“El déficit de viviendas acumulado frena el desarrollo personal y económico de nuestra región. Por eso, es tan importante este nuevo decreto del Gobierno de Canarias. Ahora el reto está en que el sector use esta herramienta que se ha puesto sobre la mesa”. Es la valoración de Agustín Manrique de Lara, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, sobre el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda desarrollado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del ejecutivo regional.
En este sentido, se ha pronunciado también José Julio Artiles, CEO de Satocan y secretario del CEGC, y ha señalado que “por fin, un gobierno de Canarias da respuesta a la crisis habitacional generada por la crisis inmobiliaria de 2008”. “Este decreto acelera los procedimientos y pondrá en el mercado construcciones y urbanizaciones inacabadas o abandonadas, que actualmente dan tan mala imagen. Se favorece y simplifica la gestión para que puedan construirse nuevas viviendas a precios asequibles”, ha añadido.
Por su parte, José Acosta Matos, presidente de Construcciones Acosta Matos y miembro del Círculo, ha señalado que los aspectos más destacados de esta nueva normativa son “la agilización y simplificación de los trámites administrativos, que las clases medias también podrán acceder a la vivienda protegida y la facilidad de cambios de usos de parcelas y edificios para convertirlos en este tipo de inmuebles”.
Aunque, ha indicado también que, es este último aspecto el más delicado de la nueva norma, ya que “va a ser necesario un consenso más detallado respecto a cuestiones urbanísticas” y “ajustar y darle encaje en la propia ley del suelo”.
Pedro Agustín del Castillo, también socio del Círculo de Empresarios ha destacado que “este decreto aborda la realidad actual y que, en este sentido, es necesario que los suelos turísticos se transformen en residencial turístico”.
Los distintos miembros del Círculo han apuntado que, “para que este decreto sea efectivo, será necesaria la colaboración de los ayuntamientos” y “debemos apelar a su responsabilidad y a su agilidad administrativa”, ya que estamos “ante una emergencia en un derecho fundamental de las personas”.
Por otro lado, “aunque va a suponer un claro impulso para el sector de la construcción y, con ello, se fomenta la creación de puestos de trabajo, avanzaríamos mucho más rápido si no tuviésemos el problema de la falta de personal”, han expresado desde este colectivo empresarial.
El objetivo final de todas estas acciones, según han indicado, es que “aumente la oferta de vivienda, lo que va a permitir equilibrar el mercado y hacer que descienda el precio del alquiler y venta en el mercado libre”.
