25/07/2025

De mal en peor y siempre pagamos los mismos. La justicia va a la huelga
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Luis Abeledo. Abogado

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Cuando lean esto ya habrán pagado su primera cuota del IRPF. Yo pago fraccionado porque al enemigo, ni agua.

La verdad es que me planteo estas columnas para exponer un poco cuestiones jurídicas que veo, o leo, y no son tratadas con rigor; o reformas a medio plazo que puedan afectar a la actividad económica, o sean de interés para el lector. Pero es que de un tiempo a éste es que me parece que vivo en el lejano oeste visualizando una batalla constante entre indios y vaqueros por las tierras.

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La columna del mes anterior la finalicé con esta frase: Las democracias modernas no mueren a manos de hombres armados, sino por el deterioro de sus instituciones, el incumplimiento de la ley y la insumisión a los tribunales.

Del mes pasado a éste no sé cuántos audios, amigas, primas, cuñados, concursos públicos de obras bajo sospechas, presidentas de entidades públicas imputadas, sedes de partidos y casas particulares de exministros registradas, trenes parados, dinero desperdiciado y luego veo todos los días a las 7:30 de la mañana la caravana del norte de Tenerife donde la gente que se levanta a trabajar agota el tiempo de sus vidas para pagar cuotas de la seguridad social, impuestos, tasas, recibos con impuestos, multas…

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Ayer conocimos la noticia de la amnistía pero uno de los detenidos en este último mes la había negociado con un ex presidente fugado. Una amnistía después de una reforma en el delito de malversación. Una amnistía después de que una serie de personas hubieran sido condenadas por malversación que no es otra cosa que corrupción. Ahora vaya usted y pague con retraso la cuota del IRPF o las cuotas de la seguridad social, verá lo que le pasa.

¿De verdad tenemos que aguantar estas cosas mientras nuestras empresas y nuestros autónomos no llegan a fin de mes?

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Mientras tanto tenemos novedades en la justicia: una huelga de los jueces. Si hace dos años hubo una huelga de letrados de administración de justicia -aunque por otros motivos diferentes-; los días 1, 2 y 3 de julio habrá huelga de jueces por la defensa de la independencia judicial y el estado de derecho.

La situación es que el Gobierno de España, con una situación pública y notoria de complejas investigaciones por supuesta corrupción que le afecta, ha decido entrar en una reforma de acceso a la carrera judicial y fiscal que viene casi paralelo con una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para que el fiscal sea la figura que instruye las diligencias previas.

Empezamos por el tema del fiscal sustituyendo al juez instructor. En primer lugar, es una cuestión que viene de antiguo. La reforma en sí no debería tener mayor trascendencia si no fuera porque tenemos al fiscal general del estado está acusado por la comisión de una serie de delitos y dentro de la estructura de la fiscalía existe una jerarquía. Es decir, el fiscal general del estado podrá dar instrucciones a cualquier fiscal instructor en un sentido u otro. Otro ejemplo de actualidad: la UCO dependerá del fiscal general nombrado por el gobierno. ¿Se lo imaginan hoy con el panorama que nos rodea? La mujer del César además de ser honrada debe parecerlo. Esto no pasa con los jueces instructores que tienen total independencia.

El plazo del mandato del fiscal general será de cinco años sin posibilidad de modifi- carlo por una supuesta seguridad jurídica. El gobierno actual podría nombrarlo el último año del mandato. Las elecciones fueron en mayo de 2023. ¿En febrero de 2027 podría nombrarlo por cinco años? Sí ¿Es razonable? Ese mismo fiscal nombrará a los cargos importantes durante la siguiente legislatura a pesar de que el partido que lo nombró estuviera en la oposición. ¿Sería posible pensar en un control de todas las investigaciones de delitos desde la oposición?

Seguimos por otro elemento que lleva a la huelga. Es importante destacar que en estos últimos años apenas se han creado plazas para jueces por oposición. Sin embargo, el gobierno prevé crear 1004 para jueces y fiscales sustitutos o para quien tenga cinco años de ejercicio profesional -yo estoy por presentarme-. Esta reforma supone la regularización a cientos de jueces y fiscales sustitutos sin las debidas garantías de mérito, capacidad e igualdad. Ustedes igual no lo creen, pero a veces, sólo a veces, quienes les juzgan o quienes le acusan no están lo suficientemente preparados. ¿Esto significa que todos los jueces y fiscales sustitutos no tienen conocimientos? No. ¿Esto significa que todos los jueces y fiscales titulares por oposición son un compendio de conocimientos actualizados? No.

Esto significa que si un ministro a través de un asesor pudo enchufar sin ir a trabajar a varias sobrinas tendría más posibilidades de enchufar en esas 1004 nuevas plazas a alguna persona cuyo mérito y capacidad sea deber un favor que deba ser pagado en el futuro.

Otra de las cuestiones de la huelga es la creación de un centro de preparación de opositores dependientes del poder ejecutivo. Es decir, coges a los opositores y alimentas sus sesgos cognitivos en favor del ejecutivo. ¿Alguno ha leído los libros de sus hijos en el colegio? Pues eso.

También establece que 4 de 9 miembros de la comisión ética judicial serán elegidos por el parlamento; lo que limita la representatividad de las elecciones a Salas de Gobierno, que es una cuestión compleja; así como otras que son difíciles de explicar.

¿Qué pasará si esta reforma llega al Tribunal Constitucional?

El 16-1-2023 en la columna: “¡Se armó el Belén en el Congreso y en el Tribunal Constitucional!”: “Primero debemos definir cuál es el objeto de la batalla que no es ni más ni menos que la proposición y nombramiento de cuatro vocales del Tribunal Constitucional”. Finalizó aquella columna: “Tanto es así que vemos la importancia de acuerdos más allá de mayorías parlamentarias. Esto es porque el Tribunal Constitucional es el árbitro que vigila. Fuera de la Constitución no hay democracia. Fuera de la Constitución no hay nada bueno para España como sociedad”

En la columna de 15-12-2023 escribí: “Hoy todos tenemos claro, un año después que el Tribunal Constitucional es un 7-4 en votos en según qué materias relevantes para las políticas del gobierno. Nada me alegraría más que, dentro de un año, poder escribir: me equivoqué. Con un pero: el reconocer que mi error de visión no viene causado porque hubiera una imposición externa que determine este cambio.”

¿En qué afecta a nuestros negocios? Bueno, cuando usted presente una demanda, o la reciba, contra sus socios, contra deudores, contra acreedores, cuando usted quiera cobrar una garantía; cuando tenga una resolución de una administración con la que quiera discutir si es conforme a derecho o no; un recurso contra hacienda, contra una sanción; una disputa por el derecho de los trabajadores; un accidente de tráfico, una herencia, una estafa a través de internet y le vacíen su cuenta corriente, etc. Cualquier conflicto jurídico que deba ser decidido por un juez y del que dependa un resultado económico de su negocio. ¿Quién preferiría que lo resolviese?

«Un poder judicial eficiente, imparcial e independiente es la piedra angular de cualquier sistema de controles y equilibrios democráticos que funcione. Los tribunales son el medio por el que se limitan los intereses poderosos que pueden vulnerar los derechos humanos de las personas. A ellos corresponde garantizar que todas las personas, independientemente de su origen, reciban el mismo trato ante la ley» Síofra O’Leary, Presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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