En primer lugar, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento. Somos conscientes de que, a pesar de encontrarnos en la temporada estival, su agenda profesional sigue estando repleta de compromisos y viajes. Por ello, valoramos enormemente su disposición a colaborar con Tribuna de Canarias ante nuestras cámaras y micrófonos.
Agradecida a ustedes por contar con esta consejería para explicar la situación social que tenemos en Canarias y los avances que estamos logrando en esta materia.
Lo cierto, Candelaria, es que esta legislatura está siendo particularmente intensa para la consejería. Quizás más que en años anteriores, la impresión es que se han sumado diversos factores, entre ellos el drama humanitario derivado del fenómeno migratorio. Por ello, entiendo que deben estar prácticamente desbordados, esforzándose por avanzar con la mayor celeridad posible en un escenario que, a la vez, exige calma para tomar las decisiones más acertadas.
Hoy se cumplen exactamente dos años desde mi toma de posesión en este cargo. Mi viceconsejera y la directora general se unieron a nuestro equipo semanas después, específicamente el 27 de julio. Durante todo el mes de agosto de ese año 2023, nos dedicamos a establecer una serie de objetivos fundamentales, cuya consecución era crucial para afianzar y optimizar el sistema de servicios sociales, el sistema social y el sistema de bienestar social en Canarias.
Sin embargo, los meses de septiembre y octubre de 2023 nos confrontaron con desafíos imprevistos de gran envergadura. Ya en el período comprendido entre julio y agosto, los devastadores incendios que afectaron tanto a La Palma como a Tenerife nos impulsaron a revisar y evaluar exhaustivamente todo el sistema de seguridad y el sistema de protecciónante situaciones de catástrofe a gran escala. Considero que hemos logrado avances significativos en este ámbito, y de hecho, nuestro compañero Manolo Miranda está actualmente inmerso en la modificación y unificación de todos los protocolos necesarios. La experiencia nos ha demostrado que es precisamente en momentos de grandes catástrofes cuando se pone de manifiesto la vital importancia de un sistema social robusto, capaz de gestionar eficazmente la reubicación de personas dependientes, mayores o de miles de afectados en un tiempo récord; una responsabilidad que, en tales niveles de emergencia, recae directamente en esta consejería.
Posteriormente, la intensificación de la crisis migratoria en septiembre y octubre también supuso un revulsivo para nuestros planes iniciales, obligándonos a redefinir prioridades y a enfocarnos con urgencia en esta cuestión. No obstante, es fundamental subrayar que esta situación no implicó en absoluto el abandono de nuestros objetivos primarios. Tanto mis directores generales como mis viceconsejeros han desplegado un trabajo arduo y constante para asegurar que dichos objetivos se fueran cumpliendo progresivamente, y tengo la certeza de que así ha sido.
En primer lugar, abordemos la cuestión migratoria. Tras innumerables solicitudes de ayuda, tanto explícitas como implícitas, parece que se están dando los primeros pasos para abordar la situación, especialmente la de los menores no acompañados. Es fundamental que Canarias reciba el apoyo necesario y, sobre todo, que estos niños y todas las personas afectadas reciban la asistencia que requieren. Ante este panorama, nos preguntamos: ¿Cuáles serán los próximos pasos a seguir para Canarias? ¿Hay una mayor esperanza respecto a la evolución de la situación, o en qué punto nos encontramos actualmente?
Sí, estoy optimista por dos razones clave. En primer lugar, ya contamos con una normativa estatal, una ley con rango de Real Decreto que debe cumplirse. Puede que tarde un poco más o un poco menos, pero esta ley acabará aplicándose.
En segundo lugar, disponemos de un auto del Tribunal Supremo, lo que significa que la justicia está de nuestro lado para encontrar una solución definitiva para los menores con solicitudes de protección internacional. Esto permitirá que estos niños y niñas, al tener esa protección, accedan a los derechos que les corresponden como asilados o refugiados, facilitando una integración real y un proyecto de futuro, tal como lo ha establecido y respaldado el Supremo.
Considero que contamos con dos herramientas esenciales: la ley y la justicia. Ambas nos ayudarán a aliviar la tensión en los centros de Canarias, tal como lo ha señalado el Supremo. Es importante tener en cuenta que, según las cifras del Ministerio de Infancia y Juventud, a Canarias le corresponderían unos 800 menores en su sistema de protección. Sin embargo, actualmente tenemos alrededor de 5.485, y lamentablemente, en los últimos días ha llegado otra patera a El Hierro con unos 15 menores adicionales.
