Consultores e Ingenieros de Canarias ven indicios de vulneración de normas de la competencia.
La empresa pública adjudicataria no tiene funciones ni personal adecuado para ejecutar la encomienda.
La firma de este acuerdo no soluciona el problema de la distribución de los Fondos Europeos.
Las empresas de Consultoría e Ingeniería de Canarias muestran su desacuerdo con el reciente encargo que ha realizado el Ministerio de Hacienda y Función Pública a la empresa pública Tecnología y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) del servicio para la asistencia y la dinamización de la participación de Administraciones Públicas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y la propuesta de adhesión remitida a las Corporaciones locales.
El clúster de empresas de Consultoría e Ingeniería (INCOLAB), mantiene que el mencionado encargo, aun partiendo de un objetivo loable como es la agilización en el aprovechamiento de fondos europeos, utiliza un mecanismo que podría ser ilegal e inoperativo.
En virtud de este encargo, TRAGSATEC está contactando con las administraciones locales de toda España, incluidas las de Canarias, para ofrecer la adhesión a un protocolo de servicios de consultoría que compite de forma desleal con el sector privado y que estará dotado con un presupuesto estatal superior a los 60 millones de euros para ser utilizado a coste cero por ayuntamientos y cabildos.
En este sentido, INCOLAB sostiene que el objeto del encargo no se encuentra dentro de las funciones que puede desarrollar TRAGSATEC, que la mencionada empresa pública no cuenta con el personal adecuado para la ejecución del servicio encomendado y que su aplicación distorsiona de manera significativa el comportamiento económico de sus destinatarios en perjuicio del sector privado en el que operan infinidad de empresas, en su mayoría micro pymes.
Asimismo, los consultores e ingenieros de las islas albergan dudas sobre la legalidad del procedimiento al considerar que se está vulnerando el principio de libre concurrencia que debe primar en la contratación pública, amén de incumplir el principio rector de los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia de fomentar la creación del empleo.
Mediante la ejecución de este encargo del Ministerio de Hacienda y Función Pública, TRAGSATEC prestaría sus servicios a coste cero, lo que anula por completo la posibilidad de que entidades privadas pueden competir en una licitación posterior en relación con la gestión de los planes mencionados.
En definitiva, INCOLAB afirma que, además de las supuestas ilegalidades asociadas a la encomienda realizada por el Gobierno nacional a la empresa pública TRAGSATEC, la firma de este acuerdo no soluciona el problema de la distribución de los Fondos Europeos ni justifica la urgencia de la resolución ministerial, y defiende la preparación y disposición de las empresas del sector para abordar con garantías los servicios necesarios para la correcta gestión de estos fondos adjudicados de forma exclusiva a una empresa pública.
Ante esto, INCOLAB no descarta tomar medidas formales para evitar lo que a su juicio puede suponer una medida de intrusismo profesional que podría conllevar graves consecuencias para el sector de la consultoría.
