El Grupo Parlamentario Socialista ha reclamado este miércoles [28] en el Pleno de la Cámara regional la creación de una mesa de negociación con todas las fuerzas políticas para implantar un impuesto turístico en Canarias, proponiendo, a través de una moción, que se inicie una ronda de consultas con el conjunto de fuerzas políticas presentes en la Cámara regional, de cara a la presentación de una iniciativa legislativa que configure un instrumento fiscal que grave las pernoctaciones turísticas en Canarias, excluyendo de tal tributación a los y las residentes canarios.
La moción, rechazada por Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y los partidos políticos que apoyan al Gobierno canario, fue defendida por el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Manuel Hernández, quien mostró su preocupación por la “ineficiente” ejecución presupuestaria de 2024 y la situación similar a la que se puede llegar en 2025.
Hernández explicó que la moción socialista constata la baja ejecución presupuestaria del Ejercicio 2024, lo que implica instar al Gobierno de Canarias a implantar mecanismos que mejoren la gestión de los fondos públicos, incluyendo también la mejora de la ejecución de los fondos europeos, especialmente los vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Además, se constata la “nula efectividad” en la gestión de los recursos públicos que ha supuesto la “mastodóntica” estructura del Gobierno canario, “lo que nos obliga a instar al actual Gobierno a redimensionarla a niveles similares a los de la pasada legislatura”.
El diputado socialista destacó la importancia de que la Comunidad Autónoma desarrolle una política fiscal, “hoy inexistente”, en la que la progresividad constituya el elemento nuclear sobre el que se articulen el conjunto de sus políticas, “lo que nos exhorta a instar al Gobierno a que, dentro del impulso de esa política fiscal justa, inicie una ronda de consultas con el conjunto de fuerzas con representación parlamentaria, con el objetivo de implantar un impuesto que grave las pernoctaciones turísticas en Canarias con exclusión de los residentes en las islas”.
El portavoz de Hacienda del Grupo Socialista recordó que el Gobierno canario dejó sin ejecutar 1.089 millones de euros en 2023, y 1.330 millones de euros en 2024. “Más de 2.400 millones de euros que no se han traducido en estos dos últimos ejercicios en mejora y refuerzo de nuestros servicios públicos, en impulso de nuestro tejido productivo o en mejora de la calidad de vida de los canarios y canarias”.
Para Hernández, ante esta “pésima gestión” del Gobierno canario, el Parlamento puede o “mirar para otro lado” y asumir la ineficacia en la gestión como algo normal en el actual Gobierno de Canarias, o, por el contrario, “no solo tomar conocimiento del fracaso en la ejecución presupuestaria, reconocido por la propia consejera de Hacienda, sino tomar la iniciativa para corregir esta deriva que en última instancia perjudica a la ciudadanía de Canarias. Y esto es lo que pretende esta moción”.
En este sentido, volvió a denunciar que la ciudadanía de Canarias se encuentra ante el Gobierno de Canarias “más caro, más ineficaz e ineficiente de la historia de nuestra comunidad autónoma”, y que esto se refleja en que Canarias logró en 2024 una ejecución presupuestaria que es el peor dato de la historia del Archipiélago y de los últimos doce años.
“Y este muy mal dato lo han alcanzado con un gobierno mastodóntico, el más amplio de nuestra comunidad autónoma y el que más dinero le cuesta a la ciudadanía de las islas”, resaltó.
En su opinión, la propia ejecución presupuestaria pone de manifiesto que, lejos de mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión, “la sobredimensionada estructura del Gobierno, con direcciones generales vacías de contenido, comisionados que van por libre y viceconsejerías, está suponiendo un lastre para las islas”.
Para Hernández, la ejecución presupuestaria de 2024 confirma que el Gobierno de Canarias ha sido “incapaz de garantizar que los recursos lleguen donde más se necesitan; incapaz de recaudar de quien más tiene; e incapaz de redistribuir los recursos públicos entre quienes más los necesitan. Y lo preocupante es que va camino de repetirlo en 2025”.
