La calidad de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas en un territorio aislado y fragmentado como Canarias está seriamente condicionada, no solo por la capacidad de gestión de las Administraciones, sino también y especialmente por la disponibilidad de recursos financieros.
Está claro que la lejanía y la triple insularidad de nuestra tierra exigen una financiación extraordinaria por parte del Estado para alcanzar la igualdad de condiciones con el resto de territorios peninsulares. Dicho así, parece una obviedad que cualquiera podría entender, pero después de cuatro décadas de Autonomía hay en Madrid quienes aún no comprenden este principio tan sencillo.
Ni siquiera lo entienden después de las últimas reformas del Estatuto de Autonomía y del REF, que dejaron bien claro el derecho de los canarios y las canarias a disponer de unos recursos que garanticen la suficiencia financiera de los servicios públicos básicos (educación, sanidad y asuntos sociales), con absoluta independencia y separación de los fondos extraordinarios del propio REF, concebidos para compensar el hecho insular y la lejanía.
La incomprensión del Estado con Canarias no es retórica nacionalista, como nos reprochan unos pocos. La incomprensión del Estado con Canarias tiene efectos perversos, limita los derechos de nuestra gente y afecta de manera directa a nuestra calidad de vida.
Los datos están ahí. El obsoleto sistema de financiación autonómico de las comunidades del régimen común, aprobado en 2009, supuso la pérdida de unos 700 millones de euros anuales para los servicios básicos en Canarias. Han transcurrido 14 años desde entonces. El déficit acumulado resulta escandaloso. Y muy doloroso.
De hecho, la última liquidación publicada por el Ministerio de Hacienda acredita que las Islas reciben anualmente 1.145 € menos por habitante que la comunidad mejor financiada, Cantabria, y 377 € menos que la media de los territorios peninsulares. Un flagrante incumplimiento más del fuerocanario.
Por desgracia, Canarias sigue a la cola de la financiación per cápita del Estado. Y eso explica muchas cosas de nuestro día a día. De ahí la importancia y la urgencia de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, aplazada irresponsablemente una y otra vez según los intereses electorales del gobierno de turno en Madrid.
Pero cuidado, la reforma de la financiación pública de las comunidades autónomas tiene que construirse en un marco de estabilidad y lealtad institucional, sobre la base del consenso, la responsabilidad y la solidaridad entre territorios. Y no parece que ese sea el escenario actual, con la gobernabilidad de España bloqueada y un presidente en funciones de paseo veraniego por algún zoco marroquí.
En las Islas lo tenemos muy claro: La financiación autonómica no puede ser una tómbola con todos los boletos en manos de los radicales y de quienes no entienden el hecho diferencial canario.
