El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que dirige Matilde Asián, fijar el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026 en 12.143.143,09 millones de euros. Esta cifra supone 538 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2025.
Ahora bien, este límite podrá variar en función de la cuantía de los ingresos previstos para 2026 en concepto de financiación afectada. Asimismo, el límite también podrá sufrir variaciones atendiendo al cálculo del saldo ajustado de la CAC en 2026 o si se produjeran cambios en las reglas fiscales establecidas por el Estado.
Exigencia de cumplimiento de la regla del gasto
El límite de gasto no financiero de 2026 lo determina la regla del gasto, que señala que la variación del gasto computable de la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española (3,3% en 2026).
La aplicación de esta norma conlleva que la comunidad autónoma obtendrá un superávit o capacidad de financiación estimado en 106,58 millones de euros para 2026. Esta cifra representa un 0,17% del PIB, es decir, un porcentaje superior al 0,1% del PIB establecido en el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026 para las comunidades autónomas.
En consecuencia, los posibles fondos provenientes de mayores recursos del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) y de otros ingresos no financieros de 2026 respecto al inicial de 2025, no se podrán aplicar a empleos no financieros y, por lo tanto, no se podrán destinar ni a financiar las necesidades básicas de los canarios, ni a bajar impuestos.
Ante estas distorsiones en el funcionamiento de las reglas fiscales actuales, la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea insiste en que el incumplimiento de la regla de gasto no dé lugar a la aplicación de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), siempre que la comunidad autónoma mantenga “equilibrio o superávit estructural” y deuda inferior al 13% del PIB. Esta propuesta del Gobierno de Canarias es absolutamente respetuosa con la Constitución española y con la actual normativa de la Unión Europea, por lo que anima a todas las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias a apoyar esta propuesta de disposición legal.
Marco normativo y magnitudes tomadas en cuenta
El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), obliga a las comunidades autónomas a aprobar, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos.
En el momento actual no se han aprobado los objetivos de estabilidad y deuda pública para el período 2025-2027 y 2026-2028, tanto para el conjunto de las Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores, ni los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria de cada una de las Comunidades Autónomas en la forma establecida en la LOEPSF. Por lo tanto, la última referencia considerada por el Ministerio de Hacienda, sobre la base del criterio establecido en el informe de la Abogacía del Estado en diciembre de 2023, es el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026, que contempla en 2026, un superávit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas.
En cuanto a la regla del gasto, la variación del gasto computable determinada por el Ministerio de Hacienda para la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española fijada en un 3,3% para 2026.
Respecto a los recursos del Sistema de Financiación Autonómico, el pasado 22 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del Real Decreto-ley 6/2005, de 17 de junio, sobre las medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. El importe provisional de las entregas a cuenta para el ejercicio 2026 asciende a 6.800 millones de euros, mientras que la previsión de la liquidación definitiva del año 2024 se cifra en 1.100 millones de euros. En total, la cantidad del SFA por ambos conceptos se cifra en 7.900 millones de euros.
Con la comunicación del límite de gasto no financiero se da cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que obliga a las comunidades autónomas a aprobar un límite máximo de gasto antes del 1 de agosto. Con la determinación de esta cifra, el Gobierno de Canarias puede iniciar la elaboración del presupuesto 2026, que deberá entregar al Parlamento antes del 31 de octubre para su posterior tramitación.