Por lo tanto, lo que sostenemos es que las herramientas ya están disponibles. Lo que necesitamos ahora es que esas acciones se implementen de inmediato para evitar que en septiembre u octubre, con una nueva oleada de llegadas —como suele ocurrir en esa época del año—, nuestro sistema no solo esté tensionado, sino directamente colapsado. Si eso sucede, nos veríamos obligados a recurrir a carpas, que si bien han sido utilizadas por el Estado para la atención de los migrantes al llegar a puerto, no consideramos que sean la solución más lógica ni la mejor opción para la atención. No obstante, si no nos queda otra alternativa, tendremos que utilizarlas, ya que los sistemas están como están.
Candelaria, me imagino lo complicado que ha sido trabajar con un sistema y una consejería ya de por sí extremadamente tensionados. Debieron hacer un verdadero rompecabezas interno. La consejería, con todos sus recursos, ya enfrentaba la difícil tarea de atender las necesidades de la atención sociosanitaria en Canarias, que también estaba bajo presión. A esto se le sumó la llegada masiva de personas a las islas, que, por supuesto, necesitan atención, pero los recursos son los que son.
Sí, desde el primer momento, el presidente asumió un papel activo en este drama humanitario. Por ello, en octubre de 2023, declaramos la emergencia en esta materia, lo que nos permitió abrir recursos de inmediato para atender a todos estos menores.
Además, el Gobierno de Canarias ha realizado un sobreesfuerzo económico en
solitario, ya que los refuerzos económicos prometidos por el presidente Pedro Sánchez a nuestro presidente, Fernando Clavijo, aún no han llegado. Necesitamos esa ayuda estatal, evidentemente, pero esta comunidad autónoma ha cumplido con su papel, haciendo todo lo posible para brindar la mejor atención dentro de las circunstancias a estos niños.
Esperamos la misma respuesta y la solidaridad interterritorial que establece nuestra Constitución española entre todas las comunidades autónomas y el Estado.
Cambiando de tema y centrándonos en la atención sociosanitaria en Canarias, se ha mencionado recientemente la intención de dar un giro significativo a este servicio. ¿Cuáles serán las líneas estratégicas y el nuevo modelo de atención sociosanitaria que esta consejería busca implementar?
Desde diciembre de 2023, hemos estado desarrollando la estrategia sociosanitaria de Canarias, la cual se centra en varias cuestiones fundamentales. Nuestro objetivo principal es proporcionar soluciones adecuadas para las necesidades de nuestras personas mayores en Canarias.
En segundo lugar, nos comprometemos a cumplir con la Estrategia Europea de Desinstitucionalización, que subraya la importancia de que las personas mayores permanezcan en su entorno el mayor tiempo posible. Para ello, estamos adecuando tanto el convenio de dependencia y discapacidad con los cabildos insulares como el Tercer Plan de Infraestructuras Sociosanitarias a estas nuevas realidades. Este análisis estratégico, realizado en colaboración con cabildos, ayuntamientos, colegios profesionales, la sociedad civil organizada y todas las partes interesadas que han realizado aportaciones al documento, busca también establecer, partiendo de la Ley de Servicios Sociales, una coordinación sociosanitaria efectiva, algo que no había existido en Canarias hasta la fecha.
Actualmente, contamos con un documento conjunto de la Consejería de Sanidad y la Consejería de Bienestar Social que unifica esta coordinación. Su finalidad es dar respuesta no solo a las necesidades de las personas mayores dependientes que esperan una prestación o un recurso en su domicilio, sino también a aquellos que se encuentran en hospitales con alta hospitalaria y requieren una valoración de su situación. Esto implica analizar las razones por las cuales no pueden regresar a su domicilio y determinar cómo podemos asistirlos para que retornen a su hogar o accedan a otro recurso si carecen de medios, familia o domicilio al que volver.
Estamos llevando a cabo una labor ardua en este ámbito. Con los cabildos, prevemos perfilar esta semana el documento definitivo del nuevo convenio. Este nuevo instrumento nos permitirá, por un lado, la creación de nuevos servicios y plazas, así como prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia. Por otro lado, nos posibilitará ajustar el precio por plaza al coste real de los servicios, una adecuación que no se había realizado en más de diez años. Con esto, buscaremos asegurar que las entidades, cabildos y empresas que colaboran en el sistema de dependencia reciban una remuneración justa por los servicios que prestan.
La implementación de este nuevo precio por plaza se proyecta para los próximos dos ejercicios económicos. Adicionalmente, el convenio incorporará variables que permitirán ajustar estos precios anualmente, evitando la necesidad de renegociaciones periódicas y estableciendo mecanismos que garanticen la constante adaptación del precio por plaza.
