fondos extraordinarios y programas específicos que tienen algo de parche presupuestario y bastante de coartada política. No falta dinero en abstracto; falta estabilidad, suficiencia y una visión de largo plazo.
- Una lectura crítica —y necesariamente irónica— de la propuesta presupuestaria del Gobierno de España
El Régimen Económico y Fiscal de Canarias, elevado a la categoría de símbolo cada vez que conviene, vuelve a ocupar un lugar destacado en el argumentario oficial. Se cita, se reivindica y se promete respetar, pero su traslación efectiva a la estructura presupuestaria sigue siendo débil y discutida. Año tras año se reabre el mismo debate: qué partidas cuentan, cuáles no, qué es adicional y qué es simple reasignación. Un debate técnico que, curiosamente, solo parece necesario cuando se trata de Canarias. En otros territorios, la inversión estructural fluye con mayor naturalidad y menor hermenéutica contable.
La ironía es evidente y difícil de ocultar. Se exige al archipiélago converger con el resto del Estado en indicadores sociales y económicos, mientras se le dota de una financiación que consolida la divergencia. Se apela a la responsabilidad institucional, a la comprensión del contexto macroeconómico y a la paciencia, como si los problemas estructurales se resolvieran con pedagogía política en lugar de con recursos suficientes. La solidaridad se proclama con solemnidad, pero se ejecuta con una prudencia que roza la cicatería.
No obstante, limitar el problema a una decisión estatal sería incompleto. Canarias tampoco sale bien parada cuando se analiza su capacidad de defensa conjunta de los intereses propios. La fragmentación política interna, las estrategias partidistas y la tendencia a convertir la financiación en un arma arrojadiza debilitan cualquier negociación. Frente a un Estado que negocia con números y equilibrios de poder, Canarias comparece demasiadas veces con discursos disonantes y prioridades divergentes.
La financiación justa no debería ser patrimonio de un partido ni una consigna electoral. Debería ser un objetivo compartido, sostenido y defendido de manera coordinada por todas las fuerzas políticas del archipiélago, gobiernen donde gobiernen. La condición ultraperiférica, el REF, los sobrecostes estructurales y la necesidad de convergencia real no entienden de siglas. Cuando Canarias habla con una sola voz, al menos obliga a escuchar; cuando lo hace dividida, el resultado suele ser un párrafo amable en el preámbulo y una cifra insuficiente en la tabla.
Porque al final, por muy elaborado que sea el discurso y por muy empático que suene el relato presupuestario, la realidad es tozuda: los servicios públicos no se financian con declaraciones, ni la cohesión territorial se construye con buenas intenciones. Y mientras los discursos vuelan alto en los atriles del Congreso, la financiación que necesita Canarias sigue avanzando despacio, siempre un poco por detrás de lo que de verdad importa.
