El Pleno de la Cámara regional ha aprobado este miércoles [23] por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista en la que se solicita al Gobierno de Canarias que adopte medidas para impulsar, junto con las administraciones locales canarias, la tramitación, aprobación o actualización de los planes especiales de los BIC Conjuntos Históricos existentes en el Archipiélago, así como la puesta a disposición de recursos técnicos y económicos, y el desarrollo de campañas de divulgación de los valores históricos, patrimoniales y arquitectónicos de los mismos.
La iniciativa, defendida por el diputado socialista Marcos Bergaz, destaca que se trata de una de las categorías más relevantes del “rico acervo patrimonial, arquitectónico e histórico” de Canarias, y que cinco de las islas cuentan en su territorio con al menos uno.
Desde el Conjunto Histórico Artístico la Villa en Betancuria en Fuerteventura, al Conjunto Histórico de Teguise (Lanzarote); del barrio de Vegueta en Gran Canaria o el casco histórico de Santa Brígida (Gran Canaria) al de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife); además de Santa Cruz de La Palma y su conjunto histórico, hasta los 46 existentes y distribuidos en Lanzarote y La Graciosa (3 BIC de Conjuntos Históricos); Fuerteventura (1); Gran Canaria (12); La Palma (4) y Tenerife (26).
Desde el Grupo Socialista destacan que para su protección y conservación se encuentra la propia Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, siguiendo lo establecido por la anterior Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.
Unos planes cuya competencia para su tramitación corresponde a los municipios, y a los que la normativa atribuye tal relevancia que habilita el mandato de que los cabildos insulares se subroguen en lugar del Ayuntamiento.
Sin embargo, la propuesta alerta que esta fórmula de la subrogación no ha impedido que la mayoría de BIC Conjuntos Históricos carezcan de Plan Especial, y únicamente 12 de los 46 cuentan con este instrumento, pese a que existen BIC declarados hace décadas.
Para Bergaz, el Parlamento de Canarias y el Gobierno canario no puede ser ajenos a esta situación, que refleja las dificultades existentes para que culminen los procedimientos de aprobación, revisión o modificación de cualesquiera instrumentos de ordenación o planeamiento en Canarias.
“Sea en el ámbito municipal o insular, se trate de planes generales o de los citados planes especiales, lo cierto es que, por razones de diversa índole, desde las técnicas a las políticas, pasando por el esfuerzo presupuestario y amplios marcos temporales que exigen para que vean la luz, sigue siendo noticia la aprobación definitiva de estos instrumentos. Y decimos que el Gobierno y esta Cámara regional no pueden ser ajenos a la situación descrita, ni por los antecedentes existentes ni en atención a la importancia constitucional y estatutaria que se otorga al patrimonio histórico”, aclaró.
En este sentido, la propuesta recuerda que la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias tiene como objetivo resolver el problema de la inactividad de ciertas administraciones públicas a la hora de aprobar los instrumentos de protección del patrimonio cultural, y, además, la Constitución española recoge en su artículo 46 como uno de los principios rectores de la política social y económica que los poderes públicos garantizarán la conservación del patrimonio.
A lo que se añade que el Estatuto de Autonomía de Canarias en su Artículo 137 atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de cultura, patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico. “Razones de peso para impulsar medidas que ayuden a dotar a los BIC de Conjuntos Históricos de Canarias de su preceptivo Plan Especial”.