Asimismo, en colaboración con los cabildos insulares, estamos realizando una revisión exhaustiva de las infraestructuras sociosanitarias necesarias en cada isla y la forma de llevarlas a cabo. En este contexto, hemos puesto en valor la colaboración público-privada. Debo ser sincera al afirmar que el Primer Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias fue íntegramente público privado y fue el que propició la mayor creación de plazas sociosanitarias en toda la historia de Canarias.
Por lo tanto, consideramos que es un sistema que podemos integrar en un modelo mixto. Cabe recordar que el Segundo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, que fue completamente público, no logró ejecutarse en más del 40% por diversas razones. En consecuencia, es imperativo revisar la totalidad de este sistema. Precisamente, estamos trabajando con los cabildos insulares para identificar las necesidades específicas de cada isla y determinar qué tipo de infraestructuras deben construirse. Podría ser más prioritario un centro de día para evitar el desarraigo de las personas mayores de su entorno, o residencias más pequeñas que se puedan integrar en la proximidad de estos mayores y dependientes, evitando también su desarraigo. Este análisis detallado se está llevando a cabo con los cabildos y también con los municipios, considerando la disponibilidad de suelo y las fuentes de financiación existentes. Todo ello se está analizando para elaborar un plan de infraestructuras realista y efectivamente ejecutable.
“Nuestro objetivo
principal es
proporcionar
soluciones
adecuadas para
las necesidades de
nuestras personas
mayores en
Canarias”
Candelaria, me da la impresión de que este es un plan mucho más adecuado a las nuevas realidades. Ya no vivimos en décadas donde, si una persona mayor no podía ser atendida por su familia, su único destino era un centro residencial tradicional. Ahora existen soluciones intermedias, como esos centros más pequeños, los «co-livings» de los que se habla en Europa. Este plan parece ser más moderno, adaptado y, sin duda, más humanitario.
Sí, y es precisamente por eso que nuestro enfoque está completamente alineado con la Estrategia Europea de Desinstitucionalización. Buscamos priorizar la primera parte de la Ley de Dependencia, que se centra en la atención a la autonomía personal. Esto implica proporcionar todas las herramientas necesarias, tanto prestaciones económicas como ayudas ergonómicas y tecnológicas.
De hecho, hemos licitado y adjudicado la parte tecnológica de la teleasistencia avanzada, incluyendo mecanismos y domótica. Ahora estamos en proceso de licitación para la adjudicación del servicio de teleasistencia avanzada. Esto nos permitirá adaptar el entorno de las personas mayores y dependientes para que puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible, retrasando
al máximo su posible salida.
Dentro de esta estrategia sociosanitaria, también estamos explorando figuras como la hospitalización domiciliaria o la creación de plazas de media estancia. Por ejemplo, una persona que ha sido operada o ha pasado por una enfermedad y no puede regresar a su domicilio —quizás por una escalera que dificulta el acceso mientras se realizan obras de adaptación— podría alojarse temporalmente en una residencia de media estancia. Allí recibiría la atención adecuada sin ocupar una cama hospitalaria.
Todas estas son medidas y propuestas que hemos establecido en nuestra estrategia sociosanitaria, y para su implementación, elaboraremos un plan de acción detallado.
¿Están más satisfechos con el progreso de las listas de dependencia y
temas relacionados? Es cierto que este es un problema heredado de muchos años en Canarias, no es algo reciente. Siempre hemos padecido una burocracia lenta. ¿Están ahora más enfocados en agilizar la tramitación de toda esa documentación?
Sí, creo que estamos logrando avances significativos, y esto se debe a dos razones principales.
En primer lugar, era crucial adecuar nuestra normativa a un proceso monofásico, algo que ya muchas comunidades autónomas han implementado. Esto significa que la resolución del grado de dependencia y la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA) se unifican en un solo procedimiento. Con esto, no solo ahorramos tiempo de tramitación, sino que también resolvemos una problemática recurrente. Anteriormente, tras la valoración del grado (grado uno, grado dos), podían pasar ocho o nueve meses hasta la segunda visita para la valoración del PIA. En ese lapso, la situación de la persona mayor o dependiente a menudo se agravaba, haciendo que las prestaciones a las que tenía derecho por su grado inicial ya no se ajustaran a su condición actual. Esto obligaba al ciudadano a solicitar una revisión de grado y un nuevo PIA, lo que generaba grandes retrasos. Ahora, al resolver el grado y el PIA en el mismo acto, la prestación se corresponde directamente con el grado real de la persona.
