Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO, enfatiza que se estén quedando tantas obras desiertas en estos últimos años, por falta de actualización de precios, demostrando, por un lado, que tenemos una Administración Pública en Canarias fallida, enferma, sin diagnóstico para mejorar, a la deriva. No sirve, es estorbadora, inoperante e incumplidora de la propia Normativa y Legislación que ella misma aprueba. Exige a los ciudadanos y a los empresarios, lo que ella misma no cumple, dando mal ejemplo. Es incapaz de sacar las licitaciones de obras públicas, con los procedimientos normalizados de publicidad y concurrencia pública, hurtando la competencia de las empresas, que siempre sirve para mejorar y haciendo una rivalidad desleal a la iniciativa privada.
El representante empresarial no duda en señalar que “esta situación anómala, de licitar con precios de hace años, cuando se ha producido un incremento sustancial de las materias primas, sabiendo de antemano que no se va a presentar ninguna empresa, parece ser la “coartada perfecta”, para aprovechar y sacar las obras adelante, por medio de encomiendas a las empresas públicas, que es verdaderamente lo que está pasando en Canarias de manera provocadora, haciendo una competencia desleal a la iniciativa privada. No saben, no pueden o no quieren hacer las licitaciones como mandata la Ley de Contratos del Estado y aprovechan, de forma torticera, para culpabilizar a los empresarios por no presentarse a las licitaciones y de esa manera, esconder y ocultar su propia irresponsabilidad, falta de gestión e ineficacia. La única y absoluta culpable, de que se queden las obras desiertas y se esté produciendo como consecuencia un agotamiento de la actividad en el sector de la construcción y un declive evidente del empleo, es la burocracia y aquellos empleados públicos, que trabajan más cómodamente haciendo encomiendas a empresas públicas, que sacando las licitaciones como procede reglamentariamente, en tiempo y forma. Haciendo encomiendas a las empresas públicas, jugando con el dinero del ciudadano, incrementando el gasto y dilatando en el tiempo las obras demandadas por los vecinos. Ya que es la administración la que se controla y se factura a sí misma. Ellos mismos se lo guisan y se lo comen. De aquí a final de año, como no se ha hecho el trabajo durante los meses pasados, ahora hay prisa para justificar y empieza la lotería de enmiendas a empresas públicas, para poder justificar presupuestos y fondos estatales o europeos, antes del 31 de diciembre.
Tendría que implantarse un sistema de control, en la Función Pública, para que se realicen auditorias y estrictas revisiones externas e independientes o a través de la Intervención General de la Consejería de Hacienda del Gobierno Autonómico de todas y cada una de las encomiendas que se hacen a las empresas públicas, los motivos por los que se hacen y los empleados públicos que las hacen, porque a lo mejor, siempre son los mismos. No realizar una actualización de precios antes de sacar la obra a licitación cuyo proyecto lleva, incluso años en sus cajones demuestra inoperancia o no saber, no querer o hacerlo adrede, porque a quien único beneficia es a la propia Administración Pública, que engorda sus ingresos y empobrece al tejido empresarial local.
Otro de los grandes problemas que conlleva esta forma de trabajar, al impedir el acceso a las empresas constructoras privadas, es que pierdan sus clasificaciones, ya que limitan el acceso al mercado, máxime a las empresas canarias, ya que realizan sus trabajos en determinadas islas o a nivel regional, viéndose muy afectadas las Pymes.
Los datos de la bajada del empleo del sector, se corresponde paralelamente con las licitaciones con precios desfasados de la realidad del mercado, por lo que es la propia Administración Pública, la que destruye empleo, pone en peligro la viabilidad de las empresas y demuestra que el mayor enemigo del crecimiento económico y social en Canarias es la burocracia que sufrimos, los ciudadanos y los empresarios y empresarias.
