El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, han abordado este viernes con el presidente de la patronal de la construcción en la provincia tinerfeña (FEPECO) la excepción de la tasa de dirección de obras, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024, y que supone un alivio para las empresas de la construcción, especialmente en islas ultraperiféricas afectadas por altos costos de transporte, permitiendo además mejorar la competitividad del sector empresarial canario.
Así, el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha precisado que la bonificación de la tasa al 100% representa “en torno a un 4% sobre el conjunto total del coste de la obra” y “en muchas ocasiones lo que viene es a paliar los sobrecostes que se vienen incrementando en cada una de las obras públicas, que tiene unos periodos de licitación muy, muy largos. Entre que se identifican los precios de referencia, se adjudica la obra y se desarrolla la obra y al final esto va eliminando incertidumbre”, ha subrayado.
La tasa por dirección e inspección de obra se aplica en todas las certificaciones y son ingresos derivados de la prestación por la Administración de la Comunidad Autónoma del servicio facultativo consistente en la dirección e inspección de las obras públicas realizadas mediante contrato.
Por su parte, el presidente de FEPECO y de la Fundación Laboral de la Construcción, Óscar Izquierdo, ha agradecido al Gobierno el apoyo y el respaldo al tejido empresarial de la industria de la construcción, especialmente a las empresas que acometen obras públicas de infraestructuras.
“Es un alivio muy importante para las empresas, porque de esta manera el beneficio industrial no queda disminuido, ni queda de una manera mucho más bajo, como consecuencia de tener que pagar esa tasa de beneficio de dirección e inspección de obra”. Además, “significa también un alivio, porque el aumento de precios de los últimos meses, sobre todo de las materias primas de la obra sumado al aumento de los fletes y de los precios del transporte, hace que las empresas de la construcción estemos casi literalmente ahogados con todos”, ha subrayado.
En esta línea, Alfonso Cabello, ha explicado que la labor de coordinación y supervisión continua con cada una de las certificaciones de la obra, se van a continuar haciendo, pero “se elimina, se suprime esta tasa que para el conjunto de la Administración pública que no tenía un significado especialmente relevante, pero que a las empresas les venía tensionar más los sobrecostes”, ha añadido.
De hecho, ha añadido que en obras que tienen un plazo de ejecución muy largo, que puede estar por encima de los 20 meses, “los precios en el mercado de los materiales, de las materias primas, añade muchísima incertidumbre y esto viene a garantizar la manera en que se licita la obra pública y también a garantizar que se vaya licitando y se vaya adjudicando y realizando con los mejores acabados posibles”.
Para finalizar, Óscar Izquierdo, ha reiterado que “lo importante, sobre todo, es el apoyo al empresariado del sector de la construcción, que siempre está tan maltratado y que acciones como esta lo dignifican”.