Esta medida nos está permitiendo reducir los días de espera. Al inicio de la legislatura, el promedio era de casi 800 días; en estos dos años, hemos logrado bajarlo a 521 días. Nuestro objetivo es que, al finalizar la legislatura, estemos cumpliendo con lo que establece la ley: seis meses para la resolución del grado y el PIA.
Además, hemos incrementado el número de solicitantes registrados, en parte porque hemos incluido solicitudes que estaban pendientes de grabar. Creemos firmemente en la transparencia, incluso si eso puede penalizarnos por tener más solicitudes en espera. Queremos que cualquier ciudadano pueda ver su expediente grabado en el sistema a los quince o veinte días de presentar su solicitud en el ayuntamiento o en cualquier registro del Gobierno de Canarias. Incluso podrán verificar la documentación aportada y, si es necesario, añadir algún documento antes de que nosotros lo solicitemos formalmente por algún requerimiento.
Otra mejora importante, que también hemos implementado en el área de discapacidad, es que nuestros profesionales sanitarios de la Dirección General de Discapacidad y de la Dirección General de Dependencia pueden acceder directamente al visor de expedientes del Servicio Canario de Salud. Esto elimina la necesidad de solicitar a los ciudadanos esos informes médicos, lo que suponía un retraso considerable al tener que pedir citas con médicos y especialistas.
Asimismo, hemos introducido inteligencia artificial en ambos sistemas (discapacidad y dependencia) para agilizar los expedientes y facilitar el trabajo de los profesionales. Sin embargo, no podemos olvidar el factor humano, que es crucial. Por ello, hemos implementado planes de choque para reforzar ambas direcciones generales con más personal, lo que es fundamental para la tramitación de los expedientes.
Finalmente, tanto en el área de dependencia como en la de discapacidad, hemos solicitado la ayuda y colaboración de los cabildos insulares, quienes han mostrado una gran disposición. En el ámbito de la discapacidad, ya hemos firmado convenios con La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, y estamos próximos a hacerlo con La Gomera y otras islas. Su apoyo en la valoración tanto de personas dependientes como con discapacidad es esencial para acabar con estas listas de espera.
No quiero terminar la entrevista sin hablar de la conciliación, un tema que me toca muy de cerca. Sé que esta consejería está progresando en esta área, a pesar de las complejidades que presentan las diversas realidades familiares. Hemos visto pasos importantes este verano, y me complace que la mujer esté en el centro de los objetivos para lograr una conciliación real en este momento.
Sí, estamos impulsando varias iniciativas clave en este ámbito. Una de ellas es la implementación del Plan Corresponsables, en colaboración con el Ministerio de Igualdad. A partir de este año, las comunidades autónomas aportamos el 25% de su financiación. Nuestro objetivo es coordinar todas las acciones relacionadas con la corresponsabilidad que se llevan a cabo desde Educación, Servicios Sociales y el Instituto Canario de Igualdad. Esto incluye fomentar la implicación de las nuevas masculinidades, para que los hombres asuman un rol activo y compartido en la crianza dentro de la unidad familiar.
Además, en el Parlamento de Canarias se está tramitando una ley de corresponsabilidad que aborda todo lo relacionado con los cuidados. Esta nueva normativa contribuirá, sin duda, a este esfuerzo. Sin embargo, en esta materia, es crucial que la Ley de Familias a nivel estatal salga adelante. Le he expresado a la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, en varias ocasiones, que hay aspectos relacionados con la seguridad social o el ámbito laboral que no son competencia autonómica. Es el Estado quien debe liderar estas medidas para que la corresponsabilidad sea una realidad efectiva y no una mera declaración de intenciones. Por ello, he insistido tanto a la Ministra Redondo como al Ministro de Derechos Sociales, Pablo, en la necesidad de impulsar esta normativa, ya que será fundamental para que las comunidades autónomas podamos avanzar y complementar estas ayudas.
También hemos explorado con la Ministra Elma Saiz la posibilidad de crear una pasarela entre la Renta Canaria de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital. Esto nos permitiría destinar los fondos que actualmente cubren la parte general de la Renta Canaria, y que debería asumir el Ingreso Mínimo Vital, a la implementación de más complementos. Estos incluyen ayudas adicionales para familias con menores (que ya ofrecemos, pero podríamos ampliar), complementos a las pensiones no contributivas (para lo cual esperamos un cambio en la Ley de la Seguridad Social que evite penalizar a los pensionistas al recibirlos, algo injusto que no podemos permitir), y complementos para vivienda y rentas de trabajo. Estas últimas son esenciales para apoyar a muchas familias que, a pesar de trabajar, no llegan a fin de mes.
