El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) suscribieron esta mañana por un importe global de 30 millones de euros el acuerdo-marco que permitirá iniciar la tramitación del Programa de Empleo Social 2022-2023, que tiene por objeto facilitar la empleabilidad de las personas con menos recursos, en exclusión social y paradas de larga duración.
El acuerdo-marco para 2022-23 fue rubricado hoy por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y la presidente de la Fecam y alcaldesa de Candelaria (Tenerife), María Concepción Brito. Al acto también asistieron como responsables de áreas de la Fecam Antonio Chinea y Macarena Fuentes. El primero es presidente de la Comisión de Formación y Empleo de la Fecam y alcalde de Valverde (El Hierro), y la segunda, vicepresidenta de la Fecam y alcaldesa de Los Silos (Tenerife).
De esta manera, se incrementa en cinco millones de euros el importe para ese objetivo (25 millones) incluido en el Plan Integral de Empleo de Canarias (este con un global de 42 millones de euros en 2022), para atender los programas en colaboración con los municipios, porque, como explicó el presidente canario, Ángel Víctor Torres, “queremos que la oportunidad de integrarse en el mercado laboral llegue al mayor número de personas en exclusión social, las que tengan rentas muy bajas o sean parados de larga duración”.
Torres considera esta firma muy importante, “sobre todo para familias en una situación muy difícil”. El presidente subrayó la relevancia de que, en esta ocasión, se hayan adelantado los plazos del programa. “No es sencillo poner de acuerdo a 88 municipios y hacerlo con equilibrio entre los más poblados y los de menor población, pero se ha logrado y es una prueba de un magnífico trabajo de la consejería y los ayuntamientos” a través de la Fecam.
En su opinión, se trata de un plan de empleo “fundamental, pues da respuesta inmediata a los que vienen a los consistorios pidiendo empleo y recursos”. El jefe del Ejecutivo destaca que más del 50% de los contratados han de ser mujeres y que se prima a los que cobran la PCI o tienen discapacidad, por lo que se siguen criterios de justicia social en concordancia con los ayuntamientos, la Fecam y el Servicio Canario de Empleo.
También recordó que este plan se financia, en parte, con el Plan Integral de Empleo de Canarias, “que hubo años en que se retiró, pero luego hemos repuesto sus 42 millones de euros, cifra que queremos ampliar”.
Por su parte, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo de Canarias y presidenta del Servicio Canario de Empleo (SCE), Elena Máñez, recordó que este programa “sirve para emplear a colectivos que de otra manera están en un riesgo importante de quedarse fuera definitivamente del tejido productivo y además somos muy conscientes de que resulta mucho más complicado acceder al mercado laboral que mantenerse en él una vez logrado un puesto de trabajo, aunque sea temporal”.
Los empleos que genera este programa tienen una duración máxima de un año y se destinan a la realización de obras o servicios de interés general y social, a partir de los proyectos de empleo presentados por los ayuntamientos.
En esta misma línea, la presidenta de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, indicó que “es un honor firmar este plan 2022-23 porque se dirige a muchas familias que lo necesitan para paliar situaciones de pobreza”. Según recalcó, llegará a 2.800 personas, en su mayoría parados de larga duración o de difícil encaje en el mercado laboral. “No se puede alcanzar la inserción social sin inserción laboral: son dos políticas activas imprescindibles y estas requieren de la cogobernanza entre el Gobierno de Canarias, por ser el competente en materia de empleo, y los ayuntamientos, que gestionan los servicios sociales”.
A su juicio, nunca ha habido una coparticipación entre estas administraciones como la que está habiendo en esta legislatura y destacó también el hecho de que, como novedad, en esta ocasión se pueda contratar durante 6, 9 y 12 meses, y no solo 6 meses, tal y como pasaba antes, así como que se deba incorporar al 30% de beneficiaros antes de que termine este año 2022. Para Brito, se trata de cambios en la línea correcta, por lo que agradeció al presidente Torres “su sensibilidad en materia social y de políticas de empleo, así como a la consejera de Economía por su disponibilidad para alcanzar el acuerdo más adecuado para los municipios”.
Requisitos del programa
Las contrataciones con cargo a este programa se dirigirán preferentemente a personas con familias que no superen el 80 por ciento del Iprem (indicador público de renta de efectos múltiples) por persona, paradas de larga duración o consideradas en riesgo de exclusión social por los servicios sociales de cada municipio. También se priorizará la contratación de personas con discapacidad y, siempre que sea posible, más del 50 por ciento de las personas contratadas serán mujeres, dado el desequilibrio que sigue existiendo hoy en día en el mercado laboral.
