El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha informado hoy en comisión celebrada en el Parlamento de Canarias que su departamento está negociando en estos momentos con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para modificar una cláusula que recoge el Convenio de Carreteras firmado por el Ejecutivo regional en el año 2018 que estipula que será la Comunidad Autónoma la que asuma el coste de las obras que no puedan ser financiadas con los 1.200 millones de euros firmados entonces. El consejero reconoció que esta cantidad es “manifiestamente insuficiente” ya que actualmente la Consejería ya tiene comprometidos 951 millones en 15 de los 69 proyectos incluidos en el Convenio.
“Estamos hablando que prácticamente el 80% de esas 69 actuaciones, en base a esta cláusula firmada por el anterior Gobierno, se quedarían fuera de la financiación estatal y debería asumirlas la Administración regional, estaríamos, por tanto, hipotecando a la Comunidad Autónoma de Canarias a que todas esas obras futuras del Convenio de Carreteras fueran a pagadas a costa del Ejecutivo regional”, aseguró Sebastián Franquis, “si no logramos cambiar esta cláusula, estamos condenando a la Comunidad Autónoma de Canarias a asumir prácticamente el 80% de las obras que queda pendiente. Imagínense, estamos hablando de un volumen de obra que superará con creces los 4.000 millones de euros, que sería el dinero necesario para poder completar las 69 obras recogidas en el Convenio firmado en 2018”.
Para reforzar su argumentación, el consejero regional ha exhibido en la sede del Parlamento de Canarias varios extractos del Convenio de Carreteras 2018-2027 en el que se recogen artículos que explicitan claramente la conformidad del anterior Ejecutivo canario a dejar sin financiación a todas aquellas obras recogidas en el Convenio que no pudieran financiarse con los 1.200 millones de euros firmados en 2018.
De esta forma, el punto 5 de la Cláusula Tercera del Convenio 2018-2027 recoge textualmente lo siguiente: “Si la suma de los costes finales de todas las actuaciones incluidas en el Anexo I superase el importe máximo fijado en este convenio, corresponderá a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias asumir el exceso, sin que las obras incluidas en el mismo puedan ser objeto de financiación en un convenio posterior”.
“Alguien debería dar alguna explicación de por qué se firmó este Convenio en esas circunstancias y con estas condiciones, conscientes de que era imposible asumir 69 actuaciones distintas porque, primero, no había ni un proyecto para llevarlas a cabo, y lo más importante, no había presupuesto suficiente para ejecutarlas. Los responsables del Gobierno anterior aceptaron que la Comunidad Autónoma de Canarias podía asumir todo ese volumen de obra, porque es eso exactamente a lo que nos expone la firma de esa cláusula que recoge el Convenio firmado hace cuatro años por las dos administraciones públicas y que es, precisamente, lo que estamos intentando solucionar ahora”, añadió el consejero Franquis.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda justificó esta revelación justo ahora porque ya existe un acuerdo con el Ministerio para desbloquear el cobro de 407 millones de euros de la deuda pendiente del Convenio de Carreteras anterior. “¿Y por qué ahora y en este momento, o en esta coyuntura? Porque creo que hemos resuelto uno más de los problemas que tenía este Convenio que se firmó en 2018, como era desbloquear la deuda de carreteras gracias a lo cual ingresaremos 407 millones del Convenio anterior. Por tanto, ya tenemos aprobada esa deuda, pero el convenio tenía otras dificultades que no he dicho públicamente estos últimos años porque estaba convencido que algunos lo iban a utilizar para decir que en el Gobierno estábamos intentando desviar la atención sobre las gestiones para recuperar los 407 millones, y una de esas dificultades, y de enorme complejidad, es modificar esta cláusula que hipoteca a la Comunidad Autónoma”.
Sebastián Franquis hizo referencia también a la Cláusula Segunda, en la que se habla de los plazos de ejecución del Convenio. Esta Cláusula Segunda está recogida literalmente como sigue en el Convenio: “Conforme a los establecido en la disposición adicional centésimo cuadragésima tercera de la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, el plazo de vigencia del presente convenio se fija en seis años para la ejecución de las actuaciones objeto del mismo, y tres años para su liquidación”.
“Es importante dejar esto bien claro porque se ha hablado mucho en las últimas semanas y meses de por qué se distribuyen los 407 millones que hemos pactado con el Estado en las dos últimas anualidades del Convenio, es decir, en 2016 y 2027, y la respuesta es clara y nítida, porque el anterior Gobierno firmó el Convenio dejando estas dos anualidades sin ningún ingreso”, manifestó el consejero, “quienes firmaron el convenio en el año 2018 lo firmaron plenamente conscientes de que se planteaba una ejecución de solo seis años con aportaciones de dinero, y de tres años para liquidar las obras, de los que dos años no tenían aportación ninguna. Por tanto, lo que estamos diciendo es que estamos negociando esos 407 millones de la deuda para distribuirlos en esas dos últimas anualidades, primero porque no hay ingresos en ellas y, segundo, porque las anualidades anteriores estarán dotadas de 282 millones al año cuando el máximo que se ha certificado nunca en esta Comunidad han sido 220 millones de euros en un solo año”.