Todo esto nos ayudará a reducir la pobreza severa en Canarias. Aunque hemos logrado bajar otros índices, este sigue siendo un reto. La Ministra Saiz ha reconocido que el Ingreso Mínimo Vital no ha crecido en Canarias como debería. Por nuestra parte, ponemos a disposición todos los expedientes de Renta Canaria ya reconocidos para que pasen a percibir el Ingreso Mínimo Vital. Esto nos permitirá emplear nuestros recursos en esos complementos, recordando que la Renta Canaria de Ciudadanía fue concebida y aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias como una renta complementaria a la nacional. Seguiremos luchando para que así sea y podamos destinar esos recursos a los complementos que tanto beneficiarán a las familias canarias.
Candelaria, mencionaste la pobreza, y es importante recalcar que la situación hoy es distinta a la de años atrás. Antes, los índices de pobreza afectaban principalmente a familias sin empleo. Sin embargo, hoy en Canarias —y en España en general— muchos ciudadanos están en situación de pobreza aun teniendo trabajo. Esto demuestra que nos enfrentamos a una realidad social mucho más compleja.
Claro, el problema radica en que los costes de la vivienda, ya sea alquiler o hipoteca, son desproporcionadamente altos en Canarias en comparación con los ingresos de las familias. Muchos de estos ingresos provienen de trabajos temporales o de pocas horas, lo que agrava la situación. Aquí es donde la administración debe intervenir con políticas claras.
Por un lado, necesitamos políticas de vivienda que, como ya está implementando mi compañero Pablo, pongan más vivienda pública o protegida en el mercado para facilitar el acceso a las familias canarias. Por otro, requerimos normativa estatal que limite los precios de los alquileres y, fundamentalmente, que aumente las ayudas estatales para alquiler, tal como ya lo ha hecho la comunidad autónoma. Nosotros hemos lanzado iniciativas como ayudas para jóvenes en el alquiler y la compra de vivienda, y esperamos pronto reactivar la hipoteca joven, que no está disponible desde hace años.
“Todo esto nos
ayudará a reducir la
pobreza severa en
Canarias”
Si bien estas medidas ayudan, siempre habrá familias, incluso con trabajo, que seguirán en situación de pobreza. Por eso existe la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, concebida como un complemento para los trabajadores. Estamos elaborando un decreto para regular todos estos complementos, pero es imprescindible que el Estado asuma la parte de la renta que le corresponde a través del Ingreso Mínimo Vital. Esto nos permitiría destinar nuestros recursos a dichos complementos.
También hemos solicitado al Ministro de Derechos Sociales que los 30 millones de euros destinados a Canarias para el Plan de la Pobreza, siendo una de las comunidades con mayor índice, se incrementen significativamente. Sin embargo, reconocemos que el Estado opera con presupuestos prorrogados, lo que dificulta este crecimiento. Necesitamos urgentemente ese refuerzo financiero por parte del Estado.
Para concluir, sé que hay muchos proyectos y objetivos en marcha. Pero si tuvieras que elegir un objetivo prioritario que deba cumplirse antes de que termine la legislatura, ¿cuál sería?
Esta consejería cuenta con dos viceconsejerías de gran relevancia y ocho direcciones generales, todas ellas con objetivos amplios y significativos. Si bien cada una tiene metas importantes, podemos agrupar nuestros esfuerzos principales en varios frentes. Estamos enfocados en el refuerzo de personal en todas nuestras áreas, lo cual es fundamental para mejorar la atención. Además, hemos impulsado importantes cambios legislativos que ya estamos llevando a cabo para modernizar y agilizar nuestros procesos. Un objetivo central es la reducción de las listas de espera en todos los procedimientos de la consejería, abarcando desde la dependencia y la discapacidad hasta la Renta Canaria de Ciudadanía.
Más allá de las competencias directas de esta consejería, consideramos crucial un factor que atraviesa toda la administración: el Plan Integral de Juventud. Este plan, que presentaremos próximamente, refleja nuestro compromiso transversal con el bienestar y el desarrollo de los jóvenes en Canarias.
Candelaria, me quedo con varios puntos clave de nuestra conversación: la transformación de la atención sociosanitaria a través de un plan estratégico moderno y adaptado a la sociedad actual; los cambios que han permitido reducir significativamente los días de espera en diversos trámites; y el firme compromiso con la lucha contra la pobreza y la atención a las personas. Considero que este último es, sin duda, el pilar central de su consejería.
Le agradezco enormemente a usted y a todo su equipo por el esfuerzo y por atendernos nuevamente. Espero sinceramente que en nuestra próxima entrevista, dentro de un año, muchos de estos objetivos ya se hayan cumplido o estén muy cerca de lograrse.
