Las organizaciones sindicales CCOO y UGT Canarias observan con perplejidad —aunque sin sorpresa— el anuncio del Gobierno de Canarias sobre la creación de una flamante “comisión de trabajo para analizar el absentismo laboral”. Una propuesta que, si bien suena novedosa, ya forma parte desde hace tiempo del marco previsto en los VIII Acuerdos de la Concertación Social, actualmente en fase de negociación, y cuyo espíritu es precisamente abordar los retos del empleo desde la corresponsabilidad y el rigor.
La sorpresa llega cuando se afirma que esta comisión cuenta con participación sindical, sin que —detalle menor— ninguna de las dos organizaciones haya sido convocada. Aclaramos desde ya: no vamos a formar parte de ninguna mesa paralela cuyo objetivo, más que abordar los problemas reales, parezca estar orientado a generar titulares fáciles o construir relatos interesados. No estamos para simulacros de diálogo social.
Para CCOO y UGT, el análisis del absentismo laboral solo tiene sentido si parte de una premisa básica: la salud de las personas trabajadoras. Hablar de absentismo sin hablar de prevención de riesgos laborales, sin mirar a las cargas físicas y mentales, sin reconocer las condiciones en las que se presta el trabajo en Canarias, es como querer arreglar un coche sin abrir el capó.
Resulta preocupante —aunque previsible— que algunos sectores patronales insistan en retorcer el concepto de absentismo hasta el punto de incluir en él las bajas médicas justificadas. Es decir, una persona enferma no está “ausente”, está enferma. Pero si en esa lógica deformada se considera una baja médica como un problema de productividad, acabaremos culpando a quien tose, no a quien genera ambientes laborales insalubres.
No sobra recordar que ya existe una mesa de productividad, y que tanto UGT como CCOO han planteado bases para un futuro acuerdo interprofesional con la patronal, donde se aborden cuestiones como el ausentismo, la organización del trabajo y los mecanismos de conciliación. Siempre desde una perspectiva integral y realista.
Invitamos al Gobierno de Canarias a dejar de anunciar por separado lo que ya estaba acordado en conjunto. Y a no confundir acción política con performance institucional. Las personas trabajadoras no son estadísticas en una hoja de cálculo: tienen derecho a enfermar, a cuidarse y a no ser criminalizadas por ello.
