Como opinaba en artículos anteriores, los fondos Next Generations están ayudando bastante al desarrollo del autoconsumo y la transición ecológica a nivel nacional, si a esto le sumamos la escalada de precio del coste de la energía estamos ante el escenario perfecto de transición obligada. Evidentemente, los que se pueden beneficiar del autoconsumo y de estas subvenciones son aquellas familias que tengan la suerte de vivir en una vivienda unifamiliar con tejado o empresas en las que sus locales tengan un cubierta y esto en sí es discriminatorio ya que, si me fijo en las instalaciones fotovoltaica que suministramos a profesionales, todos los meses el 98% son de estos tipos y casualmente son rentas medias/altas y empresas con cierta facturación, con naves en propiedad o alquiler que se pueden permitir este tipo de inversiones.
Digo discriminatoria en todos los sentidos, ya que primero tienes que hacer la inversión y luego esperar entre 9-12 meses de media para que te ingresen el dinero, esta metodología excluye a todo aquel que no se pueda permitir la inversión económica excluyendo a las familias de menos recursos y pequeña empresa con o sin tejado a las cuales en estos meses la han multiplicado por cuatro la factura eléctrica. Esto aumenta de manera inversamente proporcional el número de pobres energéticos y pequeñas empresa con números rojos.
Marco normativo pobre
Cuando en el 2018, nuestra ministra Teresa Ribera abolió el llamado impuesto al sol, impuso a las eléctricas compensar por excedentes a las plantas de autoconsumo y agilizar los trámites administrativos de la ciudadanía frente a las distribuidoras eléctricas todos incluido; yo lo celebramos a bombo y platillo ya que por fin se generó un marco normativo que abría el sector a su máximo exponente… para los arriba citados viviendas con tejado e industrias con cubiertas, discriminando a todo aquel que tenga la “desgracia” de vivir en un bloque de viviendas o al empresario que tiene su tienda en un bajo, esto lo provoca el marco regulador donde se encuentran este tipo de instalaciones llamadas comunidades energéticas.
Comunidades energeticas y autoconsumo colectivo los patitos feos
Tanto en normativas europeas como:
• Comunidad Ciudadana de Energía, CCE (Directiva UE 2019 / 944, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, Art. 16)
• Comunidad de Energía Renovable, CER (Directiva UE 2018 / 2001, fomento uso de energía procedente de fuentes renovables, Art. 22)
Como el marco jurídico español, en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, mediante la modificación de varios artículos de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se definen las Comunidades de Energías Renovables como “entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de
ganancias financieras.”
Por tanto, estas comunidades pueden basarse en instalaciones de cualquier vector energético, siempre y cuando sea renovable. Parecido pasa con las normas referentes a autoconsumo colectivo vienen a complicar y discriminar a los que solo tienes opción de compartir.
El propio IDAE (Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía) llama la atención a estas grandes debilidades y detalla las más lamentables como:
• Dificultad para recaudar finanzas por adelantado de los ciudadanos, pymes o autoridades locales.
• Falta de marco normativo definido.
• Depender de voluntarios y profesionales de otros sectores diferentes al energético.
• Escasa experiencia para resolver barreras administrativas para acceder al mercado.
• La falta de proyectos hace difícil la participación en licitaciones.
• Existe una complejidad a la hora de usar la gobernanza democrática y estrategias de relaciones locales.
• Cambios en las normativas o reducción de incentivos.
• Dificultad de acceso a la financiación: falta de confianza de los inversores, alto riesgo real o en cuanto a la percepción del inversor.
• Dificultad a la hora de acceder al conocimiento experto
Hasta que toda esta lista que hago mía se invierta, estamos ante una situación de clara desventaja, nuestros políticos han y están evitando solucionar. Sé que no es tarea fácil, pero la función de los gobernantes elegidos no es otra de establecer sistemas justos y evitar discriminaciones en todas las materias, más si cabe en esta situación de crisis energética que vivimos en la actualidad
