En los últimos tiempos he leído en una red social profesional algunas opiniones a favor y en contra del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM). Ambas posturas son legítimas pero adolecen de una alternativa que permita proteger la producción local frente a la exterior. Porello, creo que es pertinente tratar de aportar mi opinión con el fin de seguir profundizando en el debate.
El AIEM se ha consolidado, desde su implantación, como una herramienta de política económica destinada a proteger la producción local en Canarias. Su objetivo es compensar las desventajas estructurales derivadas de la insularidad y la lejanía, permitiendo que los productos elaborados en el archipiélago puedan competir con mayor equilibrio frente a los bienes importados.
Sin embargo, la evolución de los mercados internacionales y los desafíos propios de la economía globalizada plantean la necesidad de replantear el instrumento. Hoy en día, el AIEM genera efectos colaterales que no siempre cumplen con su propósito inicial y que impactan directamente en el consumidor canario.
En muchos bienes de consumo habitual, el AIEM ha supuesto un sobrecoste trasladado al precio final. Este fenómeno se intensifica en un contexto de inflación elevada y presión sobre los hogares, que deben afrontar una cesta de la compra más cara sin que exista un beneficio directo en la economía productiva insular.
Además, la aplicación del AIEM a productos donde la producción local es inexistente o testimonial plantea interrogantes sobre su eficacia. Ejemplos se encuentran en determinados aceites vegetales, legumbres importadas o artículos de higiene, categorías donde el gravamen no protege un sector consolidado, sino que simplemente incrementa los precios de bienes de consumo básico.
Una vía alternativa y más alineada con políticas fiscales más dinámicas y actuales consistiría en sustituir la lógica del arancel por la lógica del estímulo. Esto significa apoyar directamente al productor canario mediante incentivos fiscales selectivos, que refuercen su capacidad competitiva sin trasladar costes innecesarios al consumidor.
Algunas propuestas concretas incluyen:
• Deducciones en el Impuesto sobre Sociedades para empresas que reinviertan en modernización tecnológica o procesos sostenibles.
• Créditos fiscales ligados al empleo estable, favoreciendo la contratación local y la calidad del trabajo.
• Bonificaciones verdes, premiando la reducción de huella de carbono y el uso de energías renovables.
• Incentivos a la internacionalización, facilitando la apertura de mercados exteriores y la diversificación de exportaciones.
• Incentivos a la producción, reduciendo la base imponible de las empresas ubicadas en Canarias en función de su producción real.
Ya existen experiencias dentro de la Unión Europea que avalan este enfoque. Instrumentos como los programas de cohesión y los fondos estructurales promueven la competitividad de las regiones ultraperiféricas a través de estímulos, no de barreras. En países como Irlanda o Portugal, las políticas
fiscales favorables han permitido atraer inversión, impulsar la innovación y consolidar ecosistemas productivos dinámicos.
En contraste, la política arancelaria de la administración Trump en Estados Unidos mostró los límites de este tipo de medidas. Si bien buscaba proteger a la industria nacional, el resultado fue un encarecimiento de materias primas y productos de consumo, junto con tensiones comerciales internacionales. La lección es clara: las barreras encarecen y distorsionan, mientras que los incentivos fortalecen y transforman.
Otro aspecto relevante es la alineación normativa con la UE. El AIEM cuenta con una autorización específica de Bruselas que reconoce la condición ultraperiférica de Canarias. Sin embargo, cada renovación exige una negociación en la que se justifique su necesidad y proporcionalidad. Apostar por un modelo de incentivos fiscales, plenamente compatible con el marco europeo, reduciría esta dependencia periódica y otorgaría mayor estabilidad al sistema de apoyo al productor.
Sostenibilidad y transformación económica
El debate sobre el futuro del AIEM también debe enmarcarse en los objetivos de transición ecológica y digital. Canarias tiene la oportunidad de orientar su marco fiscal hacia un modelo que premie la innovación, la sostenibilidad y la competitividad, en lugar de centrarse en un esquema defensivo. De esta forma, el apoyo al productor se convertiría no solo en una compensación, sino en una palanca para transformar la economía insular hacia sectores de mayor valor añadido.
En conclusión, el AIEM ha cumplido históricamente un papel relevante, pero hoy se enfrenta a límites evidentes: encarece el consumo, se aplica en productos sin producción local significativa y genera tensiones con la normativa comunitaria.
El futuro pasa por evolucionar de un sistema arancelario a un sistema de estímulos fiscales directos. Esta transición permitiría mantener el apoyo al productor local, evitar sobrecostes al consumidor y alinear la economía canaria con los objetivos europeos de cohesión, sostenibilidad e innovación.
En definitiva, Canarias no debe renunciar a proteger su industria, pero sí debe replantear el cómo. Frente a las barreras, la opción más estratégica y eficaz es un marco fiscal que promueva, modernice y potencie la producción insular, transformando las debilidades estructurales en oportunidades de desarrollo competitivo.
