España enfrenta actualmente una situación fiscal insostenible que se manifiesta en un aumento sin precedentes de la carga tributaria, una realidad que afecta negativamente tanto a ciudadanos como a empresas y que requiere una reflexión crítica urgente.
Desde la llegada al poder del gobierno actual, la presión fiscal en España ha crecido de manera alarmante, superando considerablemente la media europea. En términos concretos, los impuestos y cotizaciones sociales han incrementado tres puntos del PIB entre 2018 y 2022, mientras que la media en Europa ha sido de un insignificante 0.1% del PIB. Esto representa no solo un aumento significativo de la carga para los trabajadores españoles, que ven cómo sus salarios de 30,000 euros anuales ahora sufren un recargo adicional de unos 1,300 euros, sino también una clara señal de la asfixia económica que esto supone.
Las empresas en España se encuentran en una posición particularmente desventajosa, con cargas como las cotizaciones a la Seguridad Social que alcanzan el 25.2% de la recaudación, sobrepasando el 17.7% promedio de la Unión Europea. Esta desproporción no solo reduce la competitividad de nuestras empresas en el mercado global, sino que también desincentiva la inversión y la creación de empleo en nuestro territorio.
Los datos son reveladores y preocupantes: el Instituto de Juan de Mariana indica que el peso de los impuestos sobre el PIB español ha subido un 60% bajo el mandato de Sánchez. Esta escalada impositiva, concentrada desproporcionadamente sobre las clases medias y las empresas, evidencia una política fiscal poco estratégica y potencialmente dañina para la economía española en el largo plazo.
La realidad es que España, no solo se enfrenta a una presión fiscal excesiva, sino que también sufre de una falta de visión estratégica en la implementación de estas políticas fiscales. Las medidas adoptadas, muchas de ellas bajo la premisa de ser temporales, han terminado por convertirse en permanentes, agravando la carga impositiva sin ofrecer soluciones reales a los problemas estructurales de la economía española.
Es imprescindible adoptar un enfoque más crítico y cauteloso respecto a la política fiscal. La solución no reside en aumentar indefinidamente los impuestos, sino en gestionar mejor los recursos, ampliar la base imponible mediante el estímulo económico y asegurar que el sistema fiscal sea tanto justo como eficiente. La reforma fiscal debería orientarse no solo a la obtención de ingresos, sino a la promoción del crecimiento económico, la equidad y la competitividad internacional.
España debe reevaluar su estrategia fiscal con el objetivo de aliviar la presión sobre sus ciudadanos y empresas, y reorientar sus políticas para fomentar un entorno más propicio para la inversión y la innovación. El futuro económico de España depende de la capacidad del gobierno para implementar una reforma fiscal que realmente comprenda las necesidades de su población y los desafíos del entorno globalizado. Solo así podremos esperar un desarrollo sostenible y equitativo.
