En los dos primeros artículos de esta serie que hemos denominado “Contratación pública autocentrada en Canarias” abordamos la necesidad de contar con una Ley Canaria de Contratación Pública, así como con una Estrategia Canaria de Contratación Pública, con el objetivo de territorializar la normativa que fue aprobada en el ámbito del Derecho de la Unión Europea y del Estado español a las particularidades de nuestro archipiélago.
En el marco de la Estrategia Canaria de Contratación Pública hacíamos la reflexión de que, con un somero análisis de la Plataforma de Contratación del Sector Público o de los datos agregados del visor de cifras del Ministerio de Hacienda, se puede observar la sobrerrepresentación de negociados sin publicidad –‘adjudicaciones a dedo’– en el ámbito del turismo en Canarias.
Hoy vamos un paso más allá, con el objetivo de tratar una temática relativamente conflictiva en el ámbito de la contratación pública, esto es, cómo podemos articular estrategias que beneficien al empresariado local frente a la necesidad de que las licitaciones se tengan que configurar para que participen empresas no ya solo situadas en tu mismo Estado, sino en el conjunto de la Unión Europea o de terceros países con los que se tienen acuerdos de reciprocidad.
Una de las mayores problemáticas que se advierten en las licitaciones es que cada vez es mayor la concentración de adjudicaciones de contratos en favor de multinacionales, que por supuesto en su gran mayoría no tienen sus domicilios sociales o fiscales en Canarias, con la imposibilidad de que las pymes puedan beneficiarse de esta cuantiosa tarta del presupuesto público.
Pero profundizando en el caso de nuestro archipiélago, ¿cómo podemos identificar cuáles son los sectores de la contratación pública que están siendo copados por empresas que no están radicadas en las Islas Canarias?
Si lo logramos, ya tendríamos un primer marco para establecer mecanismos que potencien nuestra soberanía económica, productiva y empresarial, la autosuficiencia de nuestro archipiélago así como reducir la dependencia que tenemos del exterior.
Una muestra de ello es que, en un informe publicado por el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, denominado “Veinte años del arbitrio sobre las importancias y entrega de mercancías en Canarias (AIEM) 2002-2022: Una reflexión”, se asevera que la dependencia de la economía canaria de las importaciones de la industria manufacturera ha pasado del 76,7 % en 2008 al 91,6 % en 2021, con una caída de la producción local en ese mismo periodo de casi el 50 %, lo que se traduce en que la aportación de la industria manufacturera al PIB de Canarias se sitúe en el 2,8 % en el 2021, cuando en el 2002 estaba en el 5,1%.
Al igual que en el caso de la industria, y según se puede comprobar en la Estrategia Canaria de Soberanía Alimentaria, la dependencia alimentaria de las Islas Canarias del exterior ronda el 80 %, que tiene igual reflejo en la contribución del sector primario a la economía canaria, que se sitúa en el 1,8 % (con datos del 2019). Con estos datos sobre la mesa, a nadie le puede extrañar la noticia que circuló hace unas semanas por los medios, en la que se mostraba que las cinco empresas canarias que más ayudas están recibiendo de la Unión Europea, a través de nuestro Régimen Específico de Abastecimiento, son importadoras de cereales e insumos para hacer pienso, para después distribuirlo por el archipiélago.
Si esto aplica en el ámbito de la industria y del sector primario, a falta de más y mejores datos, es muy probable que en ciertos ámbitos del sector terciario también exista una gran dependencia del exterior, atreviéndome a decir que será aún mayor en el caso de los servicios de alto valor añadido, dada la baja productividad que tiene nuestra economía, por su especialización en el ámbito del turismo y el resto de su cadena complementaria.
Por tanto, ¿cómo podríamos utilizar la contratación pública de manera estratégica para fortalecer nuestra soberanía empresarial, productiva y económica? Las personas con mayor conocimiento en esta materia alegarán que esto podría restringir la competencia, tratándose de cláusulas de arraigo territorial.
Sin embargo, no se trata tanto de vaciar los principios de igualdad, libre competencia y concurrencia que pretende la ley, sino de que el empresariado y la institucionalidad puedan observar en qué sectores económicos de Canarias hay posibilidad de que las empresas y personas trabajadoras autónomas puedan prosperar y hacerse su nicho de mercado, además de utilizar las propias herramientas que establece la normativa para poder favorecer la comercialización y el consumo de proximidad.
Así, se encontrarían las condiciones especiales de ejecución que obliguen a la contratación de personal en situación de desempleo, criterios de adjudicación que otorguen mayor puntuación a la entrega de productos que se realice con menor huella de carbono o que en la ejecución del contrato se adscriban medios materiales o de personal que se sitúen en las Islas Canarias o, incluso, que en las prescripciones técnicas particulares se incorporen cláusulas que exijan la presencialidad, evitando de esta manera la piratería de ciertas empresas situadas en el resto del Estado español o de la Unión Europea que prestan servicios con dudosa calidad.
En definitiva, las Administraciones Públicas no pueden limitarse al cumplimiento genérico de las normativas, sino que han de velar por que sus decisiones están guiadas por objetivos estratégicos. Dirigir la contratación pública hacia la soberanía empresarial potenciará que en las Islas Canarias tengamos mayor contribución del sector primario, industria y servicios de alto valor añadido en nuestro terciarizado y turistificado PIB.
