En el primero de los artículos que trajimos a debate abordamos la conveniencia de que las Islas Canarias cuenten con una Ley Canaria de Contratación Pública que adapte la normativa de la Unión Europea y estatal a nuestro marco archipielágico, de manera que dejemos de situarnos a la cabeza en licitaciones desiertas en el ámbito de las obras —ojalá necesarias y nunca faraónicas— o que podamos responder de forma más eficaz a los desafíos de la política pública actual.
Una de las exigencias de Bruselas al Gobierno de España, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (esto es, recepción de los Fondos NextGeneration), y que se contempla dentro de la propia Ley de Contratos del Sector Público, era la aprobación de una Estrategia Nacional de Contratación Pública, con un horizonte de cuatro años, con el fin de abordar el análisis de los datos disponibles, mejorar la supervisión de la contratación, incorporar mecanismos de control, elaborar manuales de buenas prácticas o profesionalizar este ámbito mediante la formación del personal del sector público.
La necesidad deriva de que, desde hace un tiempo para acá, se vienen observando numerosas deficiencias y prácticas irregulares en materia de contratación pública, señaladas por el OI- RESCON en su informe anual, como que la competencia en las licitaciones públicas está cayendo a mínimos, es decir, que el número de licitadoras por contratos es menor que nunca, que el número de licitaciones que han recibido tan solo una oferta ya supera el 40 % de la totalidad, con los problemas de competencia y de aumento de costes que ello supone, o que existe un récord en las denuncias por corrupción y fraude en contratos públicos, esperemos que por la entrada en vigor de la Ley que aprueba los canales internos de denuncia y no por el aumento de los correspondientes delitos.
Y a falta de tener más y mejores datos, ¿cómo se extrapola esta situación a las Islas Canarias? Para quien tenga experiencia en el manejo de la Plataforma de Contratación del Sector Público, le animo a que seleccione un año como 2023, escoja la opción de procedimientos negociados sin publicidad —con una adjudicación directa, esto es, a dedito—, con lugar de ejecución en Canarias, y verá que obtendrá un resultado de algo más de 850 contratos, sobre un total de 10.250 con- tratos adjudicados a nivel estatal, por lo que representa un porcentaje nada desdeñable del 8%. Para mayor información sobre el estado de la contratación pública en el conjunto del Estado, se recomienda acceder a este visor del Ministerio de Hacienda.
Si entran en el detalle del objeto de los contratos adjudicados directamente, sin concurrencia competitiva de otras licitadoras, podrán observar que la mayoría de ellos versan sobre patrocinios turísticos, festivales, conciertos y similares o acuerdos con turoperadoras y aerolíneas para hacer marketing turístico.
Veamos unos cuantos ejemplos:
▪ Patrocinio de la celebración en Tenerife de la final del evento “World Corporate Golf Challenge 2023”: casi 360.000,00 euros.
▪ Servicio de campaña de marketing con Vueling Airlines para la isla de Lanzarote: algo más de 327.000,00 euros.
▪ Patrocinio de las Islas Canarias a la NITTO ATP World Tour Finals a celebrar en la ciudad de Londres: más de 930.000 euros.
Esta figura de adjudicación directa, concebida para la contratación de urgencia, de servicios artísticos, de protección de derechos de propiedad intelectual e industrial o cuando por razones técnicas no haya sustitutivos razonables, parece pervertirse con el objetivo de subvencionar un modelo caduco de turismo de masas que a cada año que pasa nos va dejando peores indicadores socioeconómicos. Adjudicar directamente los contratos no sólo atenta contra las reglas más fundamentales de la libre competencia, restando calidad y economía a la prestación de los servicios, suministros y obras, sino que premia especialmente a aquellos empresarios que mejores contactos tienen en los círculos de poder, tanto políticos como fácticos, sin esmerarse en ejecutar los contratos de forma correcta, toda vez que siempre pesará más la competencia desleal que el buen posicionamiento dentro del mercado.
Una Estrategia Canaria de Contratación Pública podría no solo basarse en hacer estudios y análisis genéricos dentro del archipiélago sobre el estado de las licitaciones, la participación de las pymes, la concurrencia de las operadoras económicas o establecer porcentajes de reservas de contratos para la economía social, sino también observar en qué sectores de la contratación pública se está provocando una mayor alteración en los fines y objetivos pretendidos por la normativa estatal y de la Unión Europea.
Que sea el turismo el principal beneficiario de esta mala praxis no nos sorprende para nada, volviendo a poner sobre la mesa la escasa cualificación y tecnificación de este sector, que pide a gritos una transformación urgente desde todo los ámbitos que lo atraviesan. La contratación pública no podrá ser ajena a este acuciante debate y necesidad.
